Empleados acusan que los dispositivos fueron colocados al interior de sus áreas de trabajo por instrucciones de la titular de Educación, Raquel Bonilla Herrera. Señalan un ambiente de intimidación y reclaman la intervención de Rocío Nahle.
Xalapa, Veracruz.– La vigilancia en las oficinas de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) llegó hasta los espacios donde los trabajadores realizan sus actividades cotidianas. La instalación de cámaras y micrófonos al interior de distintas áreas de la dependencia provocó inconformidad entre empleados, quienes consideran que la medida rebasa los límites de seguridad y constituye una forma de acoso laboral.
De acuerdo con una denuncia difundida por trabajadores y retomada por medios de comunicación locales, los dispositivos se estarían colocando por instrucciones de la secretaria de Educación, Raquel Bonilla Herrera, no solamente en pasillos y áreas comunes, sino también dentro de las oficinas administrativas.
La principal preocupación de los empleados es que los equipos no se limitarían a registrar imágenes, sino que contarían con micrófonos capaces de captar las conversaciones que sostienen durante su jornada laboral.
Los inconformes señalaron que anteriormente ya existían cámaras en los pasillos de las instalaciones, situación que identificaban como parte de las medidas de seguridad. Sin embargo, consideran que introducir dispositivos con grabación de audio en sus espacios de trabajo representa una intervención distinta en su privacidad.
Trabajadores denuncian intimidación y temor a represalias
La inconformidad no se limita a la colocación de los equipos. Los empleados también describieron un ambiente de temor dentro de la dependencia, donde, aseguran, existe preocupación por las consecuencias de expresar públicamente su desacuerdo.
En su denuncia, cuestionaron la falta de pronunciamiento de las organizaciones sindicales y lamentaron que tampoco los propios trabajadores se atrevan a manifestarse abiertamente.
“Los sindicatos están callados, pero lo más triste es que los trabajadores están igual y no dicen nada. Todos amenazados”, expresaron.
Ante esta situación, solicitaron la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García para que se revise la instalación de los dispositivos y se esclarezca quién autorizó su colocación, cuál es el propósito de grabar conversaciones y quién tendrá acceso al material obtenido.
También pidieron garantías de que ningún empleado sea intimidado o sancionado por cuestionar estas medidas.
¿Seguridad institucional o vigilancia del personal?
La controversia abre cuestionamientos sobre los límites de la videovigilancia en las dependencias públicas, particularmente cuando los equipos incorporan mecanismos para captar audio.
Aunque las cámaras pueden utilizarse para proteger instalaciones y prevenir incidentes, su implementación debe contar con una finalidad legítima, reglas claras y medidas que protejan la privacidad de las personas.
En este caso, los trabajadores exigen conocer si existe algún protocolo para el almacenamiento de las grabaciones, cuánto tiempo se conservarán, quién podrá consultarlas y si los empleados fueron informados sobre el alcance de la vigilancia.
La situación resulta particularmente relevante porque la propia SEV cuenta con un protocolo de actuación frente a casos de acoso laboral, en el que reconoce la importancia de garantizar ambientes de trabajo basados en el respeto a los derechos humanos y la dignidad del personal.
Hasta la publicación de la denuncia, no se había difundido una postura oficial de la dependencia ni de su titular para explicar los motivos de la instalación de cámaras y micrófonos.
Por ahora, los trabajadores esperan que la gobernadora intervenga y que las autoridades educativas den una explicación. Porque una cosa es proteger las instalaciones públicas y otra muy distinta es que los empleados tengan que preguntarse si cada conversación que sostienen en su oficina está siendo escuchada.