Por primera vez, 10 mil reos podrán votar en el Estado de México

 

 

<< A pesar de que hay miles de presos sin sentencia, y cientos de presos políticos no reconocidos implica un avance >>

 

Por Ángel Álvaro Peña

Los internos en cualquier penal del país están abandonados, muchos de ellos sin sentencia, otros, forzados a permanecer ahí siendo inocentes, una de las razones por las que el abandono de estas personas era permanente se basaba en que los reos no votaban. Ante esta situación se convertían en seres invisibles a quienes no les interesa atender a las autoridades.

Ahora, 10 mil presos podrán votar por primera vez en el Edomex este 2023, internados en 20 penales de la entidad, el próximo 4 de junio para elegir gobernador, por ello autoridades de la Secretaría de Seguridad a través de la Subsecretaría de Control Penitenciario y la Secretaría General de Gobierno, en coordinación con el INE y el Instituto Electoral del Estado de México firmaron un convenio de colaboración.

 

 

En Palacio de Gobierno, el Mtro. Rodrigo Martínez-Celis Wogau, secretario de Seguridad, indicó que este tipo de estrategias garantizan la dignidad de las Personas Privadas de la Libertad.

El control de los reos se lleva a cabo a partir de su sentencia. Los olvidados sin sentencia, seguirán así porque no serán tomados en cuenta para ejercer su derecho al sufragio.

A lo largo y ancho del territorio mexicano el rezago en la situación legal de los reos es vergonzosa. Una cosa es que se trate de una herencia de los regímenes anteriores y otra que no se pueda actuar con mayor eficacia en el estudio de los miles de casos de personas que, siendo inocentes, deberían estar libres y permanecen encerradas porque la negligencia ha impedido su derecho a un juicio o porque hay intereses que permanezcan adentro.

Mención aparte merecen los presos políticos, cuya existencia es negada diariamente por las actuales autoridades, pero que existen y nadie puede negarlo. Las denuncias sobre su injusto encarcelamiento mostrando pruebas y testimonios no pueden borrarse.

Está el caso, en Veracruz, de Rogelio Franco Castán, detenido por un delito que fue derogado y que permanece casi dos años en el Penal de La Toma. Se trata de una de las víctimas de la ley revivida para detenerlo, llamada ultrajes a la autoridad, cuya culpabilidad se aclaró al dejar de ser vigente, pero no fue motivo suficiente para liberarlo, ya que en prisión le fueron acumulando delitos.

 

 

La Ley Franco, llamada así porque fue rediseñada para detener al ex secretario de gobierno de Veracruz, ex dirigente nacional del PRD en la entidad, y candidato plurinominal a una diputación federal. Se trata de una detención con amparo en mano y de un encarcelamiento sin sentencia, de un preso político. El resentimiento de algún político de altos vuelos impide que se haga justicia y lo mantiene preso desde marzo de 2021, después de ser detenido en Tuxpan, Veracruz, con el pretexto de una ley que en su momento llevó a prisión a más de mil veracruzanos.

La innegable existencia de presos políticos, se expresa en Jalisco, donde a principios de año, se detuvo a tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara por impedir que convirtieran el Parque Natural Huentitán en un fraccionamiento, lo cual es un tema político y fue producto de un proceso jurídico ilegal, según denunció Ilich Cisneros González, uno de los alumnos que fue liberado, a los dos días y los otros cuatro, seis días después por la presión que la sociedad y los medios de la entidad ejercieron.

Los universitarios fueron llevados al Penal de Puente Grande por defender el Parque Natural Huentitán, por los delitos de despojo de tierras y aguas, la carpeta de investigación fue integrada con pruebas fabricadas, por lo que aseguró que “la vinculación a proceso fue a todas luces ilegal”.

Incluso, se les acusó de portar armas de fuego, lo cual fue desmentido por el abogado de la casa de estudios, quien indicó que las únicas armas con las que contaban los alumnos fueron “la razón, la resistencia y muchos arbolitos”.

Uno de los casos más conocidos de presos sin sentencia es el de Israel Vallarta, acusado de secuestro, sin pruebas ni testimonios. Se han realizado películas y series documentales donde se muestra la artificiosa calidad de los señalamientos contra él; sin embargo, sigue preso sin poder ser liberado, a pesar de que existen pruebas de que fue torturado en su detención, motivo suficiente para que alcance la libertad inmediata. A pesar de las denuncias que desde la Presidencia de la República se realizaron, al señalar que el caso de Israel Vallarta “huele a chicanada”, luego de 17 años preso sin sentencia, y que el caso tiene una connotación eminentemente política.

Subrayó López Obrador que al haberse tratado de un montaje cuando Genaro García Luna era titular de la Agencia Federal de Investigación y Luis Cárdenas Palomino como director general de Investigación Policial de la misma, el caso se ha mantenido estancado.

Y aseguró que, si de él dependiera, ya le hubiese concedido el indulto a Israel Vallarta pero sostuvo que constitucionalmente está impedido porque no ha sido sentenciado todavía.

El Presidente criticó que, pese a que durante años las autoridades mantuvieron una actitud pasiva en el seguimiento del caso, ahora la Fiscalía General de la República ya solicitó una nueva investigación e interrogatorios.

Así, López Obrador, exhortó a la FGR que ayude a resolver el caso de Israel Vallarta, y es a esto que la dependencia respondió que, por tratarse de un tema de interés público, publicará en su página de internet la información de todos los procesos abiertos contra Israel Vallarta.

 

Recordó la que cuando el Ministerio Público de la Federación ejerce la acción penal ante un juez se vuelve parte del proceso y el juzgador se convierte en la única autoridad responsable en cuanto a: los tiempos procesales, las decisiones interlocutorias, y las sentencias correspondientes.

En cuanto al caso de Israel Vallarta, la FGR explicó que ha sido procesado por 6 casos de secuestro y que en el sexto se le encontró en plena flagrancia delictiva. Por lo que el juez determinó acumular todos los casos en uno, lo que ha presentado conflictos competenciales de la propia autoridad judicial.

Reiteró la Fiscalía que “Es fundamental precisar que el Juez del caso de Israel “V”, es el rector del procedimiento y la única autoridad responsable en cuanto a los tiempos procesales, las decisiones interlocutorias y las sentencias correspondientes”.

El hecho de que puedan votar para elegir su gobernador más de 10 mil reos con sentencia, es un avance, pero es tanto el rezago en la administración de justicia que sólo es un paracetamol por un cáncer. Votar es un arma y un derecho que deberán ejercer para alcanzar la tan ansiada justicia en México.