COLUMNISTAS

La prisión de Aguirre puede alcanzar a Peña Nieto y a Calderón

Por: José Lima Cobos

En tanto el “gusano” mayor de Cuba en EEUU, Marco Rubio, secretario de Estado de ese país, amenaza con apretar cada día más la soga que tiene desde hace más de sesenta años el pueblo cubano en su cuello, a efecto de hacer que se arrodille al imperio que le sirve, en México, a doce años del crimen cometido contra estudiantes de Ayotzinapa, abre la posibilidad de que se conozca la verdad de ese crimen, que ha motivado la detención de quien era el gobernador de Guerrero en ese entonces, Ángel Aguirre Rivero, y que alcance al tranquilo Peña Nieto, que vive en España, al contar con una visa dorada que solo se conoce a quienes tienen un capital descomunal, que puede invertir y que sin duda provienen de la corrupción, de suyo ostensible, de quienes han ocupado cargos públicos.

Si la realidad que la pintan calva, en el sentido de que se ha demostrado que ese servidor público que gobernó ese Estado en dos ocasiones ordenó la destrucción de evidencias probatorias para no conocer el destino de los cuarenta y tres jóvenes aspirantes a maestros, ni duda se tiene que la condena que se le aplicará no será menor a cincuenta años y, al confesar que fue ordenada esa conducta por el presidente Peña, hasta allá se alcanzará el castigo y será el primer presidente que ocuparía un sitio en prisión y daría margen para que García Luna, sentenciado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, tenga la posibilidad de reducir su condena, si acepta que Calderón, que radica también en España, sea tocado por la jauría de los organismos de inteligencia, para que contribuya a esclarecer los crímenes que tienen a México como a un país violento, nacido, por supuesto, de la complicidad del gobierno norteamericano.

No hay que poner en duda, por ningún lado, que el gobierno de los Estados Unidos ha sido cómplice o complaciente con los delincuentes de su país y de muchos mexicanos para administrar los instrumentos esenciales, como son las armas de alto poder, que fabrica y construye, para enviarlas a los criminales del mundo, a efecto de enfrentarlos a las autoridades constituidas, y el caso más reciente, sin excluir el “Rápido y Furioso”, que se organizó entre el gobierno de los Estados Unidos y el presidente de México, Felipe Calderón, siendo el factor esencial García Luna, que parte de la acusación que existe en las cortes extranjeras se sustenta en este hecho y que se evidencia el contubernio con la detención de una reciente incautación de armas que se logró, ante las protestas del gobierno mexicano, y que ante la insistencia de que se combata ese contrabando, que se verá menguada la resistencia de la delincuencia, en gran parte a la que se tiene en varios estados en auténtico jaque, como Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Colima, etcétera, batalla que no se gana con extraer o secuestrar delincuentes -Mario Zambada o Chapitos- y ofrecer privilegios a sus familias, que forman parte de lo mismo, que de una u otra manera se engendró en las cúpulas del poder económico, con terrorismo que sirve a sus intereses mezquinos.

Al encontrarse la cobertura en el caso Ayotzinapa con la detención de funcionarios estatales de Guerrero, queda atrás la verdad histórica del procurador general de la República encarcelado, pero abre una avenida más amplia para que otros servidores más caigan de la gracia y se les denuncie por lo mismo, dado que no es admisible que, pese a ser conocido, de mucho tiempo atrás, el ocultamiento o destrucción de pruebas, solo sea Aguirre el que tenga toda la culpa, pues todos los involucrados tendrán que morder el polvo, pues si bien el exgobernador Aguirre consultó con el presidente Peña -eso no lo toma una sola persona-, la coalición para ese crimen tiene que ir a fondo y dejar atrás los prejuicios que, como se vio con el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, que en su oportunidad se señaló su relación con los Arellano, y vemos, por otro lado, como se integra un grupo de personas, encabezados por Álvarez Icaza y María Amparo Casar -esta es acusado por Pemex de un fraude de más de cuarenta millones contra Pemex-, que viene en su defensa, con el garlito de que es una cuestión política, es decir, desacreditar una investigación que será profunda, en cuanto al huachicol fiscal, donde, no hay duda, son muchos los “pollos” gordos coludidos.

 

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