LA LIBRETA DE LA EDITORA

Xalapa, Veracruz.– En el gobierno de Rocío Nahle, al parecer, la austeridad y la transformación también tienen espacio para los asuntos familiares. La secretaria de Desarrollo Social, Eusebia Cortés Pérez, terminó reconociendo que sus sobrinos trabajaron en la dependencia que encabeza y, ante los cuestionamientos de los diputados, optó por ofrecer disculpas. Como si pedir perdón fuera suficiente para despejar las dudas sobre el uso de la nómina pública.

Durante su comparecencia ante el Congreso de Veracruz, este viernes 20 de noviembre, la funcionaria tuvo que responder por la contratación de familiares en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Lejos de negar los señalamientos, confirmó que sus sobrinos fueron incorporados como facilitadores al comienzo de la actual administración y aseguró que dejaron sus puestos hace aproximadamente cuatro o cinco meses.

«Lo acepto y, si hay que pedir disculpas, pido disculpas», expresó.

Una declaración que, más que aclarar el asunto, terminó confirmando el motivo de los cuestionamientos: familiares de la titular encontraron espacio dentro de una dependencia que administra recursos públicos y tiene entre sus responsabilidades atender a los sectores más vulnerables de Veracruz.

Pero la explicación de Cortés Pérez fue todavía más reveladora. Para defender las contrataciones, aseguró que sus sobrinos sí trabajaban y que no eran «niños bonitos», pues, según dijo, estaban desquitando el sueldo.

La pregunta es inevitable: ¿desde cuándo cumplir con las obligaciones de un puesto público convierte en justificable contratar familiares? ¿Acaso el problema del nepotismo desaparece porque los beneficiarios, según su jefa, sí acudían a trabajar?

La secretaria tampoco despejó las interrogantes sobre quién autorizó los nombramientos, qué procedimiento se siguió para incorporarlos, cuáles eran sus perfiles profesionales y cuánto dinero público recibieron durante el tiempo que permanecieron en la dependencia.

La nómina también tenía espacio para la familia

Los señalamientos sobre la presencia de familiares de la funcionaria en Sedesol ya habían trascendido a partir de información de transparencia.

Entre los nombres mencionados aparecen Nelson Rockefeller López Cortés y Sergio Iván Coleaza Cortés, reportados en puestos administrativos con remuneraciones mensuales de alrededor de 19 mil y 20 mil pesos, respectivamente. También se señaló a Uma Freya Cortés Román, vinculada al área de Recursos Materiales.

No se trata de cualquier oficina ni de recursos personales de la secretaria. Son puestos pagados con dinero de los contribuyentes, precisamente los mismos ciudadanos a quienes el gobierno les exige confiar en sus políticas de austeridad, honestidad y combate a los privilegios.

Y aunque la funcionaria asegura que sus sobrinos ya no forman parte de la dependencia, su salida no elimina la necesidad de revisar cómo llegaron, quién aprobó sus contratos y si se respetaron los procedimientos establecidos.

Mucha disculpa, pero pocas explicaciones

Las preguntas de los legisladores de oposición pusieron sobre la mesa un asunto que no puede despacharse con una expresión de arrepentimiento.

La diputada de Movimiento Ciudadano, María Elena Córdova Molina, cuestionó las contrataciones y pidió revisar la posible existencia de conflictos de interés. También hubo señalamientos de la oposición sobre la incongruencia de que una dependencia encargada de combatir la pobreza termine bajo sospecha por la incorporación de familiares de su titular.

Incluso el diputado Héctor Yunes Landa ironizó sobre la presencia de personas con el apellido Cortés dentro de la estructura de la dependencia y sugirió llamarla «Secretaría de la Cortesía».

La broma provocó risas en el recinto legislativo, pero el fondo del asunto es bastante menos gracioso: los cargos públicos no son patrimonio de los funcionarios, ni las dependencias gubernamentales agencias de colocación para parientes, amigos o recomendados.

Eusebia Cortés puede ofrecer todas las disculpas que considere necesarias, pero lo que Veracruz necesita son explicaciones documentadas. Que se conozcan los contratos, los periodos laborales, los salarios, los perfiles y las personas que autorizaron cada contratación.

Porque si los sobrinos trabajaban y desquitaban su sueldo, como afirma la secretaria, no debería existir inconveniente alguno en transparentar toda la información.

La disculpa no devuelve el dinero público, no aclara posibles conflictos de interés ni sustituye una investigación. Y si en el gobierno de Rocío Nahle la transformación consiste en reconocer los privilegios familiares hasta que la oposición los descubre, entonces algo está muy lejos de cambiar en Veracruz.