Ciudad de México. – La presión de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) surtió efecto. Luego de las protestas y la suspensión de actividades contra el nuevo esquema de evaluación del desempeño, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y las organizaciones sindicales alcanzaron un acuerdo para modificar las reglas que habían provocado el conflicto laboral.
El entendimiento se concretó durante una reunión encabezada por el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, con representantes del Órgano de Administración Judicial (OAJ) y dirigentes de los sindicatos del Poder Judicial.
Uno de los principales compromisos consiste en eliminar cualquier disposición que permita utilizar los resultados de las evaluaciones como argumento para imponer sanciones o separar de sus puestos a los trabajadores.
La decisión también contempla retirar la posibilidad de que los titulares de juzgados y tribunales soliciten evaluaciones extraordinarias a sus subordinados, una de las disposiciones que generó mayor preocupación entre el personal.
Además, se revisarán los porcentajes asignados a los distintos criterios de calificación, particularmente aquellos que puedan prestarse a interpretaciones subjetivas.
¿Por qué estalló el conflicto?
La controversia comenzó después de que el Órgano de Administración Judicial publicó, el pasado 5 de noviembre, el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, que establecía un nuevo procedimiento para evaluar el desempeño del personal de carrera judicial.
El mecanismo contemplaba pruebas para secretarios, actuarios y oficiales judiciales, entre otros puestos. Sin embargo, los trabajadores cuestionaron sus alcances y advirtieron que las disposiciones podían afectar su estabilidad laboral, antigüedad y permanencia dentro de la institución.
La inconformidad escaló hasta convertirse en un paro nacional que comenzó el viernes 6 de noviembre, acompañado de movilizaciones, cierres de instalaciones y protestas en distintas entidades.
Regresan a trabajar este lunes
Como parte de los acuerdos, la SCJN confirmó que los órganos jurisdiccionales del país retomarán sus actividades habituales el lunes 9 de noviembre, por lo que el paro quedará atrás.
Las modificaciones al acuerdo serán publicadas próximamente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mientras que las autoridades judiciales y las representaciones sindicales establecerán mesas de diálogo permanentes para atender otras demandas de los trabajadores.
Con este entendimiento, la Corte busca desactivar el conflicto y dejar claro que las evaluaciones deberán servir para mejorar la preparación del personal y la calidad de la impartición de justicia, no para convertirse en una herramienta de castigo laboral.
La disputa, al menos por ahora, encontró una salida mediante la negociación: las evaluaciones continuarán bajo nuevas condiciones, pero sin el carácter sancionatorio que encendió las protestas.