PRIMICIAS
Por Vicente Martínez
El caso de Raúl Cisneros Valdivia adquiere relevancia ante las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la nómina educativa de Veracruz. En la fiscalización de la Cuenta Pública 2025, el organismo reportó 48 millones 657 mil 604 pesos pendientes de aclaración del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). Entre los señalamientos aparecen pagos posteriores a la baja de trabajadores y recursos relacionados con personas fallecidas. La auditoría no incluye directamente al profesor entre esos casos, pero sus observaciones hacen necesario revisar los controles y movimientos financieros de la Secretaría de Educación de Veracruz.
Raquel Bonilla Herrera tiene ahora la responsabilidad de revisar las entrañas administrativas de la SEV. Hay expedientes que requieren atención, registros que deben verificarse y posibles irregularidades que necesitan una explicación.
Confiamos en que Raquel Bonilla limpiará la porquería que se ha acumulado en la Secretaría de Educación. La revisión debe llegar a las nóminas, las plazas docentes, los movimientos de personal y el destino de los recursos públicos. El caso de Raúl Cisneros exige respuestas sobre cinco años de movimientos administrativos que su familia sigue sin poder esclarecer.
Su viuda y sus familiares quieren saber por qué dejaron de realizarse aportaciones al IPE desde julio de 2019, mientras las dos plazas del profesor continuaron vigentes hasta octubre de 2024. También exigen conocer si durante ese periodo se emitieron cheques o pagos a su nombre y quién recibió esos recursos.
La actuación de los funcionarios que atendieron el expediente también debe investigarse. La Sección 56 del SNTE tendrá que explicar cuál fue su intervención y qué gestiones realizó para defender los derechos del maestro, quien solicitó reiteradamente que se resolviera su situación laboral y pensionaria.
Raúl Cisneros dedicó más de cuatro décadas a la educación pública. Sufrió un infarto, recibió un dictamen médico que lo declaró incapacitado para trabajar y pasó sus últimos años esperando una pensión por invalidez que nunca llegó. Murió sin conocer qué ocurrió con sus plazas y sus aportaciones.
Su familia sigue esperando que alguien responda por este caso. Raquel Bonilla debe ordenar una investigación, transparentar los registros y entregar resultados. Si hubo funcionarios que utilizaron indebidamente los recursos de esas plazas, sus nombres y responsabilidades deben quedar establecidos.
