Vandalización y radicalización
Por Aurelio Contreras Moreno
Las últimas semanas de 2022 y las primeras de 2023 han mostrado un acelerado proceso de radicalización del régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” que se irá agudizando conforme se acerque el fin del sexenio.
El conocido desprecio del lopezobradorismo por la ley cuando ésta se interpone en sus planes quedó completamente de manifiesto con el episodio de la reforma electoral y el “plan B”, que exhibió plenamente su carácter autoritario y antidemocrático en su afán por doblegar y reducir a los órganos electorales para controlarlos. Ese affaire aún no concluye y veremos más desfiguros en los meses por venir.
Pero para desfiguros, ninguno como el que significó uno de los capítulos más vergonzosos de la vida pública de México de los últimos años, que retrata a su vez de cuerpo entero lo que representa la “4t”: el escándalo de la ministra plagiaria que, aun cuando el ilícito está comprobado y así determinado, sigue en su cargo como si nada.
Si bien es cierto que la exhibición del plagio de su tesis de licenciatura –reconocido como tal por la propia UNAM- evitó que Yasmín Esquivel Mossa, alfil descarada del presidente López Obrador, se apoderase de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el hecho de que no haya renunciado al cargo ni que sus pares hayan iniciado un proceso legal en su contra para separarla del mismo habla muy mal de la impartición de justicia en el país y es, a su vez, otro reflejo del maltrecho y muy limitado Estado de Derecho que priva en México, lo cual repercute ineludiblemente en todos los demás espacios sociales.
Sostener contra viento y marea a Esquivel Mossa en la Corte –gracias a que es la esposa de un contratista cercanísimo a López Obrador, decir lo cual no es violencia en su contra, sino aludir a un hecho concreto- da el mensaje de que todo, por sucio e ilegal que sea, está permitido. Que en México todo se vale y que mientras se cuente con el cobijo del poder, y más si es el presidencial, no hay ley que valga ni delito e inmoralidad que importe.
Hablando de inmoralidades y de vulnerar el estado de Derecho, la ilegal campaña adelantada de las “corcholatas” lopezobradoristas, pero en especial la de Claudia Sheinbaum, llegó a niveles de escándalo este fin de año, con espectaculares con su imagen y su nombre colocados por todo el país, y con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México de gira por el interior de la República todos los fines de semana, gozando de una impunidad que, sin embargo, ha terminado por volverse en su contra.
El nuevo accidente de este fin de semana en el Metro de la Ciudad de México, mientras Sheinbaum se encontraba en Michoacán para hablar de sus “políticas exitosas de gobierno”, le reventó como una bomba que deja expuesta la realidad de una gobernante que ha abandonado su función, que está desesperada por posicionarse ante un electorado que ahora la relaciona con cuatro accidentes durante su gestión que han costado cerca de 30 vidas y que tienen un punto en común: la negligencia, la incompetencia y la corrupción.
Como si fueran una pandilla, como verdaderos vándalos, en la “4t” han intentado minimizar y protegerse entre todos de las consecuencias de estos horrores que, en cualquier otro país con mínimos estándares democráticos y jurídicos, ya habrían provocado la caída de más de dos. Pero que en el México de la supuesta “transformación” solo replican la realidad interminable de la impunidad, el abuso de poder y el quebranto de la legalidad.
Como en Veracruz, donde el gobernador Cuitláhuac García, uno de los principales promotores y “defensores” de la campaña ilegal de Sheinbaum, o de los plagios de Esquivel, desaparece tribunales para colocar incondicionales y pagar “favores”, y es capaz de retar a la misma Corte secuestrando las instalaciones y desacatando al Poder Judicial federal, al cual en Palacio Nacional no se han resignado a dejar de someter.
La empresa Integralia Consultores elaboró un estudio sobre los riesgos políticos para México en 2023, en el cual concluyeron que la mayoría de dichos riesgos se relacionan con “la creciente radicalización del presidente López Obrador, cuyos principales objetivos son asegurar el triunfo de su partido en 2024 y, con ello, garantizar la continuidad de su proyecto político”.
Señalan que para alcanzar estos propósitos, el oficialismo “pondrá en marcha acciones para debilitar a los contrapesos del Ejecutivo, a las autoridades electorales y a las oposiciones, al tiempo de exacerbar la polarización e intensificar las movilizaciones sociales con fines político-electorales. En consecuencia, será un año de riesgo político alto”.
Integralia considera que al inicio del quinto año del sexenio, “han aumentado los niveles de riesgo de concentración de poder, incertidumbre jurídica, ineficacia gubernamental y deterioro económico, mientras que los de conflictividad social e inseguridad pública se han mantenido constantes”. Solo hay que ver la situación en Sinaloa, Guanajuato, Chihuahua o Veracruz para constatarlo.
Y aunque pareciera que hasta ahora no hay manera de que Morena pierda la Presidencia de la República en 2024 ante una oposición enana y sin figuras de peso, las pugnas internas también influirán decididamente en la radicalización del régimen y en su propia inestabilidad.
Entre vándalos radicales y criminales irredentos navega el país.
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