XALAPA, VERACRUZ.— Los contratos millonarios que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz otorgó durante la administración de Alejandro Bonilla Bonilla quedaron bajo escrutinio, luego de que se revelara que cinco empresas proveedoras de material electoral recibieron recursos públicos por más de 303 millones de pesos en la entidad.
El dato fue expuesto por Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), durante una comparecencia ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, en la que presentó información sobre compañías relacionadas con presuntas anomalías en procedimientos de contratación de organismos electorales.
A nivel nacional, las cinco empresas identificadas —Cajas Graf, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales, y Seriplast de México— acumularon contratos por 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025. Veracruz encabezó los montos reportados entre los organismos locales incluidos en el desglose, por encima de Coahuila y Oaxaca.
De acuerdo con las cifras presentadas, los recursos asignados en Veracruz se concentraron principalmente en tres compañías: Cajas Graf recibió 141 millones 775 mil 200 pesos; Formas Finas y Materiales obtuvo 161 millones 124 mil pesos, mientras que Corporativo ZEG registró una contratación por 134 mil 903 pesos.
Las adjudicaciones se realizaron en distintos ejercicios de la gestión de Alejandro Bonilla, quien estuvo al frente del organismo electoral veracruzano.
Empresas bajo sospecha por presunta simulación de competencia
El señalamiento forma parte de una investigación más amplia sobre una presunta red de proveedores vinculados con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, identificado en reportajes periodísticos como cercano a Guadalupe Taddei Zavala, quien dejó la presidencia del INE el pasado 26 de octubre.
Las indagatorias apuntan a posibles coincidencias entre socios, representantes legales y apoderados de distintas empresas que participaron en concursos para suministrar materiales electorales.
Uno de los aspectos que generó cuestionamientos fue la posible participación coordinada de compañías relacionadas entre sí para aparentar competencia en las licitaciones. Según la exposición del órgano de control, se detectaron 53 procedimientos en los que participaron empresas del grupo, con patrones que presuntamente habrían favorecido la adjudicación de contratos.
El esquema bajo revisión consistiría en presentar propuestas de distintas compañías relacionadas, de manera que algunas fueran descalificadas y otra permaneciera como única participante viable. De confirmarse estas prácticas, podrían existir irregularidades en los mecanismos de competencia y en el uso de recursos públicos.
La ASF ya pidió los expedientes al OPLE Veracruz
La controversia tuvo una nueva repercusión en el estado. La consejera presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales, confirmó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó documentación sobre contratos celebrados con siete empresas mencionadas en las investigaciones.
El requerimiento, recibido el jueves 29 de octubre, comprende expedientes de contrataciones correspondientes a 2022 y ejercicios anteriores. El organismo cuenta con un plazo de diez días hábiles para entregar la información solicitada.
Entre los documentos que deberán integrar se encuentran convocatorias, propuestas técnicas y económicas, invitaciones a proveedores, actas de comités y demás constancias relacionadas con los procedimientos de adquisición.
Delgadillo Morales aclaró que, desde septiembre de 2022, el OPLE no ha celebrado nuevos contratos con las compañías señaladas y sostuvo que ninguna de ellas ha recibido adjudicaciones durante su gestión.
También informó que la ASF no tiene observaciones pendientes respecto de las cuentas públicas de 2023 y 2024, mientras que la revisión correspondiente a 2025 continúa en proceso.
Un caso que trasciende al INE
Los señalamientos contra las empresas proveedoras han rebasado el ámbito del instituto nacional y alcanzado a distintos organismos electorales estatales.
La revisión busca esclarecer si existieron conflictos de interés, posibles acuerdos entre proveedores o mecanismos para favorecer determinadas compañías en la distribución de contratos públicos.
En Veracruz, la atención se centra ahora en las adjudicaciones realizadas durante administraciones anteriores del OPLE y en la documentación que deberá entregar el organismo a la autoridad fiscalizadora.
Por el momento, los montos contratados y las coincidencias empresariales forman parte de los elementos bajo revisión; no constituyen por sí mismos una resolución que determine responsabilidades penales o administrativas.
La entrega de los expedientes será un paso clave para conocer cómo se realizaron las licitaciones, quiénes participaron y bajo qué criterios se asignaron los contratos que colocaron a Veracruz entre las entidades con mayores recursos destinados a estas empresas.