Violencia femenina e impunidad
Por Ricardo Homs
El problema de la violencia contra la mujer son las autoridades omisas, negligentes o incluso corruptas, como lo representan los casos de Liliana Rodríguez en Monterrey y el de Yanelly en Huauchinango, Puebla, por citar dos casos muy graves de responsabilidad gubernamental.
Mientras las actitudes omisas de los funcionarios públicos del sector justicia no tengan consecuencias con un castigo ejemplar a la negligencia, corrupción o desinterés, este tipo de delitos irá al alza.
El caso de Liliana Rodríguez, la mujer agredida, violada y quemada por tres taxistas que la abandonaron en un terreno baldío creyéndola muerta, describe una de las principales causas de la impunidad en México: las autoridades ignoraron las denuncias y calificaron su caso como una víctima accidental de un incendio y cuando ella y su esposo empezaron a exigir justicia mediáticamente, empezaron a tener acoso por parte de las autoridades estatales, quienes los presionaban con mensajes, amenazando con represalias si seguían subiendo videos a la WEB. Fue hasta que Azucena Uresti, conductora de un noticiero de alto rating de Milenio TV lo dio a conocer, que la fiscalía de Nuevo León empezó a tomarlo en serio.
El caso de Yanelli, violada hace seis años en Huauchinango, Puebla, en un taxi colectivo, no sólo es un caso de impunidad e inacción de las autoridades, sino de colusión con los agresores.
Yanelli fue agredida sexualmente en junio de 2016 por cuatro sujetos que amagaron al taxista. Sin embargo, en octubre del 2017 dos de los mismos agresores llegaron hasta su casa para violarla de nuevo por haber presentado la denuncia un año antes y presionándola para que la retirase. La pregunta es: ¿cómo obtuvieron su número telefónico para acosarla continuamente con llamadas y mensajes, haciéndole saber que tenían información sobre su familia?
¿Cómo tuvieron los agresores el domicilio de ella? Ese cuestionamiento nos remite establecer la colusión entre autoridades locales y los delincuentes agresores. Además, el trato indigno y agresivo del MP en Huauchinango en sí debiese ser constitutivo de un delito de omisión, pues su obligación es impartir justicia y atender a las víctimas.
De los cuatro agresores sólo uno fue sentenciado. Por miedo ella tuvo que huir de Huauchinango. Sin embargo, aún hoy las autoridades poblanas no han dado seguimiento a este caso.
Estos dos casos, -que son representativos de los miles que se repiten en todo México-, lo que revelan es que la impunidad en el delito de violencia contra la mujer se origina en la actitud de las autoridades judiciales locales, lo cual desestimula la presentación de las denuncias.
Si por ese tipo de delitos no podemos asumir que haya habido participación directa de las autoridades, sí podemos concluir que de todos modos son culpables por negligencia criminal, desinterés y peor aún, colusión y corrupción, dejándose sobornar por los agresores.
Debiesen endurecerse las penas por los delitos sexuales e instituirse responsabilidades jurídicas contra las autoridades negligentes, de modo tal que la pena de cárcel para los funcionarios omisos o corruptos, sea un instrumento disuasivo que fortalezca la investigación y reciban castigo los agresores y esto, desestimule este tipo de delitos.
Con toda seguridad la solidaridad machista establece una barrera inicial para recibir denuncias, para desestimular la presentación de ellas, o definitivamente archivarlas, evitando así que se imparta justicia.
Si el poder judicial no castiga con cárcel a los funcionarios que obstaculicen la denuncia, este delito seguirá creciendo estimulado por la impunidad.
O quizá, crear un portal digital especializado en violencia femenina, -operado por la FGR-, donde la víctima presente su denuncia y de ahí se retransmita a las autoridades locales que deben iniciar la investigación, pero sin dar información de la ubicación personal de la víctima. De este modo, sintiéndose vigilados, los MP locales tomarían en serio la investigación.
La disminución de los delitos sexuales dependerá de una estrategia focalizada en optimizar la funcionalidad de las autoridades judiciales.
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