La reforma busca ampliar las transacciones electrónicas en México y otorga a Hacienda facultades para determinar en qué actividades podrían establecerse pagos exclusivamente digitales.
Ciudad de México.– El Senado de la República aprobó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una reforma que busca transformar gradualmente la manera en que se realizan operaciones comerciales y trámites gubernamentales en México.
La propuesta, impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, pretende extender el uso de herramientas electrónicas para reducir la dependencia del dinero físico y facilitar las transacciones entre ciudadanos, empresas e instituciones públicas.
Uno de los puntos más relevantes es la facultad que tendrá la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar los sectores y actividades económicas en los que podrían establecerse los pagos digitales como único medio de cobro, conforme a las condiciones y los plazos previstos en la legislación.
¿Qué cambiará con la nueva ley?
La normativa busca impulsar las operaciones electrónicas y ampliar el acceso a los servicios financieros mediante distintas tecnologías que permitan realizar pagos sin utilizar necesariamente billetes y monedas.
Entre las herramientas contempladas se encuentran:
- Tarjetas de débito y crédito.
- Transferencias bancarias y domiciliaciones.
- Códigos QR para realizar pagos.
- Tecnología NFC, que permite efectuar operaciones por proximidad.
- Dispositivos y plataformas digitales habilitados para transferir recursos.
La reforma también contempla medidas para facilitar el pago electrónico de trámites y obligaciones gubernamentales, con la intención de reducir tiempos de espera, desplazamientos y procesos administrativos.
Hacienda decidirá dónde podrían limitarse los pagos en efectivo
Uno de los aspectos que más atención ha generado es la facultad otorgada a Hacienda para determinar en qué sectores estratégicos y actividades económicas se establecerá la exclusividad de los pagos digitales.
La implementación dependerá de las disposiciones que emitan las autoridades y de los periodos de transición establecidos para cada actividad.
Esto significa que los establecimientos y los consumidores podrían enfrentar cambios en la manera de realizar determinadas operaciones, aunque la aprobación de la ley no implica que el efectivo vaya a desaparecer inmediatamente de todos los comercios del país.
¿El dinero en efectivo dejará de utilizarse?
Aunque la legislación busca reducir la dependencia del dinero físico, no supone que todas las compras y operaciones en México deban realizarse exclusivamente por medios electrónicos desde su entrada en vigor.
El ordenamiento contempla mecanismos para responder a contingencias que imposibiliten los pagos digitales, como fallas técnicas o problemas de conectividad, situaciones en las que podrían habilitarse alternativas de pago.
No obstante, la ampliación de las operaciones electrónicas abre interrogantes sobre las personas que no cuentan con una cuenta bancaria, dispositivos adecuados o acceso estable a internet.
Oposición advierte riesgos para sectores vulnerables
Durante la discusión legislativa surgieron cuestionamientos sobre las facultades otorgadas a Hacienda y las posibles dificultades que enfrentaría parte de la población ante una mayor dependencia de los sistemas electrónicos.
Entre las principales preocupaciones están las condiciones de las comunidades con conectividad limitada, así como las barreras económicas y tecnológicas que dificultan el acceso a los servicios bancarios.
Por su parte, quienes respaldaron la reforma argumentaron que la digitalización puede facilitar las operaciones comerciales, mejorar el registro de ingresos de los pequeños negocios y generar historiales financieros que contribuyan al acceso al crédito.
La discusión también incluye herramientas relacionadas con la identificación y los servicios digitales, orientadas a simplificar determinados procedimientos administrativos.
¿Qué sigue tras la aprobación?
Después de la aprobación legislativa, el siguiente paso corresponde al proceso de promulgación y publicación del decreto. La aplicación de las nuevas disposiciones dependerá de los plazos y las reglas que establezcan las autoridades competentes.
El cambio plantea un nuevo escenario para consumidores, comercios y dependencias públicas. Sin embargo, su impacto dependerá de los sectores en los que se establezcan nuevas obligaciones y de las medidas que se adopten para evitar que la digitalización excluya a quienes tienen menos acceso a la tecnología.
La pregunta de fondo es si México cuenta con la infraestructura bancaria y digital necesaria para avanzar hacia un modelo con menos efectivo sin perjudicar a millones de personas que todavía dependen del dinero físico para sus actividades cotidianas.