APATZINGÁN, Mich.– Durante su primera visita como presidenta a este municipio michoacano, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la Cuarta Transformación no admite corrupción y que la honestidad es el segundo principio del movimiento. Lo hizo cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) está bajo la lupa por la contratación de proveedores de material electoral.
La mandataria sostuvo que la autoridad moral y ética del gobierno nace de la honestidad. También afirmó que de ahí parte la defensa de la soberanía y de los principios del movimiento, y recordó la máxima juarista de que «no puede haber gobierno rico con pueblo pobre». Pidió que «todas y todos» garanticen ese valor, al que calificó como «nuestra mayor defensa».
Aunque no mencionó al INE en las frases difundidas, el mensaje llegó un día después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunciara que investigará al instituto por indicios de contratos irregulares.
El origen del caso
Todo comenzó el 19 de octubre, cuando Grupo Reforma publicó que Jonathan Navarrete Torres, chofer de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, figura desde junio de 2023 como apoderado de Corporativo Zeg, proveedora del INE. Según el reportaje, esa firma y Cajas Graf comparten propietarios y han ganado contratos en institutos electorales de Sonora, Oaxaca y Chihuahua. Reportes posteriores señalan que ambas empresas han sido indagadas por la ASF y que la Cofece abrió en 2024 un expediente por posibles prácticas monopólicas. Se trata de señalamientos periodísticos que deberán confirmarse o desmentirse en la investigación oficial.
Un día después, el 20 de octubre, Sheinbaum pidió en la conferencia matutina que el INE aclarara el caso y transparentara la información. Planteó que la ASF lo revisara por involucrar recursos públicos, aunque dudó del alcance de las facultades de ese órgano sobre el instituto autónomo.
Un historial de fricciones
El caso se suma a otros episodios. En febrero, observaciones de la ASF sobre la impresión de boletas para la elección judicial de 2025 cuestionaron un gasto de 775 millones de pesos, del cual se destruyó cerca de 87 %. Y en mayo, Sheinbaum y Taddei discreparon públicamente sobre el alcance de la reforma para filtrar candidaturas con presuntos nexos criminales.