La polémica por los presuntos actos de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE) continúa sin que exista claridad sobre el avance de las investigaciones penales. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que todavía no cuenta con información de la Fiscalía General de la República (FGR) que confirme la apertura de una carpeta de investigación por las irregularidades denunciadas en el organismo electoral.
Durante su conferencia matutina de este martes 10 de noviembre, la mandataria explicó que preguntó directamente por el estado del caso, pero hasta ese momento no había recibido una respuesta concreta.
“Justo hoy le pregunté y todavía no tenía información”, señaló al ser cuestionada sobre las actuaciones de la Fiscalía frente a las denuncias relacionadas con posibles hechos de corrupción dentro del INE.
Sheinbaum explicó que a las reuniones del Gabinete de Seguridad generalmente acude el titular de la Agencia de Investigación Criminal, mientras que la fiscal general, Ernestina Godoy, participa dependiendo de su agenda, aproximadamente una vez por semana o cada quince días.
La Presidenta reconoció que existen diversas denuncias y sostuvo que corresponde a la FGR revisar los señalamientos, determinar si existen elementos suficientes y establecer qué posibles delitos podrían configurarse.
Contratos millonarios bajo la lupa
Las declaraciones ocurren en medio de los cuestionamientos por una presunta concentración de contratos para la adquisición de materiales electorales en un grupo de empresas vinculadas con los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
De acuerdo con información presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, compañías relacionadas con estos empresarios habrían obtenido contratos por aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos entre 2015 y 2025.
Los señalamientos también alcanzaron a la gestión de la entonces consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, debido a las presuntas relaciones entre proveedores y personas cercanas al organismo.
Ante estas acusaciones, Sheinbaum ha insistido en que el instituto debe transparentar sus procedimientos de contratación y revisar posibles irregularidades, al tiempo que ha rechazado que la defensa de la autonomía electoral deba impedir la fiscalización de sus recursos.
¿Quién debe investigar las irregularidades?
La mandataria ha explicado que existen diferentes vías para atender las anomalías detectadas en instituciones públicas. Si se trata de posibles faltas administrativas, deben intervenir las autoridades competentes en esa materia; cuando existen indicios de delitos, corresponde dar vista a la Fiscalía.
En ese esquema, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene un papel relevante en la revisión del manejo de los recursos públicos y en la presentación de denuncias cuando encuentra elementos que pudieran constituir delitos.
El pasado 3 de noviembre, Sheinbaum ya había señalado que la FGR no podía actuar únicamente a partir de declaraciones públicas, sino que debía existir una denuncia formal cuando se tratara de posibles responsabilidades penales.
La controversia también alcanza al partido Somos
En medio de la disputa por los señalamientos, el partido Somos rechazó las acusaciones que lo relacionan con los empresarios mencionados y anunció que prepara acciones legales contra la Presidenta y la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, por presunta difamación y daño moral.
La organización política sostiene que las acusaciones carecen de sustento y cuestiona que se le pretenda vincular con una supuesta red de irregularidades.
Por ahora, las declaraciones de Sheinbaum dejan pendiente una cuestión central: si las denuncias presentadas contra el INE ya derivaron en una investigación penal formal o si todavía están en proceso de revisión por las autoridades correspondientes.
Mientras tanto, los señalamientos sobre contratos, proveedores y posibles conflictos de interés mantienen bajo escrutinio al organismo electoral, en un momento en que la transparencia de sus procedimientos también cobra relevancia rumbo a los próximos procesos electorales.