¿El fin de los amparos?
Por Ricardo Homs
La figura jurídica del “amparo” es una de las joyas de la jurisprudencia mexicana, que nuestro país ha aportado al mundo para proteger al ciudadano y a las instituciones de la sociedad civil, respecto de los abusos del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, el diputado morenista Juan Ramiro Robledo Ruíz propone reformas constitucionales para que se excluya del ámbito de este importante recurso jurídico, a tres sectores, que son: “áreas estratégicas de la economía nacional”, “bienes del dominio directo de la nación” y “planeación nacional del desarrollo”. Esta propuesta evidencia que Morena pretende imponer un “estado autoritario”.
¿De quién quieren los morenistas protegerse?… pues seguramente de la sociedad civil y de los ciudadanos, -o “del pueblo”-, como dice el presidente.
Con esto pretenden poner una camisa de fuerza a la sociedad civil para poder seguir operando los proyectos en lo “oscurito”, -en plena corrupción-, como hoy sucede.
Ni los neoliberales se hubiesen atrevido a proponer un estado autoritario como el que Morena intenta imponer utilizando su mayoría parlamentaria.
Quienes como oposición exigían “libertad”, hoy como gobierno pretenden restringirla.
El “Juicio de Amparo” tiene una larga tradición en México.
Quedó plasmado en nuestra Constitución en 1857 y fue reglamentado en la Ley Orgánica Constitucional sobre el Juicio de Amparo.
El 20 de enero de 1869 el entonces presidente de la república Benito Juárez proclamó esta ley.
De ahí pasó a la Constitución de 1917, llegando perfeccionada hasta nuestros días con algunas modificaciones simples en 2013, que ampliaron su radio de acción.
Limitarla para proteger los caprichos de la 4T es una aberración. Equivale a declarar que lo que harán es tan turbio que nadie debe poder escudriñar. Es una declaración de culpabilidad por una parte y de autoritarismo por otra.
Imaginemos que no estuviese gobernando López Obrador y siguiera siendo el símbolo de la oposición. Y en este contexto el gobierno en el poder propusiese modificar la ley para proteger las obras públicas del gobierno federal, seguramente este ya estaría haciendo un gran escándalo.
Simplemente decretar que las obras del Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto y todas las que surjan a partir de ahora se consideren «seguridad nacional» para evitar la fiscalización pública, ya constituye un escándalo, pues legaliza la opacidad que tanto criticó el presidente López Obrador a sus antecesores. Esto significa legalizar la corrupción.
Este gobierno está traicionando todas las promesas de moralización de la política y combate a la corrupción que constituyeron la espina dorsal de su propuesta de campaña.
Este gobierno es el más antidemocrático que hemos tenido, pues cuando las reglas estorban a sus proyectos, -en lugar de defenderlos con argumentos sólidos, como dictan los valores que sustentan la democracia-, opta por la estrategia de los autoritarios: cambiar las reglas para que respondan a sus caprichos, “a modo”.
Poner una barrera a las tentaciones autocráticas del Poder Ejecutivo, es el espíritu que desde su instrumentación en 1857 persiguió la Ley del Amparo.
La constitucionalidad de estas turbias intenciones debe ser evaluada desde la esfera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Del mismo modo se debe definir el alcance del concepto “seguridad Nacional”, que hoy se ha convertido en el “remedio para todos los males”, que pretende aplicar este gobierno para burlar al estado Constitucional de Derecho.
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