La decisión de Argentina alcanza también a tres agrupaciones de Colombia y Ecuador; el gobierno busca reforzar sus herramientas contra las redes criminales internacionales.
El gobierno argentino abrió un nuevo frente en su estrategia de seguridad al incorporar a cinco organizaciones criminales y armadas de América Latina a su registro de entidades vinculadas con el terrorismo. Entre ellas figuran dos grupos mexicanos: el Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana.
La determinación del presidente Javier Milei coloca a estas estructuras bajo un mecanismo oficial de vigilancia financiera y cooperación en materia de seguridad. La medida fue formalizada mediante la Resolución Conjunta 5/2026, publicada el 22 de octubre.
Además de las organizaciones mexicanas, la disposición contempla al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), de Colombia, así como a Los Tiguerones, grupo criminal originario de Ecuador.
El dinero, uno de los objetivos de la medida
La incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) busca proporcionar a las autoridades argentinas instrumentos para identificar operaciones financieras relacionadas con las agrupaciones incluidas.
Este tipo de clasificación puede facilitar medidas de control y cooperación internacional, particularmente cuando existen indicios de que recursos obtenidos mediante actividades ilícitas circulan entre distintos países.
En el caso de las organizaciones mexicanas, las autoridades argentinas señalaron sus actividades vinculadas con el narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada. La Nueva Familia Michoacana también ha sido relacionada con extorsiones y operaciones criminales en distintas regiones de México.
El Cártel de Sinaloa, por su parte, mantiene una presencia internacional ampliamente documentada en investigaciones sobre tráfico de drogas.
Una decisión que trasciende las fronteras argentinas
La resolución se inscribe en una política de seguridad impulsada por Milei que busca estrechar la colaboración con otros gobiernos en el combate a las estructuras criminales transnacionales.
Sin embargo, la clasificación argentina no modifica por sí misma el estatus jurídico de estos grupos en México ni sustituye las decisiones que corresponden a las autoridades mexicanas. Sus efectos se circunscriben al marco legal de Argentina y a los mecanismos de cooperación que puedan activarse con otros países.
La decisión también refleja la creciente preocupación regional por organizaciones que operan mediante redes de narcotráfico, violencia y financiamiento ilícito, cuyas actividades pueden extenderse mucho más allá del territorio donde surgieron.
Con la nueva disposición, Buenos Aires amplía el alcance de sus herramientas contra el crimen organizado. El desafío será traducir esa clasificación en resultados concretos de prevención, investigación financiera y colaboración internacional.