XALAPA, VERACRUZ.— Las irregularidades cometidas durante las campañas para renovar el Poder Judicial de Veracruz volvieron a quedar bajo la lupa. El Instituto Nacional Electoral (INE) difundió en el Diario Oficial de la Federación el listado de sanciones impuestas a quienes contendieron por cargos judiciales en 2025, entre ellas multas económicas que rebasan los 20 mil pesos por persona.
La publicación, realizada el 30 de octubre de 2026, permite conocer los nombres de las candidaturas sancionadas, los montos económicos, las faltas detectadas y el resultado de las impugnaciones presentadas contra algunas determinaciones.
El documento corresponde a la resolución INE/CG987/2025 y no representa una nueva sanción aprobada en octubre, sino la difusión oficial de las medidas derivadas de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña del proceso electoral extraordinario 2024-2025.
Más de 436 mil pesos en multas
El antecedente de la fiscalización estatal muestra que el INE impuso 201 sanciones a personas que participaron en la elección judicial de Veracruz.
De ese universo, 173 correspondieron a multas económicas por un total de 436 mil 833.44 pesos. También se determinaron 15 amonestaciones públicas, ocho cancelaciones de candidaturas y cinco casos en los que las sanciones quedaron sin efectos.
Entre los casos con mayores castigos económicos destaca Marko Antonio Rodríguez Ventura, quien recibió una multa de 20 mil 252.06 pesos, la cantidad individual más elevada reportada en el balance estatal.
Le sigue Gregorio Esteban Noriega Velasco, con 18 mil 668.10 pesos; María Andrea García Zavaleta, con 13 mil 124.24 pesos; José Iván Cruz Durán, con 10 mil 408.88 pesos, y Mariana Romero Gutiérrez, con 10 mil 69.46 pesos.
Las sanciones no fueron iguales para todas las candidaturas, pues dependieron de las conclusiones establecidas por la autoridad fiscalizadora.
Las omisiones que llevaron a los castigos
La revisión del INE encontró incumplimientos relacionados con la obligación de transparentar el origen y destino de los recursos utilizados durante las campañas.
Entre las conductas observadas estuvieron la falta de presentación de informes en el Sistema Integral de Fiscalización, el registro incompleto de operaciones financieras y la ausencia de documentación para respaldar determinados movimientos.
En otros casos, las observaciones estuvieron relacionadas con gastos que no fueron comprobados o reportados en los términos establecidos por la normativa electoral.
La fiscalización también contempló las obligaciones específicas de quienes aspiraban a ocupar magistraturas, juzgados y otros cargos dentro del sistema judicial veracruzano.
Ocho candidaturas fueron canceladas
Uno de los aspectos más relevantes del balance fue la cancelación de ocho registros por incumplimientos considerados graves.
Entre las personas mencionadas en ese grupo se encuentran Andrés Arias Romero, Hernán Cortés Rascón, Ana María de la Barrera Jiménez, Juan Carlos González Hernández, Julio César García Landero, Patricia Aburto Córdoba y Saúl Solís López.
La autoridad electoral también determinó amonestaciones públicas para algunas candidaturas. Por ello, aparecer en el listado de personas sancionadas no significa necesariamente que todas hayan tenido que pagar una multa.
Las sanciones también llegaron a quienes aspiraban a magistraturas
El reparto de las 201 medidas permite dimensionar el alcance de las irregularidades detectadas:
- 150 sanciones correspondieron a candidaturas para juezas, jueces y personas juzgadoras.
- 48 fueron para aspirantes a magistraturas del Tribunal Superior de Justicia.
- 16 se relacionaron con candidaturas al Tribunal de Disciplina Judicial.
- Tres correspondieron a aspirantes al Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Las cifras reflejan que las observaciones no se concentraron exclusivamente en quienes buscaban llegar a los juzgados, sino que también alcanzaron a quienes aspiraban a integrar los órganos superiores del Poder Judicial estatal.
¿Quién recibirá el dinero de las multas?
De acuerdo con la legislación electoral, los recursos obtenidos por concepto de sanciones económicas deben destinarse al organismo estatal encargado de impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación.
Sin embargo, el monto de las multas impuestas no necesariamente equivale a la cantidad que ya fue cobrada. Para conocer la recaudación efectiva sería necesario contar con información sobre el cumplimiento de los pagos y las transferencias correspondientes.
La publicación del INE vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la rendición de cuentas en un proceso electoral inédito para Veracruz: quienes aspiraron a impartir justicia también estuvieron obligados a cumplir las reglas de transparencia y fiscalización.