Después de una prolongada batalla judicial para evitar su traslado, Raúl “N” fue entregado por autoridades mexicanas a agentes de Argentina, donde es investigado por su presunta participación en una organización dedicada a la trata de personas y al lavado de dinero.
La operación se realizó en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, bajo el procedimiento establecido en el tratado de extradición vigente entre ambos países.
El ciudadano argentino era reclamado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 1 de Buenos Aires. Los cargos por los que deberá responder incluyen asociación delictuosa, explotación sexual de mujeres y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Lo señalan como operador de una red internacional
Las investigaciones sostienen que, desde noviembre de 2010 y hasta 2019, el acusado habría dirigido una estructura criminal que utilizaba bares, cafeterías y otros establecimientos como fachada para explotar sexualmente a mujeres.
Reportes periodísticos lo identifican como Raúl Luis Martins Coggiola, exintegrante de la antigua Secretaría de Inteligencia del Estado argentino y presunto miembro de la organización relacionada con el portal Zona Divas, que operó en México.
Las autoridades también investigan los mecanismos financieros presuntamente empleados para ocultar y movilizar las ganancias obtenidas mediante estas actividades.
Intentó frenar su extradición
Durante aproximadamente siete años, la defensa promovió juicios de amparo y distintos recursos legales en tribunales de Cancún y de la Ciudad de México con el propósito de impedir que fuera enviado a Argentina.
La Fiscalía General de la República informó que combatió dichas acciones legales y obtuvo resoluciones favorables que finalmente permitieron concretar la extradición.
Agentes argentinos recibieron al acusado en la terminal aérea de Cancún y quedaron a cargo de su traslado hacia Buenos Aires, donde continuará el procedimiento penal.
La FGR recordó que Raúl “N” deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria dictada por una autoridad judicial.