Desaire de Maru Campos al Senado provoca discusiones entre legisladores de Morena y el PAN

Legisladores de Morena advirtieron desde el pleno del Senado que “la transgresión a la Constitución” en que incurrieron la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos y otras autoridades de la entidad, “es de tal magnitud, que amerita responsabilidades políticas, pero también penales, toda vez que permitir la actuación de agentes extranjeros en un operativo contra el narcotráfico se configura el delito de traición a la patria.

El hecho de que Campos no asistió a la reunión de trabajo a la que se le había invitado y que antes de informar de ello a los órganos de gobierno del Senado, lo hubiera hecho público en algunos medios de difusión, provocó un acre debate en esa cámara del Congreso que confrontó a morenistas con los panistas, en medio de reclamos, que en el caso de los blanquizules llegaron al insulto y las descalificaciones.

Antes del debate, que fue el último tema de la sesión de hoy, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, deploró que se hubiera enterado de que la gobernadora de Chihuahua no asistiría por los medios de comunicación y aclaró que Campos no se comunicó con él un día antes, como lo había expresado el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Oscar Cantón Zetina.

Durante más de dos horas, los guindas y los azules se confrontaron. Los primeros reprocharon las versiones contradictorias de Campos, y del ex fiscal César Jáuregui Moreno, la “ilegal creación” de la Unidad especializada de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, para investigar hechos en los que participaron agentes extranjeros en acciones operativas en territorio nacional.

Los senadores morenistas Oscar Cantón Zetina, Enrique Inzunza, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Javier Corral, Juan Carlos Loera y Nora Elena Yu Hernández -esta última la suplente de Andrea Chávez- consideraron una farsa y una cobardía que se pretenda responsabilizar de la presencia de agentes de la CIA en el desmantelamiento de un narco laboratorio al comandante Pedro Ramón Oceguera.

Este último, resaltaron falleció en el accidente automovilístico en que perdieron también la vida los agentes estadunidenses. “Ni culpando a los muertos van a evitar toda la responsabilidad que tuvieron los vivos”, les advirtió el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

En bloque los panistas defendieron a la gobernadora Campos. No asistió, dijo, el coordinador Ricardo Anaya -quién la semana pasada sostuvo que la gobernadora iría a la reunión, para darles lecciones de cómo se combate el narcotráfico- porque se pretendía “un linchamiento”.

Es, agregó, un “razonamiento esquizofrénico” que se quiera juzgar “´por el “gravísimo pecado de recibir información de la CIA” que permitió destruir un laboratorio de narcotraficantes.

Sin embargo, a nombre de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Nacional, el senador Cantón Cetina Cantón Zetina enumeró las graves violaciones a la Constitución, en especial al Artículo 117 de la Carta Magna que establece que las entidades federativas no pueden, en ningún caso, celebrar alianzas con países extranjeros.

“Corresponde al Senado de la República, en ejercicio de su función como órgano de control político, representación federal y defensor del pacto constitucional, establecer con claridad que cualquier actuación de autoridades locales que comprometa la soberanía, invada competencias federales o ponga en riesgo la seguridad nacional debe ser investigada exhaustivamente y en su caso dar lugar a las responsabilidades políticas, administrativas o penales conducentes en estricto apego al Estado de derecho”.

Por su parte, el senador Enrique Inzunza advirtió que la creación de la Unidad Especializada de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, para investigar hechos en los que participaron agentes extranjeros en acciones operativas en territorio nacional, , vulnera el orden constitucional de competencias y una facultad exclusiva de la Fiscalía General de la República (FGR), en materia de delitos federales.

Por ello, “las investigaciones que pretendidamente realiza dicha fiscalía son actos afectados de nulidad y de ilegalidad, por carecer de competencia, y pueden configurar la comisión de un delito contra la administración de justicia, exigible tanto a su titular, la C. Wendy Chávez Villanueva, como a la propia Gobernadora del Estado de Chihuahua”.

El magistrado en retiro consideró asimismo que se trata de “una cortada” de la gobernadora ya que a través de esa Unidad “se va a investigar a sí misma” , además de las versiones cambiantes del renunciado ex fiscal César Jáuregui, ameritan responsabilidades políticas.

En entrevista final, el coordinador Mier no descartó la posibilidad de juicio político , pero será la FGR “la que le dé cauce a este asunto”, que ya investiga.