Diputados reclamaron al secretario de Seguridad Pública por la violencia en Poza Rica, Tuxpan y otras regiones; también pusieron en duda los resultados oficiales sobre homicidios y feminicidios.

La violencia que golpea a distintas regiones de Veracruz llegó al centro del debate legislativo. Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés, enfrentó cuestionamientos de diputados de oposición que pusieron en duda la efectividad de la estrategia estatal y exigieron explicaciones ante una entidad donde los hechos delictivos continúan afectando a familias, comerciantes, productores y transportistas.

La sesión, realizada el jueves 19 de noviembre, estuvo marcada por los señalamientos de las legisladoras Indira Rosales San Román, del PAN, y María Elena Córdova Molina, de Movimiento Ciudadano, quienes contrastaron las estadísticas presentadas por el funcionario con los acontecimientos violentos registrados durante las últimas semanas.

Uno de los reclamos más directos provino de la diputada panista, quien cuestionó si el titular de Seguridad Pública podía asegurar, frente a los ciudadanos, que Veracruz es un estado seguro.

Rosales San Román recordó los incendios de vehículos registrados en Poza Rica, los ataques armados en Tuxpan, los homicidios en el sur de la entidad y el asesinato de una regidora y su esposo en Texhuacan.

También cuestionó que las autoridades recurran a explicaciones sobre posibles actividades ilícitas de las víctimas o califiquen los acontecimientos como hechos aislados, cuando, desde su perspectiva, la violencia se ha convertido en una constante para distintas regiones.

Poza Rica y Tuxpan, en el centro de los reclamos

La situación del norte de Veracruz ocupó buena parte de las intervenciones.

La diputada hizo referencia a los tres vehículos incendiados en Poza Rica el miércoles 18 de noviembre, así como a los ponchallantas, bloqueos y medidas preventivas que llevaron a suspender actividades escolares en algunos planteles.

También recordó el ataque armado ocurrido el 12 de noviembre en una clínica privada de Tuxpan, donde un paciente y su esposa fueron asesinados, un episodio que volvió a colocar en el debate la vulnerabilidad de espacios que deberían ofrecer protección a la población.

Ante los hechos, las legisladoras cuestionaron la capacidad de respuesta de las corporaciones y exigieron conocer qué resultados concretos han obtenido los operativos de vigilancia.

Por su parte, María Elena Córdova sostuvo que los informes gubernamentales no pueden limitarse a contabilizar reuniones de coordinación y recorridos policiales mientras persisten las denuncias de extorsión, robos, secuestros y amenazas.

La legisladora también preguntó si el gobierno estatal ha solicitado formalmente más apoyo de la Federación, cuántos elementos adicionales han llegado a Veracruz y en qué regiones están desplegados.

Feminicidios: cuestionan diferencias entre cifras oficiales y universitarias

Otro de los puntos más delicados de la comparecencia fue la diferencia entre los registros de feminicidios.

De acuerdo con los datos expuestos por las legisladoras, entre enero y septiembre de 2026 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó 17 víctimas de feminicidio en Veracruz, mientras que el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana registró 44 casos.

La diferencia de 27 víctimas abrió cuestionamientos sobre los criterios utilizados para clasificar las muertes violentas de mujeres y determinar cuáles son investigadas como feminicidio.

Indira Rosales también señaló que, además de los 17 feminicidios, el registro nacional contabilizaba 45 mujeres víctimas de homicidio doloso durante el mismo periodo.

El secretario reconoció que existen diferencias entre las estadísticas del INEGI y las del Secretariado Ejecutivo en materia de homicidios. Argumentó que su dependencia trabaja con carpetas de investigación y defendió el uso de los registros oficiales para medir la incidencia delictiva.

Sin embargo, su explicación no resolvió el cuestionamiento central sobre la diferencia entre los feminicidios reconocidos oficialmente y los documentados por la Universidad Veracruzana.

Las cifras que presentó Seguridad Pública

En contraste con los señalamientos de la oposición, Reyes Garcés defendió los resultados de la dependencia y aseguró que los indicadores de seguridad muestran una reducción en distintos delitos.

Durante su exposición informó que, en lo que va de 2026, se realizaron 3 mil 450 órdenes de cateo y fueron detenidos 3 mil 276 presuntos integrantes de grupos delictivos, entre ellos 70 mandos.

También reportó disminuciones de 19.5 por ciento en homicidios dolosos, 53.6 por ciento en extorsiones y 39.4 por ciento en feminicidios, en comparación con el periodo anterior.

Entre los resultados operativos mencionó el aseguramiento de más de un millón 379 mil litros de hidrocarburos, la localización de 185 tomas clandestinas y el decomiso de más de un millón 640 mil dosis de distintas sustancias.

Asimismo, informó del retiro de 911 cámaras de videovigilancia instaladas irregularmente en espacios públicos y del aseguramiento de mil 629 minicasinos.

No obstante, los datos presentados por la dependencia no evitaron que la oposición cuestionara la distancia entre los resultados estadísticos y la percepción de inseguridad que enfrentan los veracruzanos.

La pregunta que quedó sobre la mesa

Los reclamos también alcanzaron a otras regiones. Las diputadas mencionaron amenazas contra productores agrícolas, extorsiones a citricultores y cafeticultores, robos carreteros y agresiones contra trabajadores de la educación.

Córdova Molina expuso que la inseguridad no solamente afecta a quienes son víctimas directas de un delito, sino que también modifica la actividad económica y la vida cotidiana de comunidades enteras.

La comparecencia dejó así dos versiones sobre el panorama de seguridad en Veracruz: la del gobierno, que sostiene que los operativos y las detenciones han permitido reducir diversos delitos, y la de la oposición, que advierte que las cifras no alcanzan para explicar ni resolver la violencia que continúa registrándose en el territorio estatal.

Mientras el secretario defendió los resultados de su gestión, los cuestionamientos legislativos dejaron una exigencia pendiente: que la estrategia de seguridad se refleje en condiciones reales de tranquilidad para la población, más allá de los números presentados desde el escritorio.