COLUMNISTAS

Culpan al gobierno de errores del pasado

Por Ángel Álvaro Peña

Actualmente los miembros de la oposición adjudican sus errores cuando eran gobierno a la actual administración, como si los mexicanos carecieran de memoria, y quieren convertirse en santas palomas en nombre de la amnesia.

La urgente necesidad de convertirse en la parte bondadosa de la historia reciente del país, las decisiones que tomaron en el pasado que implicaban actos de corrupción, entreguismo y enriquecimiento personal de los funcionarios públicos, los obliga a esconderse tras el supuesto olvido de la gente.

Humberto Moreira, sucesor de su hermano en la gubernatura de Coahuila, donde le cubrió las espaldas para no ser encarcelado, presentó una reserva para proponer reasignar 50 mil millones de pesos del Fobaproa para crear un fondo de reconstrucción para Acapulco.

«Es muy sencillo, (…) el dinero que nosotros estamos pidiendo, que se dedique a Acapulco y a la pobreza, no es del presupuesto, es de sus adversarios: los ricos, la ultraderecha, los conservadores, los que se beneficiaron», expuso.

Al respecto, el presidente López Obrador recordó que fueron los priistas quienes aprobaron el Fobaproa, criticando la propuesta de Moreira Valdez, puesto que el mandatario consideró que derivaría en una crisis financiera internacional.

Cabe señalar que la revista “Forbes”, coloca al ex gobernador, Humberto Moreira Valdés dentro de diciembre de 2013, entre los 10 personajes más corruptos de México.

El mismo Rubén Moreira, secretario general del CEN del PRI, advirtió que “Ante la mermada situación económica por la que atraviesan la mayoría de los mexicanos, resulta insensible subir el peaje de las autopistas y puentes concesionados al Fondo Nacional de Infraestructura, sobre todo cuando en los últimos meses se ha visto el incremento en la inseguridad y la falta de mantenimiento en la red carretera nacional”.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI criticó que ahora sean los usuarios los que tengan que pagar la falta de compromiso de los legisladores de Morena, quienes por su terquedad de no cambiar ni una coma al presupuesto presentado por el Ejecutivo Federal para 2024, no hayan dado recursos suficientes para el mantenimiento de las autopistas y ahora les carguen el aumento de tres por ciento de peaje.

Aseguró que este ajuste en las tarifas pega directo en los bolsillos de los mexicanos, en una temporada en la que se incrementa el transporte de víveres y otro tipo de enseres, en víspera de la temporada navideña, aunado a que inicia la prevalencia de enfermedades respiratorias que causa mayores gastos familiares.

Lo que olvida Moreira o quiere hacer olvidar, es que el incremento de las tarifas de peaje ni es responsabilidad de la actual administración sino producto de contratos de los sexenios anteriores, de los que él y su hermano formaron parte, que comprometieron dichos incrementos a futuro.

Promotora y Operadora de Infraestructura es una de las principales operadoras de concesiones carreteras y además maneja 5 de las 10 carreteras concesionadas más caras de México.

De acuerdo con datos de la SCT, en la autopista México-La Marquesa, circular por cada kilómetro cuesta 3.3 pesos; la San Martín Texmelucan-Tlaxcala, que cobra 3 pesos por kilómetro; la Ecatepec-Pirámides, de 2.8 pesos por kilómetro; la Armería-Manzanillo, con 2.6 pesos por kilómetro; y la Peñón-Texcoco, en la que se pagan 2.5 pesos por kilómetro, se encuentran entre las más costosas del país, excluyendo túneles y puentes.

Aunque las concesiones carreteras en promedio duran en manos de privados 30 años.

Las cuotas de las autopistas se determinan considerando los gastos de inversión y de operación, así como la demanda que tendrá la vialidad; todos estos factores generarán flujos que al final de la concesión permitirán que la empresa que opera la autopista recupere su inversión y los costos de mantenimiento.

Las cuotas se incrementan anualmente, según contratos formados en línea con la inflación, y dependiendo de los estatutos de los títulos de concesión, es decir, los acuerdos se cierran al iniciar su construcción y no es decidida por los gobiernos posteriores.

Las concesiones carreteras otorgadas en los últimos sexenios arrojan ganancias millonarias para las empresas autorizadas en gobiernos anteriores para explotar caminos.

La autopista más rentable es la México-Querétaro, sólo en 2020 y a pesar de la pandemia, recibió 5 millones 343 mil 826 pesos.

Esos contratos leoninos fueron firmados por priistas y panistas los sexenios anteriores. Los contratos sospechosos de corruptelas se realizaron en el Estado de México con la empresa española OHL, que encabeza Andrés de Oteyza, cuando era gobernador Eruviel Ávila y secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Todos del mismo partido que Rubén Moreira, el PRI.

Por si esto fuera poco, el panista Javier Lozano revienta de coraje y grita desesperado asegurando que se violan todas las leyes desde el momento en que el Presidente de la República nombra una terna de abogados para convertirse en ministros de la Suprema Corte de Justicia, porque se sabe que de no contar con dos terceras partes de los votos del Senado, en dos intentos consecutivos, la designación del nuevo magistrada o magistrado será directamente hecha por el Jefe del Ejecutivo.

Así lo determina, desde hace muchos años, el artículo 96 de la Constitución, que a la letra dice: “Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República”.

No hay violación a la ley ni voluntad que no esté dentro de la Constitución, pero ahora quieren culpar de todo a López Obrador ante la imposibilidad de tener la fuerza electoral que desearan para las próximas elecciones.