El proyecto de gasto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para 2027 abrió un nuevo choque con el Gobierno federal. La razón es una partida cercana a los 146 millones de pesos que permitiría devolver el seguro de gastos médicos mayores a más de 300 funcionarios de alto nivel.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que esa prestación sea financiada con recursos públicos. Consideró que los ministros cuentan con ingresos suficientes para contratar por su cuenta una póliza privada y recordó que, como servidores públicos, también tienen acceso a los servicios del ISSSTE.
El planteamiento está incluido en una solicitud presupuestal por 6 mil 104 millones de pesos para el próximo año. La cifra representa un aumento de 17.2 por ciento frente a los 5 mil 208 millones aprobados para la Corte durante 2026.
Sheinbaum calificó la posible recuperación del seguro como un retroceso en materia de austeridad. Incluso ironizó sobre la aparente transformación de quienes llegan al edificio de la SCJN, donde —dijo— parecen mantenerse los “espíritus del pasado”.
La mandataria aclaró que los integrantes del máximo tribunal pueden gastar su salario de la manera que consideren conveniente. Sin embargo, sostuvo que el erario no debe utilizarse para cubrir servicios médicos exclusivos cuando existen instituciones públicas destinadas a atender a los trabajadores del Estado.
La propuesta no generó consenso entre los propios ministros. Lenia Batres manifestó su oposición al incremento solicitado y advirtió que recuperar esta prestación anularía parte de los ajustes presupuestales aplicados durante el año en curso.
Además de los seguros privados, la Corte pretende obtener recursos para atender necesidades de personal y conservar edificios históricos. También habría solicitado disponer de ahorros calculados en hasta mil 800 millones de pesos pertenecientes al Tribunal de Disciplina Judicial.
Frente a estos planes, Sheinbaum llamó a los ministros a evitar beneficios alejados de la realidad económica de la mayoría de los mexicanos. Su mensaje fue directo: quien quiera atención médica privada puede tenerla, pero deberá pagarla con su propio dinero.