Jubilados acusan al TSJ de Morelos de incumplir pago de pensiones
El Órgano de Administración del Tribunal Superior de Justicia de Morelos se resiste a cumplir y pagar en su totalidad 122 decretos de pensión y jubilación emitidos por el Congreso local, algunos desde hace ocho años y otros desde hace dos, bajo el argumento de falta de recursos.
De acuerdo con Consuelo Estrada Soto, dirigente del movimiento Justicia para los Jubilados, integrado por ex trabajadores del TSJ, la autoridad se niega a cubrir pensiones equivalentes al 75 por ciento del último salario, así como prestaciones, asignaciones y aguinaldo conforme al salario mínimo vigente, como establece la Ley del Servicio Civil de Morelos.
La dirigente criticó que, mientras se alega falta de presupuesto, los cinco integrantes del Órgano de Administración —designados en octubre de 2025— perciben alrededor de 143 mil pesos mensuales, además de un bono de riesgo de 26 mil pesos, lo que en conjunto supera el millón de pesos al mes.
En contraste, señaló que los 122 ex trabajadores, con trayectorias de entre 28 y 34 años de servicio, han tenido que recurrir a amparos para avanzar en sus trámites. Aunque algunos han sido incorporados a la nómina como jubilados, la mayoría recibe pagos incompletos y otros ni siquiera han logrado ese reconocimiento.
Añadió que continúan su lucha para que se les pague conforme a los decretos y a la ley, es decir, con el 75 por ciento de su salario, actualización con base en el salario mínimo y prestaciones como prima de antigüedad, vacaciones y aguinaldo.
“Tenemos que invertir no sólo dinero, sino también tiempo, esfuerzo y hasta la salud para lograr el cumplimiento de un decreto. Aquí se vulneran derechos humanos”, afirmó.
Explicó que, tras obtener el decreto —proceso que puede tardar alrededor de un año—, el propio órgano de administración intenta evitar el pago completo, otorgando en algunos casos incrementos parciales sin cubrir prestaciones, lo que obliga a promover nuevos amparos.
“Nos suben a la nómina, pero no pagan prestaciones; hay que iniciar otro proceso legal para reclamarlas”, denunció.
Indicó que estos procedimientos pueden extenderse por más de un año adicional, lo que ha generado desgaste entre los afectados. “Estamos cansados de que el mismo Poder Judicial, al que servimos durante décadas, ahora nos obligue a luchar por un derecho básico de subsistencia”, agregó.
Los jubilados estiman que los adeudos acumulados ascienden a cerca de 20 millones de pesos, cifra que consideran menor frente al gasto en la estructura administrativa actual.
Asimismo, acusaron que la integración del Órgano de Administración respondió a cuotas políticas. Señalaron que entre sus integrantes hay perfiles vinculados a diputados locales, como el panista Daniel Martínez, los morenistas Rafael Reyes e Isaac Pimentel, así como a la gobernadora Margarita González Saravia, lo que —afirman— evidencia un reparto de cargos.
Ante esta situación, los ex trabajadores demandaron la intervención de la mandataria estatal para que instruya el cumplimiento de los decretos y el pago íntegro de sus prestaciones. También denunciaron falta de diálogo, ya que, pese a solicitar audiencias desde el inicio de su movimiento este año, no han sido recibidos.
“Se habla de un gobierno de puertas abiertas, pero no hemos tenido ni una sola reunión”, sostuvo Estrada Soto.