AMLO o la sublime corrupción e impunidad de la Corte
Por José Lima Cobos
Al presentar su renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia, Vázquez del Mercado fue enfático en precisar que lo hacia por “dignidad”, sin embargo, el presidente Portes Gil la aceptó —y se lo hizo saber al Senado de la República— pero que la aceptación se constriñera a que era por “indigno”, es decir, por no aceptar que se violara el amparo concedido por un juez en contra de la expulsión del país de Luis Cabrera, ideólogo de la ley agraria del seis de enero de 1915, hecho histórico que no creo que se repita —al menos en este momento y en las mismas condiciones— cuando el Presidente de la República ha denunciado a los ministros de estar a favor de castas privilegiadas y que al servicio de una minoría rapaz, voraz y saqueadora de los bienes de la nación que es el pueblo mexicano, en síntesis señalamientos graves que, con un poco de vergüenza en colectivo, dejarían la toga y el birrete para pasar a la abominable soledad de la ignominia.
MINISTROS ELECTOS POR EL PUEBLO
El señalamiento del jefe del ejecutivo federal es claro, quien se supone y se afirma que es enemigo de la democracia y que es un dictador, no se muerden la lengua larga que poseen cuando deberían de aplaudir para que los ministros, jueces y magistrados sean electos por el pueblo y jamás que sea el presidente el que los proponga, pues es evidente la molestia que sufre ahora el presidente López Obrador que después de haber propuesto a cuatro ministros para conformar los once que componen ese poder, cuatro de ellos, dos formen parte de la corrupción y la ambición económica, porque ninguno de ellos —los cuatro—se sujetaron a lo que señala la Constitución en su Artículo 127 que nadie puede ni debe ganar más que el Presidente de la República y, ninguno de ellos, tuvo la dignidad de hacerlo, es decir, son vulgares sinecuras que solo les interesa la placenta del gobierno.
Los connotados constitucionalistas que apoyan y aplauden a rabiar la actitud de nueve ministros de la Corte y que supuestamente tienen mucha dignidad y pudor jurídico y que sirven al país y están a favor de la constitucionalidad y que defienden el estado de derecho y la división de poderes creen que aceptamos ciegamente sus pronunciamientos, —seguramente forman parte de los intereses creados por la corrupción e impunidad que prevalece— pues esa actitud demuestra que el fondo de esa Reforma Electoral encierra que se quitan los privilegios criminales que once ministros tiene en contra de los intereses nacionales, siendo el pretexto que su actitud es de honestidad que está demostrado que la corrupción que prevalece es la más grave que sufre el país, al erogar más de 75 millones de pesos en un Tribunal que no está al servicio de la nación porque ha sido condenado, no la Corte, si no el Estado mexicano de muchos crimines en las cortes internacionales y de manera enunciativa, se puede ver el caso de Atenco, Acteal, Ayotzinapa, Radilla, Cacho y cientos más, es decir, ha servido de tapadera de la impunidad y corrupción en los gobiernos en turno por sumisión y servilismo de sus integrantes que ahora presumen, o pretenden presumir de independencia, pero que no acepta su corrupción o el proxenetismo que ha imperado en su interior.
Si la valoración que tiene la Suprema Corte es nula, descalificada por completo, negligente, carente de profesionalismo y perversidad en sus determinaciones, es porque ninguno ha querido actuar en su contra y no es hasta ahora cuando se alumbra la esperanza de que algo surja, como es que exista la elección directa en que se tome en cuenta al pueblo y que ya no sea el Presidente de la República el que los proponga, sin embargo, no sería nada excepcional que se fincara responsabilidad a los ministros, diputados, senadores, gobernadores y todos los demás servidores públicos que incurran en responsabilidad y se procediera como ya está previsto en la Constitución —Artículo 110— y si la oportunidad existe ahora, es conveniente que funcione en bien de la nación, precedente de la mayor relevancia y de efectividad inmediato, desenmascarar toda la simulación.
Si la corte y sus ministros violan la ley de contabilidad y responsabilidad hacendaria y perciben sueldos superiores al Presidente de la República —Artículo 127— el juicio político debe promoverse para que se les castigue severamente, sin ninguna consideración, por se delincuentes confesos y además prepotentes y arrogantes y ser servidores públicos, sin embargo, la fiscalía de la federación, obligada a cumplir con el Artículo 102 constitucional no cumple con su responsabilidad y la corrupción e impunidad se empodera e involucra a la nación.
Los que festinan esta actitud de la Suprema Corte y la aplauden de manera hasta criminal, no sen que se viola el Artículo 105 constitucional y su ley reglamentaria que prohíbe la suspensión de los efectos de una ley, sin embargo, engallados de que en este país no pasa nada, se cuelgan y el negocio es redondo porque, sin se entrara al fondo de lo que señalan las reformas, —famoso Plan B—necesariamente se vería hasta donde llega la perversidad de los ministros, por ello, el juicio políticos tiene que ser un reclamo general antes que sea demasiado tarde y los diputados y senadores tienen que actuar porque en ellos, radica la soberanía nacional que dimana del pueblo y se constituye para su beneficio, luego entonces, quedarse callados es complicidad.
Si la tolerancia de fincar responsabilidades a los criminales se sigue empoderando en la Suprema Corte por no existir consecuencias, pobre país el nuestro, ahí está Cabeza de Vaca porque el ministro González propuesto por López Obrador, dejó sin efectos una resolución producto de un juicio político, que es inatacable, no sufrió consecuencias y algo peor, que la segunda sala de la corte integrada por Pérez Dayan, Franco, Laynez, Esquivel, hayan aprobado una jurisprudencia a propuesta del ministro Medina Mora, para que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda no pudiera actuar contra el lavado de dinero, si no existía una petición de un gobierno extranjero, y lo peor la votación de 230 diputados en contra de la Reforma Eléctrica para impedir su entrega a intereses de otros países, que de acuerdo con el Código Penal es traición a la patria que en el anecdotario que se puede esperar.
No se necesita que se elijan a los ministros, jueces y magistrados, solo que se aplique la ley a todos los que la violenten y si los ministros andan muy “sáquele punta” presumiendo de su actuar irresponsable que se investigue o se integre un tribunal independiente, mediante insaculación, para esta crisis o escándalos de circunstancia, se sepulten y que se observe que son los primeros a quienes se les debe de aplicar, sin contemplaciones ni miramiento alguno porque, si la ley es la ley, háganosla efectiva.
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