La política bajo investigación

Por Ignacio Nava Díaz 

Desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dirigentes de partidos políticos de oposición han presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) solicitudes de investigación, que si bien, algunas de ellas versan sobre temas de manejo inadecuado de recursos públicos o corrupción, también se han ingresado diversas demandas argumentando amenazas, uso de lenguaje inapropiado, calumnias, etcétera, un fenómeno que resulta interesante analizar por lo que implica para el orden político nacional.

En primer lugar, la judicialización de la política no es algo nuevo, el PRI en sus tiempos de hegemonía utilizaba a los aparatos de procuración de justicia para formular delitos y perseguir opositores, asimismo, durante la presidencia de Vicente Fox, el entonces dirigente político Andrés Manuel López Obrador, sufrió el intento de desafuero, maniobra política apoyada en el aparato judicial.

DESCALIFICAR IDEAS

Estamos de acuerdo en que se tengan que investigar acciones de corrupción, mal manejo de recursos públicos, sean de sexenios pasados o de funcionarios de la presente administración, local, estatal o federal. Sin embargo, lo que debe encender las alarmas son dos cosas: 1) la frecuencia con que se recurre al sistema de procuración de justicia para descalificar las ideas o actos de las fuerzas políticas contrarías, y 2) que se pretenda utilizar a la Fiscalía General de la República como un espacio para dirimir conflictos políticos ante la incapacidad de los líderes políticos de generar debates, presentar pruebas y ganar la credibilidad de la opinión pública con argumentos sólidos y estructurados de manera racional como lo exige un verdadero debate político.

En ese sentido, también hemos visto a ex funcionarios del propio gobierno federal ingresando demandas ante la FGR y se ha observado a legisladores o dirigentes de partidos políticos PRI, PAN, PRD y Morena utilizar o buscar utilizar la institución de FGR como respaldo de sus argumentos, resultando en un incremento de solicitudes de investigación vinculadas con temas políticos, por lo que muchos actores de la vida pública tienen abiertas carpetas de investigación.

En este contexto, detectamos dos problemas; 1) se satura a la FGR con el hecho de que su personal por lo menos revise la procedencia de la investigación solicitada, distrayendo a sus funcionarios de la atención a otros temas y 2) se ensucia aún más, la ya de por sí dañada imagen de los políticos de México.

Consideramos que el querer judicializar cualquier opinión o posición política por el hecho de no poderla desacreditar con argumentos sólidos, coloca en riesgo al propio sistema jurídico electoral mexicano.

Si bien es cierto, es necesario que existan reglas o condiciones que permitan debates o confrontación de ideas con sustentos racionales y que evite, incluso, la calumnia política, ya sean en tiempos electorales o no, y que el sistema judicial debe intervenir en caso necesario, los aparatos de justicia deben dedicar mayor tiempo a atender otros temas que laceran aún más a la sociedad; delincuencia organizada, homicidios, feminicidios, etcétera.

En ese sentido, acudir a la fiscalía cada vez que una opinión se toma como insulto o no coincide con la propuesta personal o ideológica, evidencia la falta de argumentos y de propuestas lógicas para debatir, y la incapacidad para llegar a acuerdos (que es la esencia de la política) así como la ausencia de proyectos políticos viables, y de solidez para que las posiciones políticas se sostengan por sí mismas, derivando en un show mediático de declaraciones y acusaciones ante la FGR para que la población observe quien es más corrupto o delincuente, y no quien es más eficiente y eficaz.

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