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<\/p>\n\u00bfDesde cu\u00e1ndo la autonom\u00eda universitaria se convirti\u00f3 en un cheque en blanco para administrar el poder sin rendir cuentas? La pregunta no es ret\u00f3rica ni exagerada. Es pertinente, inc\u00f3moda y necesaria, justo cuando la Universidad Veracruzana se apresta a celebrar un Consejo Universitario General en medio de amparos judiciales, protestas internas y un silencio institucional que ya resulta ensordecedor.<\/p>\n
La pr\u00f3rroga rectoral aprobada por la Junta de Gobierno \u2014sin convocatoria, sin competencia abierta y sin deliberaci\u00f3n p\u00fablica\u2014 no es un simple tr\u00e1mite administrativo. Es un acto pol\u00edtico de alto impacto que toca el coraz\u00f3n mismo de la vida universitaria: la legalidad, la legitimidad y la confianza. Extender un periodo rectoral de 2025 a 2029 sin someterlo al escrutinio de la comunidad no es una decisi\u00f3n menor; es una se\u00f1al clara de c\u00f3mo se entiende \u2014o se distorsiona\u2014 la autonom\u00eda.<\/p>\n
Conviene decirlo sin rodeos: la autonom\u00eda universitaria no es propiedad de las c\u00fapulas ni patente de corso para decidir en lo oscurito. Es una conquista hist\u00f3rica para garantizar libertad acad\u00e9mica, pluralidad y autogobierno responsable. Cuando se usa para justificar decisiones opacas, deja de ser autonom\u00eda y empieza a parecer coartada.<\/p>\n
El pr\u00f3ximo Consejo Universitario General, convocado tras casi cuatro meses de inactividad, no llega en un clima de normalidad. Llega con tres amparos en curso, con recursos de queja promovidos por la propia Junta de Gobierno y con la decisi\u00f3n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n de no atraer los casos 370 y 389\/2025. No porque el asunto carezca de importancia, sino porque el m\u00e1ximo tribunal opt\u00f3 por dejar firme el criterio del Primer Tribunal Colegiado del S\u00e9ptimo Circuito. Legalmente v\u00e1lido, s\u00ed; pol\u00edticamente cuestionable, tambi\u00e9n.<\/p>\n
M\u00e1s a\u00fan cuando juristas de la talla de Marisol Luna Leal \u2014exabogada general de la propia UV\u2014 advierten una resoluci\u00f3n acelerada, resuelta en dos d\u00edas y medio, cuando procesos similares suelen tomar meses. No se acusa ilegalidad, pero s\u00ed se subraya una prisa que, en temas de esta envergadura, despierta leg\u00edtimas suspicacias. La justicia r\u00e1pida puede ser virtud; la justicia apresurada, casi siempre es problema.<\/p>\n
El fondo del asunto sigue intacto: los tribunales no han entrado al an\u00e1lisis de la constitucionalidad de la pr\u00f3rroga. Todo se mantiene en el terreno procesal, mientras en la universidad crece la sensaci\u00f3n de que las decisiones se toman lejos de las aulas, los cub\u00edculos y los consejos t\u00e9cnicos. Y eso, en una instituci\u00f3n p\u00fablica, es una p\u00e9sima noticia.<\/p>\n
La Red por la Legalidad UV ha hecho lo que corresponde a la ciudadan\u00eda universitaria: observar, cuestionar y exigir que sus representantes en el Consejo act\u00faen con criterio propio, no como comparsa ni oficial\u00eda de partes. El llamado es claro: representar a la comunidad, no a intereses particulares ni a lealtades administrativas.<\/p>\n
Aqu\u00ed no se trata de nombres ni de personas. Se trata de reglas. De procedimientos. De respeto a la normatividad interna y al esp\u00edritu democr\u00e1tico que deber\u00eda regir a la m\u00e1xima casa de estudios de Veracruz. La historia universitaria mexicana est\u00e1 llena de episodios donde el exceso de poder termina por erosionar instituciones que tardaron d\u00e9cadas en construirse.<\/p>\n
El Consejo Universitario General tiene hoy una responsabilidad mayor que levantar la mano o guardar silencio. Tiene la obligaci\u00f3n \u00e9tica de deliberar, de preguntar, de dejar constancia. Callar, en este contexto, no es prudencia: es omisi\u00f3n. Y las omisiones tambi\u00e9n pesan en la historia.<\/p>\n
La Universidad Veracruzana no merece una pr\u00f3rroga envuelta en litigios ni un liderazgo cuestionado desde su origen. Merece procesos claros, abiertos y leg\u00edtimos. Merece autoridades fuertes por su respaldo comunitario, no por interpretaciones acomodaticias de la norma.<\/p>\n
Al final, el problema no es jur\u00eddico. Es pol\u00edtico y moral. Y ah\u00ed no hay tribunal que absuelva. La legitimidad no se decreta, se construye. Y la autonom\u00eda, conviene recordarlo, no se prorroga: se ejerce con responsabilidad o se pierde por abuso.<\/p>\n
La comunidad universitaria observa. La sociedad tambi\u00e9n. Y la historia, siempre paciente, toma nota.<\/p>\n
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