Por: La Editora
En los hospitales públicos de Veracruz faltan medicamentos, insumos y equipo quirúrgico. Hay pacientes esperando una cirugía, personal sanitario trabajando con lo mínimo y residentes obligados a protestar para conseguir hasta gasas, jabón y compresas.
Las denuncias ya no pueden presentarse como hechos aislados. Trabajadores de la salud, pacientes y familiares han expuesto graves carencias en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz y en el Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”, en Xalapa.
El desabasto ha ocasionado cirugías aplazadas, tratamientos retrasados y personas que esperan atención mientras su salud se deteriora. Personas que, además de luchar contra sus padecimientos, tienen que sobrevivir a la incapacidad de las autoridades.
Pero cuando los residentes decidieron levantar la voz, Roberto Ramos Alor, coordinador estatal de IMSS-Bienestar en Veracruz, no respondió con soluciones, sino con amenazas.
“Si usted no quiere operar y no participar, pues no opere”, les dijo.
Después les recordó que sus evaluaciones dependen del hospital y del propio IMSS-Bienestar.
La frase no necesita demasiadas interpretaciones. Cuando un funcionario menciona su poder sobre las evaluaciones de los jóvenes especialistas justo después de que estos denuncian carencias, no está dialogando: está utilizando su puesto para intimidarlos.
Los residentes no se negaban a trabajar. Exigían condiciones para hacerlo. No pedían privilegios, bonos ni comodidades. Pedían lo mínimo para atender dignamente a la población.
Tras el escándalo, Ramos Alor difundió un video en sus redes sociales para ofrecer disculpas y reconocer que sus palabras no fueron las adecuadas.
¿Y con eso qué?
Una disculpa no borra la amenaza, no abastece las farmacias, no equipa los quirófanos ni devuelve el tiempo perdido a quienes siguen esperando una cirugía. Tampoco elimina el miedo de estos profesionales a sufrir represalias académicas por haberse atrevido a denunciar aquello que las autoridades pretendían ocultar o minimizar.
Lo de Ramos Alor no fue un simple “error de comunicación”. Fue la reacción soberbia de un funcionario que, acorralado por la realidad, prefirió intimidar a quienes sostienen la atención hospitalaria antes que asumir su fracaso.
No se equivocó al elegir las palabras: exhibió lo que realmente piensa cuando alguien se atreve a cuestionar su gestión.
Por eso, sus disculpas debieron llegar acompañadas de su renuncia. Quien utiliza su posición para recordarle a un grupo residentes que controla sus evaluaciones demuestra que no tiene la autoridad moral ni la sensibilidad necesarias para dirigir el sistema de salud.
Y si IMSS-Bienestar sostiene mediante un comunicado que esas declaraciones no representan los valores de la institución, entonces debe explicar por qué Ramos Alor continúa representándola en Veracruz. Deslindarse de sus palabras mientras se le mantiene en el cargo es pura simulación.
Repudiar el discurso, pero proteger al funcionario que lo pronunció, es intentar engañar a los veracruzanos.
Durante meses, las autoridades intentaron minimizar las denuncias. Ramos Alor incluso habló de una supuesta “campaña de odio” para desacreditar los señalamientos sobre la escasez de medicamentos.
Ahora el Gobierno de Veracruz anuncia una inversión cercana a los mil millones de pesos para adquirir fármacos y suministros, mientras IMSS-Bienestar presume la distribución de más de cuatro millones de piezas.
La contradicción es insultante: si la escasez era una mentira, ¿por qué aparecieron de pronto las compras extraordinarias, los envíos urgentes y las mesas de emergencia?
Si todo estaba bien, ¿por qué tuvieron que correr a comprar lo que durante meses aseguraron que no faltaba?
Las autoridades pueden llenar sus comunicados de cifras, pero no pueden ocultar las cirugías aplazadas, los tratamientos retrasados ni la angustia de las familias. Las fotografías de cajas recién llegadas tampoco borran los días en que el personal de salud ha tenido que trabajar sin lo indispensable.
El Gobierno de Veracruz no puede lavarse las manos argumentando que los hospitales están bajo la administración de IMSS-Bienestar. La gobernadora Rocío Nahle tiene la responsabilidad política de exigir cuentas, garantizar la atención y dejar de contemplar la crisis como si ocurriera en otro estado.
Guardar silencio, minimizar la falta de suministros o proteger a Ramos Alor sería hacerse cómplice de una gestión que ha abandonado a enfermos y trabajadores sanitarios.
Porque ante una crisis de esta magnitud, la indiferencia también es una forma de responsabilidad.
Los residentes hicieron lo que correspondía: levantaron la voz para defender a quienes necesitan atención.
Ramos Alor hizo exactamente lo contrario: exhibió su poder para intentar callarlos.
El problema no son los médicos que protestan. El problema son los funcionarios que fracasan, amenazan y después creen que pueden conservar el cargo con una pinche disculpa.
Cuando en los hospitales faltan medicinas y en el gobierno sobran soberbia, amenazas e incompetencia, la enfermedad ya no está solamente en las camas: está enquistada en el poder.
Y si Ramos Alor no puede garantizar el abastecimiento ni respetar a quienes sostienen los hospitales, que deje de ofrecer disculpas y presente su renuncia.
Porque los veracruzanos necesitan fármacos, no amenazas; personal de salud respaldado, no residentes intimidados; y funcionarios capaces, no burócratas soberbios aferrados al cargo.
Columna: La libreta de la editora