Gobierno sin derecho igual a decadencia
Por Alberto Woolrich Ortíz
Cuentan las leyes bien intencionadas que en los Estados Unidos Mexicanos se tiene y debe de conservar el gobierno de iure o de derecho en razón a que fue constituido de manera legal y, debe de desenvolverse acorde a los fines y excelsos principios jurídicos consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las mismas lenguas también ventilan que Montesquieu dijo de manera muy elegante que: “la descomposición de todo gobierno comienza por la decadencia de los principios sobre los cuales fue fundado”.
A la par, esas personas bien preparadas refieren que una transformación política en un estado soberano de derecho sólo se lleva a cabo a través de su orden jurídico, ya que con ocurrencias ese estado de derecho sólo se convierte en un gobierno de hecho y ello acontece cuando el gobernante desconoce de propia autoridad el orden institucional inserto en esa Constitución Política antes mencionada. Tal podría ser el caso si la Cuarta Transformación de la nación desconozca, no acate o ignore el orden jurídico establecido en la Carta de 1917 y entregue o lleve a México a un desorden y ausencia del estado de derecho.
Según los grandes entendidos sobre éste tópico, México se encuentra en el filo de la navaja en la actual época política, ya que de un gobierno de derecho se puede convertir, sin más, en un gobierno de hecho, más que en ninguna otra época, y, ello acontecería no sólo por la problemática interna del estado, sino también por problemas derivados del orden internacional.
Esos mexicanos de bien y también mejor ilustrados, hacen saber que cualquier problema de perturbación del orden jurídico dentro de ese estado de derecho se convierte en una lucha de ideologías y por consecuencia lógica da luz a un proceso contradictorio, el cuál resultaría bien dañino para México.
La gravedad de esa contienda de ideologías y, por sobre todo si una de ellas es ajena a la idiosincrasia del mexicano y de la propia carta magna, daría origen a situaciones no sólo ásperas, sino peligrosas para la subsistencia de ese ya muy referido estado de derecho.
Los Estados Unidos Mexicanos desde el nacimiento en Querétaro de nuestro pacto federal, ha vivido en un orden de legalidad de forma pacífica y tranquila, sin divisionismo social y sin problemas que alteren el orden jurídico por ocurrencia alguna, siempre acorde con la ley, es decir satisfaciendo los requisitos en los que el gobernante la acata, no desdiciéndola o despechándola con políticas como “no somos iguales” “besos y abrazos a la delincuencia”.
Nuestro supremo mandato constitucional prevé que los gobernantes pueden ser destituidos y puestos a disposición de un órgano jurisdiccional en aplicación de leyes de responsabilidades o siguiendo los cánones establecidos por los propios arábigos insertos en la Constitución.
El consentir, aplaudir, encubrir o persistir en la no investigación de la narco-política en un caso grave para la justicia de México.
¿Hasta cuándo el pueblo va a exigir el cumplimiento de la Ley?
Es cuanto
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio de Abogados de México, A.C.
