Nueva Ley Minera podría provocar amparos y pérdidas por miles mdd en inversión
CIUDAD DE MÉXICO. Preven analistas financieros en México que la Ley de Minera podría provocará la pérdida de hasta 9 mil millones de dólares de inversión en 23 proyectos previstos entre 2023 y 2028, ademas de generará amparos de empresas de Estados Unidos y Canadá.
Aunque la nueva Ley Minera no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, un estudio de Intercam Banco, se subraya que “aunque el Estado pretende recuperar su rectoría sobre los recursos minerales del país, de acuerdo con la Cámara Minera de México (Camimex) las modificaciones afectarán a cuando menos 70 sectores industriales, entre ellos el automotriz, farmacéutico y tecnológico”
Se explica que unas 40 compañías de Canadá y EU que operan en México ya han manifestado su intención de ampararse ante la imposición de cartas de crédito para garantizar los daños en concesiones ya otorgadas.
Se agrega que ante el hecho de que el gobierno pueda “legalizar” el monopolio de exploración para Servicio Geológico Mexicano el SGM, habrá perjuicios para las empresas privadas del sector minero.
Los cambios aprobados en la Ley Minera por los legisladores de Morena generan un clima de incertidumbre, socava la confianza y desincentiva la inversión privada al reducir el plazo de las concesiones mineras.
Se teme que esto afecte la rentabilidad de las empresas, disuada nuevas inversiones y obstaculice el crecimiento económico del país. Asimismo, se ha señalado que la reforma establece un monopolio estatal en la exploración de minerales, lo que podría paralizar el sector.
Esta sería la segunda ocasión en que se efectúan cambios a las leyes mineras durante esta administración, después de la nacionalización del litio.
Las leyes afectadas incluyen la Ley de Aguas Nacionales, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley Minera.
Estas reformas tienen como objetivo limitar y regular el otorgamiento de concesiones para la explotación de minerales en el país. Además, eliminan la minería como una actividad preferente y establecen la obligación de realizar procesos de consulta ante los pueblos y comunidades en las que se deseen asentar las actividades mineras.
