Misoginia política digital: el reto de las regidoras en Poza Rica
La crítica política es parte esencial de cualquier democracia. Quien ejerce un cargo público debe estar dispuesto a enfrentar cuestionamientos, observaciones y debates sobre su desempeño. Pero una cosa es la crítica legítima al ejercicio del poder y otra muy distinta es la violencia política en razón de género, una práctica que en México y particularmente en Veracruz se ha vuelto cada vez más visible, especialmente en las redes sociales.
Las cifras lo confirman. El Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral (INE) documenta cerca de 500 casos en todo el país, donde mujeres que participan en política han sido objeto de agresiones, amenazas, campañas de desprestigio o ataques personales.
Veracruz aparece de forma recurrente entre las entidades con más registros. De acuerdo con datos electorales, el estado ocupa el segundo lugar nacional en este tipo de agresiones, con alrededor de 46 personas sancionadas por ejercer violencia política contra mujeres en cargos públicos o candidaturas.
La estadística deja claro que el problema no es anecdótico: las mujeres que participan en política enfrentan un entorno más hostil que sus colegas hombres.
Y esa realidad también se refleja en la política municipal.
En Poza Rica, varias regidoras y la propia presidenta municipal han sido blanco de ataques constantes en redes sociales que, en muchos casos, rebasan el terreno de la crítica política para entrar en el de la descalificación personal.
Uno de los casos más evidentes es el de la regidora Yuliet Gallardo, quien ha sido objeto de publicaciones en redes donde se le acusa de un presunto mal desempeño de sus funciones. Sin embargo, muchas de esas acusaciones se replican sin sustento documental ni argumentos verificables, convirtiendo la crítica política en una narrativa de ataque sistemático.
En una democracia, si existen cuestionamientos al trabajo de un funcionario deben presentarse con datos, argumentos y debate público. Pero difundir señalamientos sin pruebas, amplificarlos en redes y repetirlos como verdad absoluta no fortalece la rendición de cuentas; solo deteriora el debate público.
Algo similar ocurrió con la regidora Mérida Mar, quien fue objeto de ataques tras las manifestaciones registradas en el OPLE Veracruz luego de la jornada electoral del pasado 1 de junio.
Más delicado aún es el caso de la regidora Blanca de la Cruz. En su contra se han difundido ataques que no solo buscan desacreditar su posición política, sino que han involucrado incluso a su hijo menor de edad, algo que rebasa cualquier límite ético.
La política puede ser dura, pero los hijos de los actores políticos no son actores políticos.
También se han difundido señalamientos en redes que buscan presentar a Blanca de la Cruz como una figura subordinada o “rendida” ante determinados actores políticos. Ese tipo de narrativa reproduce un estereotipo profundamente arraigado en la política mexicana: la idea de que una mujer no puede tomar decisiones propias sin estar bajo la influencia de alguien más.
La regidora Gabriela Palacios tampoco ha quedado fuera de este fenómeno. En su caso, los ataques en redes sociales se han centrado en aspectos de su vida personal, intentando desacreditarla mediante comentarios que poco tienen que ver con su función pública.
Este tipo de agresiones tiene un patrón claro: cuando se trata de mujeres en política, el debate deja de enfocarse en decisiones administrativas, propuestas o políticas públicas y se traslada a su vida privada.
La misma dinámica se ha observado contra la presidenta municipal de Poza Rica, Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez, quien también ha enfrentado campañas de descalificación y ataques digitales que muchas veces dejan de lado el análisis de su gestión para centrarse en ataques personales.
Ser la segunda mujer en un cargo de alta responsabilidad en un municipio implica, con frecuencia, enfrentar una lupa más severa y un juicio público más duro. Mas nunca ataques infundados.
Un ejemplo que ilustra esa diferencia es el caso de Lilia Arrieta, exalcaldesa de Álamo, cuya gestión fue objeto de críticas políticas relacionadas con su desempeño y con presuntos actos de corrupción.
Ese tipo de cuestionamientos forman parte del ejercicio democrático de vigilancia ciudadana y periodística. Se trata de críticas dirigidas al ejercicio del poder y a decisiones administrativas.
La violencia política de género, en cambio, busca desacreditar a las mujeres por ser mujeres: cuestiona su capacidad, ridiculiza su vida personal, involucra a su familia o intenta minimizar su liderazgo.
Lectores, estamos de acuerdo en que la democracia necesita crítica, pero sin ser objeto de ataques misóginos, campañas de difamación o violencia digital.
