La presidenta pidió revisar contratos y procedimientos de contratación de la actual y anteriores administraciones del organismo electoral; también planteó cambios para evitar la concentración de proveedores.
Ciudad de México, 29 de octubre de 2026.— La presidenta Claudia Sheinbaum elevó sus críticas contra Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar que defraudó la confianza de la ciudadanía y exigir que se investiguen las presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de proveedores y el manejo administrativo del organismo.
Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria sostuvo que la salida de Taddei no debe cerrar la revisión de los procedimientos cuestionados. Por ello, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizar una auditoría exhaustiva que permita determinar si existieron anomalías y quiénes serían responsables.
Sheinbaum insistió en que las investigaciones deben abarcar no solamente el periodo encabezado por Taddei, sino también las administraciones anteriores y los organismos electorales de las entidades federativas.
Contratos bajo la lupa
Uno de los principales cuestionamientos de la presidenta se centró en las empresas que, de acuerdo con sus señalamientos, han concentrado durante años contratos para producir materiales y documentación electoral.
La mandataria acusó que ciertos proveedores funcionan como intermediarios y que los mecanismos de contratación presuntamente les han permitido mantener una posición privilegiada en las licitaciones. Por ello, consideró necesario examinar cómo se asignaron esos contratos y si existieron condiciones que limitaran la competencia.
El planteamiento va más allá de una revisión administrativa a la gestión de Taddei. Sheinbaum sostuvo que deben investigarse prácticas que, según afirmó, se han prolongado durante más de dos décadas y que podrían involucrar tanto al INE como a los institutos electorales locales.
En ese contexto, propuso fortalecer a Talleres Gráficos de México para que participe en la producción de la mayor parte de la papelería electoral bajo un esquema que garantice precios justos, transparencia y supervisión. La intención, explicó, sería reducir la dependencia de intermediarios y modificar las condiciones en las que se contratan estos materiales.
La renuncia no cierra las investigaciones
Los señalamientos presidenciales se producen después de que la Cámara de Diputados recibió, el pasado 26 de octubre, la renuncia de Guadalupe Taddei, en medio de cuestionamientos sobre presuntos conflictos de interés y posibles irregularidades en licitaciones.
Tras su salida, el INE también informó sobre movimientos de personal relacionado con la oficina de la Presidencia y la revisión de posibles conductas indebidas.
Sheinbaum afirmó que las autoridades deben esclarecer los hechos antes de establecer responsabilidades. También recordó que Taddei llegó a la presidencia del instituto mediante el procedimiento de insaculación realizado en el Congreso de la Unión, y rechazó que su nombramiento hubiera sido decidido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La presidenta señaló que haber tenido anteriormente una opinión favorable de la exfuncionaria no significa que su gobierno vaya a protegerla si se acreditan irregularidades. Enfatizó que corresponde a las instancias competentes investigar y determinar las consecuencias legales que procedan.
También cuestiona los privilegios en el instituto
La revisión que plantea Sheinbaum incluye otros aspectos de la vida administrativa del INE, como sus fideicomisos, los gastos de infraestructura, las remuneraciones de altos funcionarios y los pagos por liquidaciones.
Asimismo, cuestionó la situación del expresidente del organismo, Lorenzo Córdova, respecto de su regreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y defendió que las reglas aplicables a las licencias y reincorporaciones académicas deben cumplirse de manera congruente.
Para la mandataria, el caso debe servir para revisar el funcionamiento de las instituciones electorales y establecer mecanismos que impidan la permanencia de posibles prácticas irregulares.
No obstante, reconoció que las acusaciones públicas no constituyen por sí mismas una resolución de culpabilidad. La investigación de la ASF y las actuaciones de las autoridades correspondientes serán determinantes para establecer si existieron faltas y deslindar responsabilidades.
Sheinbaum insistió en que la transparencia debe extenderse a todas las administraciones y que el INE debe quedar libre de sospechas de corrupción. El desafío será que las revisiones se traduzcan en resultados verificables y, en su caso, en sanciones sustentadas en pruebas, sin comprometer la autonomía ni la credibilidad de la autoridad electoral.