Los ministros cuentan con \u00abgarant\u00edas especialmente reforzadas\u00bb y en sesi\u00f3n privada, por unanimidad, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) determinaron que \u00ablas quejas y\/o denuncias ciudadanas en las que se atribuyan alguna responsabilidad administrativa en su contra, ya sea en funciones o en retiro, deben ser remitidas a la Unidad General de Investigaci\u00f3n de Responsabilidades Administrativas para su desechamiento\u00bb, de esta manera se cancelar\u00e1n todos los procedimientos que pudieran haberse iniciado, incluyendo lo relacionado con la presunta falsificaci\u00f3n del texto con el cual se titul\u00f3 Yazm\u00edn Esquivel Mossa.<\/p>\n
Lo anterior consta en resoluci\u00f3n dada por el Pleno de la Corte a la consulta a tr\u00e1mite prevista en el p\u00e1rrafo segundo de la fracci\u00f3n II del art\u00edculo 14 de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial de la Federaci\u00f3n 1\/2023, y de la cual posee copia La Jornada. Este caso inici\u00f3 en la Corte, de acuerdo con el expediente el 17 de enero de 2023 a partir de las denuncias an\u00f3nimas recibidas por la Unidad General de Investigaci\u00f3n de Responsabilidades Administrativas, y se formul\u00f3 una consulta al m\u00e1ximo tribunal respecto de \u00abla vigencia de los art\u00edculos 25, p\u00e1rrafo primero, y dem\u00e1s aplicables del Acuerdo General Plenario 9\/2005\u00bb para determinar si existen facultades para investigar y sancionar presuntas faltas administrativas cometidas por ministros en activo y\/o en retiro.<\/p>\n
En el proyecto presentado por el ministro Juan Luis Gonz\u00e1lez Alc\u00e1ntara Carranc\u00e1 y que fue aprobado por unanimidad, establece que los integrantes de la Corte tienen \u00abgarant\u00edas especialmente reforzadas\u00bb que garantizan la independencia de la SCJN y \u00abla de sus integrantes, distintas de las de otros \u00f3rganos jurisdiccionales, que eviten la interrupci\u00f3n o perturbaci\u00f3n de la funci\u00f3n judicial suprema de la Rep\u00fablica, mediante denuncias fr\u00edvolas o malintencionadas en contra de los ministros y las ministras.<\/p>\n
\u00abPor tanto, v\u00e1lidamente podemos concluir que el cargo de ministro de la SCJN est\u00e1 protegido con garant\u00edas especialmente reforzadas frente a acusaciones de responsabilidad pol\u00edtica y penal, e incluso, frente a su propia renuncia al cargo, con la finalidad de que el ejercicio de la funci\u00f3n judicial, por regla general, no se interrumpa o perturbe durante el procedimiento y la destituci\u00f3n o suspensi\u00f3n del cargo, en caso de ser encontrados responsables de il\u00edcitos graves que ameriten esas sanciones\u00bb.<\/p>\n
La sentencia establece: el \u00abTribunal Pleno considera que una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica y funcional del marco constitucional vigente permite sostener que actualmente ya no se sostiene la vigencia del Acuerdo General Plenario 9\/2005, trat\u00e1ndose de faltas administrativas atribuidas a las ministras y los ministros de la SCJN. \u00abY ello es as\u00ed, ante la inexistencia de un marco legislativo que desarrolle y precise el procedimiento sancionador aplicable a dichos juzgadores, as\u00ed como el tipo de faltas administrativas que les pueden ser atribuidas (incluyendo su gravedad) y las sanciones susceptibles de imponerse.<\/p>\n
\u00abLa interpretaci\u00f3n conjunta de esos elementos permite considerar que mientras no exista un marco legislativo que desarrolle con precisi\u00f3n las faltas susceptibles de atribuirse a los ministros y ministras de la Suprema Corte, as\u00ed como las sanciones y el procedimiento a seguir para su determinaci\u00f3n, no se les puede reprochar responsabilidad administrativa a fin de no interferir con la alta funci\u00f3n jurisdiccional que se le has conferido. Aunado a que la falta de ese desarrollo legislativo no puede ser subsanada a trav\u00e9s de un Acuerdo General Plenario, como el 9\/2005, que motiv\u00f3 la apertura de la presente consulta a tr\u00e1mite.<\/p>\n
\u00abAl respecto, este Tribunal Constitucional determina que lo dispuesto en el Acuerdo General Plenario 9\/2005 ya no se encuentra vigente para atender las quejas y\/o denuncias ciudadanas en que se atribuya responsabilidad administrativa a alguna ministra o ministro de este Alto Tribunal. \u00abPor tanto, las quejas y\/o denuncias ciudadanas en las que se atribuyan alguna responsabilidad administrativa en contra de alguna Ministra o Ministro, ya sea en funciones o en retiro, deben ser remitidas a la Unidad General de Investigaci\u00f3n de Responsabilidades Administrativas para su desechamiento\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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