Ciudadanía de las mexicanas

 

Por Zaida Alicia Lladó Castillo

 

 

“Ruiz Cortines pasará a la historia como el Presidente visionario, porque incorporó a la vida democrática al otro 50 % de la población votante… de esta manera se nos reconoció nacionalmente a las mujeres en el derecho de votar y ser electas y así se extendió plenamente nuestra participación”

Margarita García Flores  

-Dirigente Nacional Femenil del PRI en 1952-

 

 

PARTE 1

Un 17 de octubre de 1953, las mexicanas adquirimos nuestros derechos políticos, en virtud de que, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la reforma a los artículos 34 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obedeció a la respuesta y aprobación del Congreso Mexicano a la iniciativa presentada por el entonces Presidente de la República Adolfo Ruiz Cortines de otorgarles sus derechos políticos.

Y aunque la consecución del voto universal fue un gran logro sin duda, habían de pasar muchos años más de luchas y altibajos para que las mujeres pudieran gozar del respeto a sus derechos plenos en todos los ámbitos. Por eso hoy en esta fecha, quiero reflexionar en lo siguiente: ¿con la obtención de los derechos políticos, las mujeres hemos logrado ser “ricas en ciudadanía”? ¿existen demandas no resueltas por las que debemos seguir luchando?

Para dar respuesta a estos cuestionamientos, ubiquemos algunos conceptos. Si bien es cierto que al concepto de ciudadanía se le ha relacionado básicamente con el ejercicio de los derechos políticos, la realidad es que el término va más allá, pues está ligado a los procesos de construcción sociocultural y a las dinámicas de democratización social y política. Sobre ello, Thomas Marchall, establece que la ciudadanía se debe dar en virtud del tratamiento conjunto a los derechos: a) civiles, b) sociales y c) políticos.

La ciudadanía civil, que ampara los derechos y obligaciones de los individuos frente a la Ley. La ciudadanía social, que se refiere a las prerrogativas de las personas de gozar de un estándar mínimo de bienestar económico, social y de seguridad. La ciudadanía política, que implica el derecho a la participación democrática, ejerciendo con libertad la voluntad de elegir sus representantes, como igualmente la oportunidad de poder ser electos.

Pero también, a ese tratamiento que propone Marchall, en los hechos, se puede agregar la ciudadanía en su concepción psicosocial: por identidad y pertenencia, que ampara – además de las tres mencionadas-, el derecho de los individuos a ser aceptados en su grupo social, comunidad o territorio. Y ello implica, poder ser incluido y aceptado independientemente de su condición social, sexo, etnia, nacionalidad, religión o cultura que ostente. Luego entonces, el ideal es poseer la ciudadanía civil, social, política y también, la de identidad, lo que para Bustelo (1997), refiere como “riqueza de ciudadanía”. 

En el caso de las mexicanas, antes de 1953, al estar vetadas en sus derechos políticos, resentían la frustración de que, aun poseyendo la natividad e identidad, carecían de certeza jurídica como ciudadanas. Y ello era producto de la cultura que prevalecía en esa época en el país, que fortalecía las formas de dependencia y sometimiento de la mujer frente al hombre ubicando a estas, como sujetos invisibles, no actuantes y, por ende, impedidas a la participación, limitadas en derechos y en la toma de decisiones en cualquier tipo de contexto en el que convivieran o desearan incursionar. Y esa cultura imperante, contribuyó por siglos a que estas se percibieran inseguras, en lo individual, cultural, económico, social y político.

También en el ámbito político, antes de 1953, las mexicanas sufrieron marginación y exclusión. Se cometieron muchas injusticias con mujeres con liderazgos naturales probados, que eran vistas como “bichos raros” cuando pretendían interesarse en los asuntos públicos. Mujeres que buscaron candidaturas e incluso ganaron elecciones, pero, nunca les fueron reconocidos sus triunfos o fueron obligadas a renunciar por no convenir su presencia a los intereses de los hombres que ostentaban el poder. Hoy solo menciono a 7 de ellas:

1.-Rosa Torre G. (1890-1973). –Primera mujer regidora que ocupó un cargo en un ayuntamiento mexicano, en 1922, el de Mérida, Yuc. Esto fue posible por las reformas impulsadas por el gobernador Felipe Carrillo Puerto, de permitir en las leyes locales la participación de las mujeres en los cargos de representación municipal. Sin embargo, a la caída del gobierno, es obligada a renunciar.

2.-Elvia Carrillo Puerto (1878-1968), Raquel Dzib Cicero (1882-1949) y Beatriz Peniche Barrera. (1893-1976). El 18 de noviembre de 1923 contendieron tres mujeres Yucatecas y ganaron posiciones en la Legislatura local: Elvia Carrillo por el distrito de Izamal, Raquel Dzib y Beatriz Peniche por el primero y segundo distrito de Mérida respectivamente. Ellas formaban parte de la Liga “Rita Cetina”.  Sin embargo, su presencia en ese cuerpo legislativo fue breve, pues a la caída del gobierno y asesinato, en 1924, del gobernador Felipe Carrillo Puerto, fueron forzadas a abandonar el cargo. Elvia Carrillo Puerto, se exilió en San Luis Potosí, estado que había reconocido localmente el derecho al voto femenino. Al poco tiempo se postula, gana y nuevamente le es desconocido su triunfo.

4.- Soledad Orozco de Ávila (1904-1996). En Guanajuato en 1937, por primera vez el Congreso local permitió la participación de una mujer para las elecciones de diputados locales, pero inconformidades de la Federación de Trabajadores de León originó que se le desconociera su postulación.

