Franco Castán castigo sin crimen

 

<< Crónica de una injusticia debería ser nombrado el caso de quien fue secuestrado por la ilegalidad y la venganza >>

Por Ángel Álvaro Peña

Sin jueces corruptos en México la justicia sería legal y la legalidad justa, pero no es así. Las cárceles están llenas de presos inocentes y las calles de delincuentes sin detener. Pero más allá de esta triste realidad están los presos de conciencia que por el simple hecho de militar en las filas de un partido político contrario al que posee el poder, se le considera un enemigo de la sociedad y lo encarcelan para después inventarle delitos basados en leyes derogadas.

Este es el caso de muchos veracruzanos que de la noche a la mañana sus enemigos políticos convirtieron en delincuentes y siguen purgando una condena sin sentencia, ni juicio, ni delito cometido.

Este es el caso de Rogelio Franco Castán, quien fuera candidato plurinominal a una diputación federal por el PRD en el momento de su detención, y anteriormente fue consejero nacional del PRD, secretario de gobierno en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.

La historia de este secuestro está llena de deslealtades y traiciones, en marzo de 2020, fue acusado por su ex esposa Guillermina Alvarado González de violencia intrafamiliar, situación que libró gracias a las declaraciones de sus hijas que la desmintieron.

Franco Castán quedó registrado como candidato del PRD a diputado, por lo que el 10 de marzo de 2021, en ese momento, en el Congreso local se le regresaba la vigencia a una ley derogada en Veracruz llamada ultrajes a la autoridad, ley que se había sacado de circulación del Código Penal del estado, en marzo de 2016. Dos días después, el 13 de marzo de 2021, Franco Castán fue detenido en Tuxpan.

 

LA DETENCIÓN

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz argumento en los medios, que la detención fue por el delito de ultrajes a la autoridad, porque según versión de los policías agredió “de manera física y verbal a un elemento de la Policía Ministerial que se encontraba realizando las funciones que por ley le competen para dar cumplimiento a una orden de aprehensión emitida bajo los efectos del Proceso Penal 57/2021″, sin embargo, esa orden de aprehensión nunca fue mostrada ni la agresión fue comprobada. Lo que sí mostró el inculpado fue un amparo contra cualquier acción policiaca.

Franco Castán, señaló que la orden de aprehensión fue ejecutada pese a que se encontraba amparado, por lo que denunció a la Policía Ministerial de violentar sus derechos humanos.

Sus hijas Mina Viviana y Luisa Franco Alvarado, exhibieron un video donde acusan a su madre de abusos: “Mamá, te preguntamos, con mucho coraje: ¿vale más para ti la política y venganzas, que la vida de tus hijas?… Nosotras no sabemos nada de política, nunca nos ha interesado, solo sabemos que hoy estamos muy tristes, con mucho temor y muy solas porque nuestro papá está en la cárcel. Por favor, mamá, este mensaje es para ti: déjanos vivir en paz. Vive tu vida y déjanos a nosotros estar con nuestro padre. Lo necesitamos”.

En contraparte la ex esposa de Franco Castán, Guillermina Alvarado, militante del PRD y consejera estatal del partido se quejó ante la diputada federal Azucena Rodríguez, del PRD, por ser víctima de violencia ejercida por su esposo.

Me dejarán en prisión por el delito de ultrajes a la autoridad que no cometí. Se trata de una persecución política ordenada por Cuitláhuac García, a quien no le importó violar un amparo ni le importará violentar la Constitución y los Derechos Humanos. Lo hago responsable de mi seguridad en la prisión, tuve a mi cargo tareas de seguridad y Cuitláhuac sabe que corro un alto riesgo”, publicó Rogelio Franco, cuya arbitraria detención dio nombre a esta ilegalidad llamada “Ley Franco”.

“Con dicha resolución se confirma que nuestro padre es un preso político y que hace un año dieron instrucciones a la Fiscalía del estado y al Poder Judicial para llevarlo a prisión ilegalmente, con la única finalidad de impedir su participación y no llegara a ser diputado federal”, aseguraron sus hijas en un escrito.

Aún dentro de la cárcel los castigos contra Rogelio Franco se sucedieron uno tras otro.

 

 

 

NO SE RESUELVE CASO

Al iniciar la condena sin juicio, las audiencias comenzaron a aplazarse para que nunca se resolviera el caso. Parte importante de este castigo estaba a cargo del PRD, cuyo líder aparentaba estar a favor de Franco Castán pero en realidad lo que hacía era acabar con su persona. Jesús Zambrano usó el caso en beneficio propio y de sus allegados y aseguró que la aprehensión fue un burdo pretexto del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, para sacarlo de la contienda electoral y de la política.

El perredista Jesús Velázquez, se convirtió en el abogado defensor de Franco Castán, pero, al mismo tiempo se inscribió como su suplente en la Cámara de Diputados, de tal suerte que sería automáticamente diputado federal si Franco continuaba preso, como lo sigue estando hasta el día de hoy.

Al llegar el día de la toma de protesta al iniciarse la sesión correspondiente del 29 de agosto, el presidente de la mesa de decanos, Augusto Gómez Villanueva, tomó a tomar protesta a los diputados electos, entre ellos Rogelio Franco Castán mediante un escrito con el que diera cuenta la secretaría de la mesa de decanos, de ahí que se le tuviera como diputado en forma” se expuso ante el juez.

