La consejera electoral propone revisar nombramientos, investigar contratos y modificar las facultades que permitieron a la presidencia designar funcionarios sin consenso colegiado.
Ciudad de México, 26 de octubre de 2026.— La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió un nuevo frente dentro del organismo: la consejera Carla Humphrey advirtió que también deberá evaluarse la permanencia de funcionarios designados durante su gestión y revisar el modelo de decisiones que concentró atribuciones en la presidencia.
La funcionaria planteó que el Consejo General explore los mecanismos legales para solicitar la separación de determinados servidores públicos, particularmente aquellos cuyos nombramientos fueron realizados sin una discusión previa entre las consejerías.
La propuesta surge en medio de la controversia por presuntas irregularidades en contratos con proveedores del instituto, un caso que ya motivó investigaciones de las autoridades fiscalizadoras y que colocó bajo presión a la ahora saliente consejera presidenta.
Humphrey aclaró que la posibilidad de solicitar la salida de otros funcionarios todavía no había sido discutida formalmente por el Consejo General. Por tanto, no existe hasta ahora una decisión aprobada para realizar una remoción generalizada.
Nombramientos sin consenso, el origen del conflicto
Uno de los principales cuestionamientos de Humphrey se dirige a la forma en que se designó a titulares de áreas estratégicas del INE durante la administración de Taddei.
La consejera sostuvo que, en numerosos casos, los integrantes del Consejo General desconocían quiénes eran las personas nombradas, su trayectoria profesional o sus antecedentes, pues las designaciones se comunicaban mediante oficios sin que existiera una deliberación previa.
Según explicó, esta dinámica debilitó la colegialidad y redujo la capacidad de las consejerías para intervenir en decisiones administrativas relevantes.
Por ello, pidió al Congreso de la Unión revisar la reforma que otorgó mayores atribuciones a la presidencia del instituto para realizar nombramientos sin someterlos previamente a una decisión colectiva.
A juicio de Humphrey, el relevo de Taddei representa una oportunidad para corregir ese diseño institucional y evitar que las decisiones estratégicas dependan de una sola persona.
Investigación hasta esclarecer las presuntas irregularidades
La consejera también consideró indispensable que las indagatorias sobre las contrataciones del INE continúen, independientemente de la salida de quien encabezó el organismo.
Propuso transparentar la información, realizar revisiones internas y recurrir a instancias externas, incluida la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para determinar si existieron irregularidades y establecer posibles responsabilidades administrativas o penales.
La ASF ya abrió una investigación de oficio después de identificar indicios relacionados con posibles anomalías en contrataciones, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos públicos.
Por separado, se ha informado sobre indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) relacionadas con empresas proveedoras del organismo electoral. Estas actuaciones no equivalen a una determinación de culpabilidad: las autoridades deberán acreditar los hechos y, en su caso, establecer las sanciones correspondientes.
Humphrey calificó de grave que una institución encargada de organizar las elecciones enfrente cuestionamientos de esta naturaleza y sostuvo que la ciudadanía debe conocer los resultados de las investigaciones.
La renuncia de Taddei, insistió, no debe convertirse en un punto final para el caso.
El INE busca una presidencia provisional
Mientras se formaliza la salida de Taddei, las diez consejerías restantes comenzaron a analizar la ruta para garantizar la continuidad de las actividades del instituto y definir quién asumirá temporalmente la conducción del Consejo General.
Humphrey señaló que quien llegue a la presidencia deberá privilegiar los acuerdos entre consejeros y evitar que se repita un esquema de concentración de facultades.
La renovación ocurre en un momento delicado, con el proceso electoral federal 2026-2027 ya en marcha y con la organización de los próximos comicios como una de las principales responsabilidades del organismo.
La prioridad, sostuvo, debe ser preservar la experiencia del servicio profesional electoral, cuya estructura operativa ha permitido al instituto organizar elecciones durante décadas.
La responsabilidad también alcanza al Congreso
La consejera atribuyó a los legisladores que aprobaron la reforma parte de la responsabilidad por el modelo de nombramientos que ahora cuestiona. Desde su perspectiva, el problema no se limita a las decisiones de una presidenta, sino a las reglas que hicieron posible concentrar atribuciones administrativas.
La discusión, por tanto, va más allá de quién ocupará la silla que deja Taddei. También pone sobre la mesa si el INE debe modificar su estructura de gobierno interno para reforzar los contrapesos, la transparencia y la rendición de cuentas.
Con las investigaciones en curso y la sucesión presidencial del instituto por resolver, el desafío será demostrar que las presuntas irregularidades pueden esclarecerse sin comprometer la autonomía ni la operación de la autoridad electoral.