La justicia de Florida lo acusa de conspirar para cometer asesinato en primer grado de 4 personas por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996; el exmandatario cubano ya enfrenta cargos federales en Estados Unidos.
MIAMI, Florida.— A casi tres décadas del derribo de dos avionetas civiles que dejó cuatro muertos, la justicia estadounidense intensificó sus acciones contra el expresidente cubano Raúl Castro. Una jueza de Miami firmó una orden estatal de arresto en su contra por su presunta participación en los hechos ocurridos el 24 de febrero de 1996.
La medida judicial, firmada por la jueza Ariana Fajardo Orshan, deriva de una investigación impulsada por las autoridades de Florida. La acusación sostiene que Castro, quien entonces ocupaba cargos de alto nivel en el Gobierno y las Fuerzas Armadas de Cuba, habría tenido un papel determinante en la autorización del ataque.
De acuerdo con el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, el exmandatario enfrenta un cargo por conspiración para cometer asesinato en primer grado. La orden fue emitida sin derecho a fianza.
CUATRO MUERTOS EN AGUAS INTERNACIONALES
El caso se remonta a una operación de la organización Hermanos al Rescate, integrada por exiliados cubanos con sede en Miami, que realizaba vuelos civiles para localizar y auxiliar a migrantes cubanos en el mar.
El 24 de febrero de 1996, tres avionetas Cessna despegaron del aeropuerto de Opa-Locka, en el condado de Miami-Dade. Según los documentos presentados por los investigadores estadounidenses, dos de las aeronaves fueron interceptadas y destruidas por aviones militares cubanos cuando se encontraban sobre aguas internacionales.
Los ataques provocaron la muerte de cuatro tripulantes: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Tres eran ciudadanos estadounidenses y el cuarto contaba con residencia permanente en ese país.
La investigación de Florida señala que agentes de inteligencia cubanos se infiltraron en la organización y transmitieron información sobre los planes de vuelo a las autoridades de la isla. Esos datos habrían contribuido a preparar la operación militar.
LA ACUSACIÓN APUNTA A LA CADENA DE MANDO CUBANA
Las autoridades sostienen que Raúl Castro, quien en aquella época era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y primer vicepresidente de Cuba, formaba parte de la cadena de decisiones que permitió el derribo.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, presentó la nueva medida como un paso para exigir responsabilidades por las cuatro muertes. La investigación estatal se suma al proceso federal anunciado en mayo de 2026 por el Departamento de Justicia estadounidense, que imputó a Castro y a otros cinco presuntos implicados por su supuesta participación en el ataque.
La apertura de procedimientos estatales y federales coloca al exgobernante en el centro de una ofensiva judicial relacionada con uno de los episodios más graves en la historia reciente de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
¿PODRÁ SER DETENIDO?
Aunque la orden representa un nuevo frente legal para Castro, de 95 años, su eventual comparecencia ante un tribunal estadounidense sigue siendo incierta. El exmandatario permanece en Cuba y no existe confirmación de que vaya a entregarse o de que las autoridades estadounidenses hayan logrado detenerlo.
La orden, sin embargo, puede complicar sus desplazamientos internacionales y abrir la puerta a acciones de extradición si llega a encontrarse en una jurisdicción que permita su entrega a Estados Unidos.
El Gobierno cubano ha rechazado previamente las acusaciones federales relacionadas con el caso y las ha calificado de motivaciones políticas.
Con esta nueva acción, Florida busca avanzar en un expediente que permaneció durante años sin cargos penales contra los máximos responsables cubanos. La controversia judicial vuelve a colocar sobre la mesa las responsabilidades por el derribo de 1996, mientras la culpabilidad de Castro deberá determinarse conforme al procedimiento legal correspondiente.