 

Rogelio Franco Castán, todavía preso en el penal de La Toma en Amatlán de Los Reyes, Veracruz, promovió desde ese día, un incidente judicial para demandar su inmediata liberación: afirmó que ya goza de fuero porque rindió protesta como diputado federal integrante de la 65 Legislatura. Lo único que sucedió fue que quien era su abogado defensor, Jesús Velázquez, ocupó la curul de Franco Castán, con la anuencia del líder nacional del PRD y del líder de la bancada perredista en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro.

Para darle validez y comprobar que se trataba de un acto orquestado por diferentes instancias de gobierno, el Poder Judicial de Veracruz declaró que Rogelio Franco Castán, diputado federal electo del PRD, está impedido legalmente de asumir su cargo como legislador, por estar sujeto a dos procesos penales en Veracruz por otros delitos, todos sancionables con prisión, según afirmó la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y añadió que Franco tenía sus derechos ciudadanos suspendidos por lo que no puede tomársele protesta.

 

SIN DERECHOS, SIN SENTENCIA

A nadie puede suspendérsele sus derechos ciudadanos mientras no tenga sentencia; es decir, si se trata de un sospechoso en la cárcel. Por otro lado, en el caso también se está violentado el principio de presunción de inocencia por parte del gobernador ya que un juez federal determinó que ni la necesidad de cautela se acreditó en la orden de aprehensión que se pretendió ejecutar en su momento. Los ciudadanos no pierden sus derechos político-electorales por estar presos, de ahí que en la pasada elección federal el INE realizó el primer ejercicio de voto en centros de reclusión, por orden del órgano jurisdiccional, lo que comprueba que según la ley es diputado federal y debe aplicarse los derechos que el fuero cobija y liberarlo de inmediato.

El proceso de Franco Castán está lleno de anomalías, lo cual acusa una maquinación perversa donde están implicados desde la ex esposa hasta el propio el ejecutivo estatal.

En el oficio de respuesta, del pasado 31 de agosto, la magistrada Romero Cruz expuso “automáticamente queda suspendido de sus derechos o prerrogativas como ciudadano, ello al estar sujeto a dos procesos criminales, por cuatro delitos diferentes que se merecen que merecen cada uno de ellos la imposición de pena privativa de libertad”.

A Castán, posteriormente se le añadieron otros presuntos delitos, ninguno comprobado, el primero fue de violencia familiar, que fue el último que tenía vigente y por aclarar, que es el proceso penal 57/2021, por el que la defensa del legislador electo interpuso dos juicios de garantías 174/2021 y 110/2021, el segundo con suspensión de los actos reclamados.

Otro proceso es el 248/2021 por presunta extorsión y abuso de autoridad. El tercer proceso es el 50/2021 por ultrajes a la autoridad, que debió ser desechado por ser derogada esa ley.

Por su parte, Roxana Luna Portillo, presidenta de la Mesa Directiva del Consejo Nacional del PRD, responsabilizó a jueces federales de retrasar la justicia para Rogelio Franco. Así acusó a la jueza de Distrito con sede en Xalapa, Daniela María León, quien en diversas ocasiones aplazó la audiencia constitucional y separó arbitrariamente los actos contra los que se presentó el amparo por el delito de extorsión.

Con la liberación del secretario técnico del Senado, José Manuel del Río, se abre una posibilidad de que se haga justicia a Rogelio Franco Castán porque los hermana ser acusados de ultrajes a la autoridad, delito que ya no existe. El resto de las acusaciones han sido resueltas satisfactoriamente en las diferentes audiencias, a pesar de las prórrogas que jueces han interpuesto para mantenerlo preso.

José Manuel del Río Virgen reveló que el 48 por ciento de las personas que fueron privadas de su libertad es inocente y se encuentra en el penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec.

El juez séptimo, Ricardo Mercado Oaxaca, expuso en una resolución que si bien la Fiscalía tramitó la orden de aprehensión contra Rogelio “N”, no existe motivo fundado para retener al acusado en prisión.

La única acusación que mantenía a Franco Castán en prisión era la de violencia familiar, situación que desde hace dos meses fue resuelta legalmente, la justicia federal concedió así un amparo al ex secretario de Gobierno.

Añade que respecto al delito de violencia familiar, la Fiscalía no solicitó antes una orden de comparecencia con apoyo de la fuerza pública, antes de solicitar la orden de aprehensión, la cual debió considerarse como una medida excepcional.

Rogelio Franco el 15 de junio de 2022, solicitó revisar la sentencia del Juzgado 7º ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, a fin de conseguir una nueva resolución a su favor.

 

 

Por su parte, el senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, señaló sobre el problema de la violación de los derechos humanos en Veracruz: “La interpretación sesgada que tiranos dan a las resoluciones judiciales muestra cómo la ignorancia y el desconocimiento del derecho causan estragos y pretenden justificar excesos e ilegalidades, como en Veracruz. Por ello, miles de inocentes en prisión. Resistan, vendrá la hora”.

Por su parte, el ejecutivo estatal externó su inconformidad con la liberación de Del Río, y, por si fuera poco, se confronta personalmente con Ricardo Monreal, demostrando que no ha entendido la política de la Cuarta Transformación y menos aún el pensamiento del Presidente López Obrador, porque choca con todos y no se entiende con nadie como si la consigna fuera aislarse o quedarse solo. Por otra parte, litigar desde los medios es muy fácil para aquellos que están tan alejados del derecho que ni siquiera distinguen culpables que identifican como inocentes y más de mil inocentes que están en la cárcel como si fueran culpables por una ley que sólo existe en la imaginación de los autoritarios.