Luisa María Alcalde: la pendejada más grande de todas
PRIMICIAS
POR VICENTE MARTÍNEZ
Luisa María Alcalde salió a decir que no existe una “lista negra” de periodistas y que lo presentado durante el espacio “Derecho de Réplica” fue solamente un “análisis digital”.
El problema es que la explicación no borra lo que se mostró.
Desde el Gobierno Federal se expusieron nombres de periodistas, medios de comunicación y actores políticos relacionados con contenidos críticos, tendencias digitales y publicaciones que generan presión sobre el gobierno. También se habló de investigaciones, noticias y opiniones que incomodan al poder.
Entonces, llamarle “análisis digital” no cambia el fondo del asunto.
Fue una pendejada.
Porque el gobierno ya tiene suficientes instrumentos para monitorear redes sociales. Eso forma parte de sus tareas. Lo cuestionable es convertir ese monitoreo en una presentación pública donde se identifica a quienes cuestionan, critican o investigan al gobierno.
Alcalde explicó que una publicación de un periodista, un medio o un político puede ser retomada por cuentas anónimas y posteriormente amplificada mediante redes de bots. Aseguró que se estudia una posible operación coordinada con más de medio millón de cuentas automatizadas en distintos países.
Si existen redes financiadas para manipular la conversación pública, que se investiguen. Si existen pruebas, que se presenten. Si alguien está utilizando dinero para fabricar tendencias, debe responder por ello.
Pero meter en la misma exposición a periodistas, medios y actores políticos que generan contenidos críticos abre una discusión mucho más delicada.
El periodismo tiene precisamente la función de revisar al poder. Investigar contratos, señalar irregularidades, cuestionar decisiones, publicar documentos y preguntar lo que un funcionario preferiría no responder forma parte del trabajo periodístico.
No existe ninguna obligación para que un reportero publique solamente información cómoda para el gobierno.
Tampoco existe obligación de que un medio deje de investigar porque una noticia le resulte incómoda a la administración en turno.
Por eso resulta preocupante que desde el propio gobierno se identifique quiénes son sus críticos, qué medios siguen esa línea, qué periodistas generan conversación y qué contenidos producen reacciones.
Alcalde puede sostener que no elaboraron una “lista negra”. La discusión real está en saber para qué se hizo ese seguimiento, quién lo ordenó, con qué recursos se realizó y qué uso tendrá la información.
La libertad de expresión necesita espacio para ejercer la crítica sin que desde el poder se esté tomando nota de cada voz incómoda.
Si el Gobierno Federal quiere combatir los bots, que vaya contra los bots. Si quiere investigar campañas coordinadas, que investigue las campañas. Si detectó financiamiento ilegal para manipular redes, que muestre las pruebas.
Pero señalar a periodistas y medios por sus publicaciones críticas solamente alimenta una preocupación legítima.
El poder siempre será observado; para muestra Adela Micha, Joaquín López Dóriga, Paola Rojas, Azucena Uresti, Chumel Torres, Javier Alatorre, Ciro Gómez Leyva, estas PRIMICIAS y más. Y mientras existan periodistas dispuestos a preguntar, investigar y publicar, habrá información que incomode.
Ese es el precio de gobernar en una democracia.
Y Luisa María Alcalde debería saberlo.
