Las responsabilidades del Estado mexicano en las violaciones de derechos humanos
Por Ricardo Homs
En el asesinato del estudiante universitario Angel Yael, -en Guanajuato-, a manos de un miembro de la Guardia Nacional el Estado Mexicano y en concreto el gobierno federal, tienen mucha responsabilidad.
El agente accionó el arma, pero detrás de ello está la responsabilidad gubernamental por no capacitar a la gente a la que entrega armamento para brindar seguridad a la ciudadanía, así como por no instrumentar protocolos de actuación de crisis y además por no seleccionar a la gente idónea para el cargo, a fi de que tenga la capacidad emocional para enfrentar el peligro, al que continuamente están expuestos.
Esas omisiones gubernamentales son graves.
Entregar un arma a un policía es una gran responsabilidad y sin embargo, no se ha profesionalizado a estos cuerpos policiacos para que operen en el ámbito civil.
Por otra parte, si nos referimos a los miembros de las fuerzas armadas que se integran a labores de seguridad pública ciudadana, debemos reconocer que la conducta de un soldado o un marino, -proveniente de la Armada de México-, traen como vocación institucional la defensa de la patria frente a invasiones extranjeras y el tema de derechos humanos no es parte de la cultura castrense.
¿Entonces de quien es la culpa de violaciones de derechos humanos ciudadanos en el ámbito de la seguridad pública?
Definitivamente la mayor responsabilidad es de la institución que entrega el arma y viste de autoridad y poder a una persona, pero no le capacita en el trato con la ciudadanía.
Es más, nuestra Constitución marca que las fuerzas armadas deben actuar en el ámbito militar y no en el civil y por tanto se viola la ley cuando militares y marinos vigilan las calles.
Sin embargo, la violencia desmedida que vive México desde los últimos años exige la intervención de profesionales altamente disciplinados, -como son los miembros de las fuerzas armadas-, pero esto debe asumirse de modo temporal mientras las policías municipales y estatales se capacitan.
El proyecto de profesionalización de las policías de todo el país tiene muchos años de estarse instrumentando, pero sin avances significativos. Para ello las autoridades municipales y estatales recibieron mucho dinero, entregado a lo largo de diversas administraciones a autoridades municipales y estatales, presupuesto etiquetado para el desarrollo policial, que sin embargo ha desaparecido generando sospechas de corrupción no comprobada.
Ni los alcaldes han comprado armamento capaz de neutralizar a los sicarios de los cárteles, ni equipo de protección suficiente para proteger su vida y peor aún, sus condiciones laborales son abusivas, pues ni siquiera tienen seguridad social.
Los salarios son paupérrimos e insuficientes. La mayoría de los policías que arriesgan su existencia en este clima violento no tienen seguro de vida que proteja a sus familias y les cuide en caso de fallecer el titular, o por si quedan totalmente invalidados fisiológicamente.
La mayoría de las policías civiles tampoco tienen un plan de pensiones para la vejez.
El tema de seguridad pública es complejo y multifactorial, pero por lo memos requiere capacitación y creación de protocolos de actuación que regulen a las policías municipales.
La delincuencia organizada y los cárteles están creciendo como fenómeno local, territorialmente hablando.
Han tomado control de las policías municipales en un creciente número de municipios apartados de las grandes ciudades y capitales, donde pueden actuar con impunidad para tomar control territorial, como ha sucedido en Michoacán y la Sierra de Guerrero.
No se podrá combatir la violencia desmedida si no se profesionaliza a la Guardia Civil y a las policías municipales y estatales.
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