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Esta narrativa ha sido constantemente rechazada por el gobierno de M\u00e9xico, principalmente cuando los afectados en los se\u00f1alamientos pertenecen a un mismo partido, lo cual como bien ha se\u00f1alado el mismo Rocha Moya, es un ataque directo hacia la cuarta transformaci\u00f3n. De ah\u00ed que la Presidenta defienda por sobre todo la Soberan\u00eda Nacional y que la Secretar\u00eda de Relaciones Exteriores siga exigiendo pruebas de culpabilidad respecto a las investigaciones.<\/p>\n
Sin embargo, la respuesta institucional no ha disipado las dudas. Ante la presi\u00f3n medi\u00e1tica y pol\u00edtica, Rocha Moya solicit\u00f3 licencia a su cargo, dejando como gobernadora interina a Yeraldine Bonilla. Esta decisi\u00f3n ha abierto un nuevo debate: para algunos, es un paso necesario mientras se esclarecen los hechos; para otros, se trata de una estrategia que permite mantener cierto grado de protecci\u00f3n pol\u00edtica, evitando consecuencias inmediatas como una eventual extradici\u00f3n.<\/p>\n
El contexto tampoco ayuda. En 2024, la detenci\u00f3n de Ismael \u00abEl Mayo\u00bb Zambada estuvo rodeada de versiones que apuntaban a una posible participaci\u00f3n indirecta de actores pol\u00edticos locales, incluido el propio Rocha. A ello se suman los se\u00f1alamientos sobre la intervenci\u00f3n del C\u00e1rtel de Sinaloa en las elecciones de 2021, denuncias que la oposici\u00f3n llev\u00f3 ante la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos (OEA).<\/p>\n
Aunque las autoridades electorales, como el Instituto Nacional Electoral, sostuvieron que la violencia fue focalizada y no alter\u00f3 los resultados, los datos son inquietantes: 91 pol\u00edticos asesinados durante ese proceso, incluidos 36 candidatos. M\u00e1s que una narrativa, se trata de una evidencia de que el crimen organizado ha logrado influir \u2014directa o indirectamente\u2014 en la vida democr\u00e1tica del pa\u00eds.<\/p>\n
A este escenario se suma otro elemento delicado: la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua, quienes realizaban labores de investigaci\u00f3n sin conocimiento del gobierno federal. La colaboraci\u00f3n con autoridades locales, como la administraci\u00f3n de Maru Campos, abre cuestionamientos sobre los l\u00edmites de la cooperaci\u00f3n internacional y la consistencia del discurso soberanista.<\/p>\n
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En paralelo, sectores de la derecha han aprovechado este contexto para posicionar la idea de un \u201cnarcogobierno\u201d, utilizando las acusaciones como herramienta de desgaste pol\u00edtico contra la figura m\u00e1s emblem\u00e1tica del movimiento: Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador. No obstante, reducir todo a una conspiraci\u00f3n externa ser\u00eda tan ingenuo como negar la existencia de un problema estructural.<\/p>\n
De cara a 2027, cuando al menos 17 entidades renovar\u00e1n gubernaturas, el verdadero desaf\u00edo no ser\u00e1 \u00fanicamente contener la presi\u00f3n internacional o las narrativas opositoras, sino enfrentar una realidad inc\u00f3moda: la infiltraci\u00f3n del crimen organizado en procesos electorales y estructuras de poder no es nueva, ni exclusiva de un partido.<\/p>\n
M\u00e9xico debe defender su soberan\u00eda, s\u00ed, pero no solo frente a otros pa\u00edses, sino tambi\u00e9n frente a los intereses criminales que han demostrado capacidad para influir en candidaturas, campa\u00f1as y gobiernos. Negar esta realidad bajo el argumento de la unidad nacional solo profundiza el problema. La disyuntiva no es entre creer o no en las acusaciones, sino entre asumir con responsabilidad la magnitud del desaf\u00edo o seguir atrapados en una guerra de perspectivas y el control de las mismas.<\/p>\n
Si algo est\u00e1 en juego en este momento no es solo la imagen de un gobierno o de un partido, sino la viabilidad misma de la democracia mexicana frente a quienes, desde dentro y fuera, buscan moldearla a su favor.<\/p>\n
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