La judicialización política
Por Ricardo Homs
El caso del ex fiscal de Morelos Uriel Carmona es una perversión jurídica estilo Cuarta Transformación.
La única justicia válida según la 4T es la que cubra las expectativas de este gobierno. Las decisiones de las autoridades judiciales ajenas a la 4T son ignoradas.
No sólo son capaces de ignorar resoluciones judiciales como las realizadas por jueces federales en contra de la distribución de los libros de texto gratuitos. Así vemos que las autoridades judiciales de la Ciudad de México no respetaron el auto de libertad otorgado por jueces a favor del fiscal de Morelos Uriel Carmona quien se enfrascó hace unos meses en una controversia, primeramente, contra la fiscal Ernestina Godoy, y después contra la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, respecto al diagnóstico de la muerte de la joven Ariadna Fernanda.
Mientras en el estado de Morelos destituyen al fiscal anticorrupción, -Juan Jesús Salazar Núñez, dándole la oportunidad de presentar su renuncia para efectos públicos-, y descabezan a todos los altos mandos de dicha fiscalía por ordenar la detención del fiscal Carmona acusándolo de tortura, -siendo que como fiscal general Carmona cuenta con fuero constitucional, confirmado por la SCJN-, la Fiscalía de la CDMX ignora esta condicionante y lo mantiene en prisión.
Recordemos que el problema inició porque la Fiscalía de Morelos -donde fue encontrado el cuerpo de la víctima- daba el diagnóstico de muerte por broncoaspiración de origen etílico, mientras la Fiscalía de la CDMX aseguraba que fue un asesinato.
Si tiene o no alguna responsabilidad, se tendría que investigar con él en libertad pues, además, él participó a partir de su cargo como fiscal estatal de Morelos.
Se percibe falta de respeto al Estado de Derecho, pues se manipula la aplicación de la justicia a partir de intereses políticos, rencillas y venganzas. A final de cuentas, -en el contexto de la confrontación entre las fiscalías de la Ciudad de México y la de Morelos-, la muerte de Ariadna Fernanda pasa a segundo plano.
La judicialización de la política no es una circunstancia nueva -ni sólo practicada por este gobierno- pues recordamos aún que durante la anterior campaña presidencial del 2018, frente a las amenazas de Ricardo Anaya como candidato de la anterior coalición, de que metería a la cárcel a los funcionarios corruptos de la administración del presidente Peña Nieto, la Fiscalía General de la República fabricó un expediente contra él respecto a posible corrupción en la compra de una propiedad inmobiliaria, con lo cual él fue perseguido y su reputación manchada. De este modo fue nulificado de la campaña.
En contraste, en tiempos actuales, -caracterizados por “la transformación”-, estas prácticas se siguen realizando, pero con mayor cinismo. Se utiliza el argumento del combate a la corrupción de modo tan burdo, que se hace evidente que el objetivo es neutralizar a un competidor en el ámbito electoral, como ahora ha sucedido con Xóchitl Gálvez, virtual candidata presidencial de la Coalición por México, a quien se ha intentado fincar cargos judiciales, pero sin sustento.
Es de esperarse la radicalización de esta práctica durante los próximos tiempos electorales para descarrilar candidaturas competitivas.
Los regímenes totalitarios inician sometiendo al Poder Judicial, y el acoso que se ha dado en este gobierno en contra de los adversarios de la 4T pareciera evidenciar esta tendencia.
¿A usted qué le parece?
