El gobierno de la opacidad
Por Ricardo Homs
Muy atrás quedaron los tiempos en que quienes hoy gobiernan, -en el rol de oposición-, demandaban transparencia y democracia.
Hoy como gobierno se han vuelto tramposamente opacos, pues para evitar someter al escrutinio público los caprichos del presidente, argumentan riesgos a la “seguridad nacional” y con ello reservan información por un largo periodo, para ocultar qué se hace con el dinero de los mexicanos para realizar costosas obras sin conocer su viabilidad.
Por ello el Congreso de la Unión, -dominado por Morena-, ha intentado asfixiar al INAI evitando reponer a los consejeros de este instituto que han finalizado su periodo, -y con ello-, no reúnen el mínimo de miembros que exige la ley para sesionar y tomar decisiones.
Sin embargo, mientras en todo el mundo los gobiernos transitan hacia la transparencia en la rendición de cuentas, el gobierno de la Cuarta Transformación, -que ha tenido como lema de campaña el combate a la corrupción-, es el que se ha distinguido por meter recursos jurídicos para restringir el acceso a la información a través del argumento “información reservada”, generalmente en el plazo de los próximos cinco años, para evitar que ante el descubrimiento de responsabilidades administrativas, -o corrupción-, las responsabilidades hayan prescrito y se imposibiliten las sanciones.
Simplemente el Tren Maya ha recibido amparos y procedimientos jurídicos que exigen se frene su construcción. Sin embargo, en lugar de cumplir con las órdenes del juez, estas se ignoran y se constituye la figura del “desacato” a la ley, lo cual constituye un delito.
Sin embargo, el órgano ejecutor de las órdenes del juez es la Fiscalía General de la República, la cual ignora las disposiciones del Poder Judicial, pues equivale a sancionar al presidente de la república o a las fuerzas armadas, que se han convertido en los desarrolladores de los proyectos personales del presidente.
En el fondo de este problema jurídico que vulnera el estado de derecho seguramente está el inicio de obras sin el sustento de un proyecto ejecutivo respaldado en estudios de factibilidad confiables y precisos, -y a falta de ellos-, el inicio de las obras con simples estimaciones e información subjetiva, para no contradecir los deseos y exigencias del presidente.
De esta forma inicia ahora una nueva aventura empresarial denominada Mexicana de Aviación, bajo el liderazgo y administración del Ejército Mexicano. Sin embargo, ya se pagaron 850 millones de pesos a los trabajadores que durante varios años han litigado por su situación laboral, reconociéndoles derechos sobre la propiedad industrial de la marca “Mexicana de Aviación“ y se han asumido compromisos laborales sin tener aún el “plan de negocio”, que debe ser el eje rector de esta nueva aventura empresarial del actual gobierno.
Se han mostrado rutas que serán cubiertas por esta aerolínea, sin haberse evaluado antes su rentabilidad.
Se dio a conocer la política de descuentos para la venta de boletos, sin conocer seguramente el costo de la operación de la aerolínea, con lo cual se corre el riesgo de hacer deficitaria su sobrevivencia.
Esta aerolínea competirá contra empresas altamente experimentadas y con prestigio y además, con el respaldo de las instituciones aeronáuticas de México y el extranjero.
¿Cuánto tiempo tardarán Mexicana de Aviación, el tren Maya y el AIFA en ganarse la confianza de operadores turísticos y de los usuarios de sus servicios?
Seguramente cuando acabe este gobierno empezarán las acciones jurídicas para eliminar las restricciones que impiden transparencia y entonces se verá cual fue el costo real de estas acciones intempestivas que llevaron a la creación de empresas que competirán contra profesionales en cada uno de sus campos de acción y todo por dar gusto al presidente.
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