Víctimas de la violencia, los principales “opositores” del gobierno

Por Aurelio Contreras Moreno
Entre los muchos rubros en los que el régimen obradorista en su conjunto ha
demostrado su lado más miserable, el tema de los desaparecidos es uno de los
peores.
Desde hace varios meses, los gobiernos de Morena en todos los niveles, pero
especialmente el federal, se pusieron una meta: reducir –maquillar, mejor dicho-
las cifras de personas desaparecidas en el país de una manera grotesca,
simplemente borrándolas de los padrones para dar una imagen de que se
“resolvió” el problema.
El pasado mes de marzo, la organización de la sociedad civil Data Cívica dio a
conocer la plataforma digital “Volver a Desaparecer”, por medio de la cual
contrastan distintos registros de personas desaparecidas.
Entre sus hallazgos, detectaron que al menos 10 mil 953 nombres de personas
fueron borrados en el nuevo censo que mandó hacer el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador y que, se supone, deberían corresponder a personas que
ya habían sido localizadas.
Sin embargo, en la gran mayoría de los casos los nombres simplemente fueron
borrados sin dar ni siquiera con indicios del paradero de las personas
desaparecidas, como lo corroboraron varias familias y madres buscadoras. De un
plumazo, el gobierno del “humanismo mexicano” los volvió a desaparecer.
A ello hay que sumar la brutal indolencia de un gobierno paranoico que en
cualquier manifestación y reclamo porque cumpla con sus responsabilidades ve un
“complot”, una maquinación o, en el extremo de la “conspiracionitis”, un intento de
dizque “golpe blando”, y que bajo ese pretexto se negó no solo a atender a los
colectivos de búsqueda, sino que ni siquiera los escucha. Ni los ve ni los oye, a lo
salinista.
Ello ha obligado a las madres buscadoras a hacer por su cuenta el trabajo que los
gobiernos –los estatales, como el de Veracruz, están igual o peor- han rechazado
realizar: investigar, abrir la tierra con sus manos y sacar los restos de quienes
esperan sean sus seres queridos, de los que no han sabido nada, en varios casos,
desde hace más de una década.
Una de ellas es Cecilia Flores, quien desde hace meses tomó una postura firme y
valiente de exigencia al régimen obradorista, del que en un principio solo obtuvo
desdén. Y ahora, una campaña de descalificación con todo el poder del Estado.
Como acostumbran estos aprendices de tiranos.
Esta semana, Cecilia Flores dio a conocer el hallazgo de lo que aparenta ser un
crematorio y una fosa clandestina en las inmediaciones entre las alcaldías de
Iztapalapa y Tlalpan, donde había restos óseos que, dio por hecho, correspondían
a seres humanos, así como identificaciones de personas.
En su cuenta en X, la madre buscadora publicó: “Dos días llevamos en este lugar,
trabajando, explorando, y encontramos restos humanos en unas fosas
clandestinas. Tenemos la esperanza que con la tecnología que tienen las

autoridades, puedan hacer algo por localizar lo que quede de algunas personas
aquí”. Sin descalificar ni echar culpas de algo a ninguna autoridad.
Con una celeridad inaudita, la Fiscalía de la Ciudad de México “encontró” en su
casa a las personas cuyas identificaciones aparecieron en el lugar y determinó, en
un día, que los restos no correspondían a seres humanos, sino a perros, lanzando
a la par una campaña de desprestigio contra Cecilia Flores. ¿Por qué? Porque
cometió el “pecado” de acercarse a la candidata presidencial opositora Xóchitl
Gálvez, quien hizo lo que López Obrador se negó a hacer: escucharla.
La increíble “eficiencia” de la Fiscalía capitalina no deja conforme a nadie. Su
titular, Ulises Lara, es el mismo que para arribar al cargo se sacó de la manga un
título en Derecho en cuestión de días en una escuela “patito”; es el mismo que
desestimó nuevas evidencias en el caso del multihomicidio de la Narvarte que
involucran directamente a un empleado de la institución; y es el ex cuñado del jefe
de Gobierno Martí Batres, quien en “nado sincronizado” con el presidente López
Obrador, salió a decir que se trataba de un “montaje” con fines políticos, coro al
que se unieron varios medios afines al obradorato y hasta periodistas alguna vez
serios, “tetratransformados” en matraqueros.
La reacción de las autoridades ha sido la constante durante todo el sexenio, que
en muchos sentidos ha sido peor que los anteriores ante las crisis humanitarias
que aquejan al país desde hace más de una década, y que fueron lo mismo
incapaces que omisos –y quizás hasta cómplices- para siquiera intentar
atenderlas.
Otro organismo no gubernamental, Causa en Común, publicó un posicionamiento
en el que señaló que “es inaceptable que, ante un país que enfrenta a diario la
crisis de desapariciones y violencia, las autoridades opten por desmentir y
desacreditar las denuncias legítimas de la sociedad civil. Es preocupante que se
intente minimizar la gravedad de indicios o posibles hallazgos de restos humanos,
en vez de abordar con formalidad una investigación seria. Y, por supuesto, es
indignante que las autoridades concluyan rápidamente sus investigaciones y que
éstas siempre apunten a que las madres que buscan a sus hijos no son más que
‘montajes’ con fines políticos”.
“Como ciudadanía no debemos perder la capacidad de indignarnos ante la
indiferencia y la negligencia con la que nuestras autoridades tratan temas tan
cercanos y delicados. El delirio de persecución que ha desarrollado nuestro
gobierno ha convertido a las víctimas de la violencia en este país en los
principales opositores de su gobierno”, aseveró la ONG.
Cecilia Flores, a su vez, publicó en su red social que “en la Ciudad de México
existen tantas fosas como en el resto del país, solo que aquí prefieren dejar a
nuestros hijos enterrados o incinerados antes de aceptar que hay una realidad que
duele”.
Así de miserables son.