El Gobierno estatal presume ahorros de 500 mil pesos y una reorganización administrativa, pero miles de trabajadores continúan atrapados en procesos que llevan años sin una respuesta definitiva. Ahora, algunos tendrán que trasladarse a otros municipios para exigir justicia.
Xalapa, Ver.- En Veracruz, la justicia laboral parece estar haciendo más recortes que resolviendo problemas. En dos años, el Gobierno estatal determinó cerrar seis Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, una decisión que, de acuerdo con el secretario del Trabajo, Luis Arturo Santiago Martínez, representará un ahorro de apenas 500 mil pesos.
La cifra contrasta con la dimensión del problema que todavía enfrenta el sistema laboral: 7 mil 901 expedientes permanecen activos. Es decir, miles de trabajadores siguen esperando que sus demandas tengan una resolución, mientras las autoridades avanzan en la desaparición de oficinas.
Durante su comparecencia ante el Congreso local, el funcionario defendió la reestructuración como parte de la modernización del modelo de justicia laboral. Sin embargo, la explicación deja una pregunta inevitable: ¿qué tanto se beneficia realmente a los trabajadores cuando se eliminan espacios de atención y el ahorro anunciado resulta tan reducido frente al rezago existente?
Cierran oficinas, pero los problemas no desaparecen
En 2025 dejaron de operar las juntas de Pánuco, Córdoba y San Andrés Tuxtla. Para el cierre de 2026 se contempla la desaparición de otras tres sedes: Tuxpan, Xalapa y Coatzacoalcos, cuyos cambios entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.
Los expedientes de Tuxpan serán trasladados a Poza Rica, mientras que los asuntos de Xalapa y Coatzacoalcos serán distribuidos entre otras oficinas que continuarán funcionando.
En el papel, la medida puede presentarse como una reorganización administrativa. En la práctica, significa que trabajadores y abogados tendrán que adaptarse a nuevas sedes, modificar sus desplazamientos y asumir posibles gastos adicionales para continuar procedimientos que, en muchos casos, llevan años sin concluir.
Para una persona que reclama salarios caídos, indemnizaciones o prestaciones, acudir a otra ciudad no es un simple cambio de domicilio institucional. Puede representar dinero, tiempo y dificultades adicionales para defender derechos que deberían estar garantizados.
El rezago sigue siendo la verdadera deuda
La Secretaría del Trabajo informó que los expedientes pendientes disminuyeron de 20 mil 607 a 7 mil 901. También reportó mil 600 juicios concluidos, 857 laudos emitidos y 2 mil 339 audiencias realizadas.
Además, aseguró que se recuperaron 89.9 millones de pesos en beneficio de 982 trabajadores y sus familias.
Son cifras que la dependencia presenta como avances, pero que no borran la realidad de quienes todavía esperan una resolución. Tampoco explican cuánto tiempo más tendrán que aguardar los demandantes ni qué mecanismos concretos garantizarán que los expedientes transferidos no terminen acumulándose en otras oficinas.
La justicia laboral no puede medirse únicamente por la cantidad de expedientes que desaparecen de una estadística. Debe medirse por la capacidad de resolver conflictos, garantizar indemnizaciones y evitar que los trabajadores abandonen sus demandas por cansancio o falta de recursos.
Millones en convenios, pero la justicia sigue pendiente
El funcionario también destacó que durante los primeros dos años de la administración se concretaron 27 mil 402 convenios laborales, con una recuperación de mil 403 millones 500 mil pesos para los trabajadores. El Centro de Conciliación Laboral reportó una efectividad de 85.6 por ciento.
Sin embargo, esos resultados corresponden a los mecanismos de conciliación y no significan que los miles de expedientes heredados del antiguo sistema estén resueltos.
La diferencia es importante: una cosa es celebrar convenios en procedimientos que encuentran una salida mediante la conciliación y otra muy distinta es resolver demandas que llevan años atrapadas en las juntas laborales.
El Gobierno puede hablar de modernización, eficiencia y ahorro, pero los trabajadores necesitan algo mucho más concreto: que sus expedientes avancen, que sus audiencias no se retrasen y que las resoluciones se cumplan.
Porque cerrar seis oficinas y ahorrar 500 mil pesos puede resultar atractivo en un informe administrativo. Lo verdaderamente difícil será explicarles a los miles de afectados por qué la justicia sigue tardando tanto.
En Veracruz, las juntas desaparecen, los expedientes cambian de domicilio y el rezago continúa siendo una deuda. Para los trabajadores, la modernización no debería significar tener que viajar más lejos para seguir esperando lo mismo: justicia.
