PRIMICIAS
Por Vicente Martínez
La escuela mexicana se prepara para ponerle un freno al celular. A partir de octubre, primaria y secundaria tendrán una restricción total para el uso de estos dispositivos durante toda la jornada escolar, de acuerdo con el acuerdo alcanzado por unanimidad en la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU).
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que ningún alumno de estos niveles dispondrá del servicio de telefonía durante la jornada escolar. Para educación media superior y superior, cada comunidad educativa establecerá sus propias reglas.
El asunto tiene una lectura sencilla: el teléfono dejó de ser un accesorio escolar y se convirtió en un distractor permanente dentro de las aulas. La discusión ahora estará en la forma de aplicar la restricción, porque una regla nacional necesita procedimientos claros para maestros, directivos, padres y alumnos.
Y ahí aparece Veracruz.
La Secretaría de Educación de Veracruz que preside Raquel Bonilla llevará esta disposición a los planteles de todo el estado y establecer con precisión cómo se aplicará en las escuelas primarias y secundarias veracruzanas. La entidad cuenta con una estructura educativa amplia y con planteles que ya utilizan herramientas digitales dentro de sus procesos de enseñanza.
Las ganancias de esta medida podrían verse directamente en la dinámica escolar: menos distracciones durante las clases, mayor atención y concentración de los estudiantes, reducción de grabaciones y fotografías sin consentimiento, menos conflictos y casos de ciberacoso, menor exposición a contenidos inapropiados y una disminución en el uso excesivo de pantallas. También permitiría recuperar espacios de convivencia entre alumnos, reducir interrupciones por mensajes, llamadas y notificaciones, y fortalecer el trabajo dentro del aula y las actividades enfocadas en el desarrollo académico y socioemocional.
Entre los posibles contras de esta medida está la dificultad para aplicarla de manera uniforme en todos los planteles, además de los problemas que pueden surgir para comunicarse con las familias ante una emergencia. También habrá que definir quién resguardará los equipos, qué ocurrirá si un alumno se niega a entregarlo y quién asumirá la responsabilidad en caso de pérdida o daño.
Otro punto será encontrar un equilibrio cuando el celular sea requerido para alguna actividad educativa, así como evitar que la restricción genere conflictos entre estudiantes, maestros y padres de familia.
Octubre está cerca. Para Veracruz, la discusión apenas comienza: sacar el celular de las aulas será una decisión nacional; hacer que la medida funcione en cada escuela será tarea de las autoridades educativas, maestros y familias.