5.- María Tinoco Y Enriqueta L. de Pulgarón, en 1936 en Veracruz, el PNR lanzó sus candidaturas a Diputadas locales, pero a pesar de contar con el apoyo de su partido, el departamento electoral nacional no aceptó su registro.

Y estos hechos, de discriminación y exclusión de las mujeres, fueron una constante a través de los años en muchas partes del país. A algunas de ellas, la historia las registra, a otras ni siquiera las recuerda.

Pero la lucha contra la desigualdad y a favor del sufragio, no podía quedar mucho tiempo en reserva. Y es justo reconocer, la contribución en el país de las primeras expresiones feministas en el periodismo, la literatura y las nuevas formas organizadas de participación social y política que emergían y recogían las inquietudes de ellas en su aspiración de lograr la igualdad. A través de los medios y escritos muchas mujeres buscaron promover su afán liberal. Caso emblemático fue, la escritora mexicana Laureana Wright Kleinhans, quien planteó por primera vez en un medio impreso la necesidad de otorgar a estas el derecho al sufragio, en su Revista “Violetas de Anáhuac” editada entre 1884 y 1887. Igualmente los hicieron, las mujeres campesinas y obreras que participaron en sus centrales y agrupaciones promoviendo causas como, mejores condiciones para el campo y el trabajo, en las primeras décadas del siglo XX.

La negativa del Constituyente de Querétaro a las mexicanas -pese a la presión que Hermila Galindo y agremiadas que en las puertas del recinto ejercieran-, hizo que en  los siguientes años se multiplicaron las formas de participación organizada y se conformaron las primeras Ligas y Consejos feministas que dieron pie a los primeros Congresos o Asambleas, como el celebrado en Yucatán del 13 al 16 de Enero de 1916 , así como, el nacimiento de la Liga Panamericana de Mujeres en el DF, el Frente Pro-derechos de la Mujer, entre otras, que lograron presencia en el plano nacional, ya en la tercera y cuarta década del siglo XX.

Y es que las mexicanas, respecto a otras naciones, estaban rezagadas en sus derechos políticos.  Sólo como ejemplo, Nueva Zelanda -que fue el primer país que otorgó el derecho al voto a las mujeres- lo hace en 1893. Rusia en 1917; Reino Unido y Estados Unidos en 1918; Canadá 1922 (en Quebec hasta 1940).  Uruguay en 1927 (pero como Plebiscito local). En 1930 Sudáfrica (solo las mujeres blancas); España en 1931; Francia lo hace 1945; Japón 1946, etc. Argentina fue el primer país de Latinoamérica que lo otorga a nivel nacional, en 1947; Chile en 1949, solo por mencionar algunos.

Algo que contribuyó al avance de las mujeres en la política, fue su injerencia en los asuntos públicos a través de los partidos políticos, situación que ya se venía realizando en muchas partes del mundo, desde el siglo XIX e inicios del XX. Esos antecedentes fueron un detonante para que las mexicanas intensificaran su lucha.

A la creación en 1929 del Partido Nacional Revolucionario (PNR) -primer antecedente del PRI-, en su Declaración de Principios había dejado previsto en el punto 1 párrafo 3º: “se ayudará y estimulará paulatinamente el acceso de la mujer mexicana a las actividades de la vida cívica”, y ello generó confianza para que estas iniciaran sus primeras experiencias dentro del mismo.  El PNR, les otorgo un espacio en 1934, denominado Departamento y posterior Secretaría de Acción Femenil dependiente de su Comité Nacional. Y ello fue la gran oportunidad para que, desde ahí, surgieran las peticiones y demandas a los dirigentes, candidatos, gobernantes, etc., para convencerlos -en ocasiones haciéndolo con firmeza-, de que el avance de la sociedad mexicana no sería posible sin la participación de las mujeres en la toma de decisiones.

Dicha participación en los partidos, que se fue fortaleciendo, rindió los primeros frutos. Se empezaron a otorgar nombramientos en la administración pública. En 1934, en el Servicio Exterior por primera vez se incluye a una mujer, la Maestra Palma Guillen, quien es nombrada Embajadora en Colombia.  Así mismo en 1935, el nombramiento a Matilde Rodríguez Cabo, como Jefa de Previsión Social de la Secretaria de Gobernación. Así como la postulación y triunfo por el PNR de la primera Presidenta Municipal en el país, por el Ayuntamiento de Chilpancingo Guerrero, correspondiendo a Aurora Meza Andraca en 1936. Y así sucesivamente, estas fueron ganando espacios a pulso, y con ello también robusteciendo el movimiento sufragista que igualmente ganaba terreno.

El reconocimiento del voto a nivel municipal para las mujeres, con la reforma al art. 115 el 17 de febrero de 1947 en el gobierno nacional de Miguel Alemán Valdés, fue un aliciente.  Pero no fue suficiente, el meollo era obtener los derechos plenos para poder aspirar a votar y ser votadas. Porque si bien es cierto que en muchos países se reconocía ya ese derecho para las mujeres, en ciertos casos, este se concedía de manera condicionada. Es decir, de acuerdo con la voluntad de sus gobiernos, se otorgaba: solo a nivel local, o a las mujeres blancas o, a las casadas, o lo que era peor, permitirles solo el derecho a votar, pero no a ser electas. Por eso las mexicanas no querían que se les escatimara ese derecho y, de ser otorgado, éste tendría que ser pleno.

 

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