<< Las reformas aprobadas vulneran su autonom\u00eda presupuestaria municipal >><\/strong><\/span><\/p>\n << Se vulnera el derecho a la informaci\u00f3n de los ciudadanos del municipio >><\/strong><\/span><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Por Miguel \u00c1ngel Cristiani Gonz\u00e1lez<\/strong><\/span><\/p>\n Qu\u00e9\u00a0bueno que finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) admiti\u00f3 30 controversias constitucionales, promovidas por municipios de los estados, en contra de las reformas a la Ley General de Comunicaci\u00f3n Social y la Ley Responsabilidades Administrativas, que forman parte del llamado Plan B de la Reforma Electoral.<\/span><\/p>\n Los municipios alegaron ante el m\u00e1ximo tribunal del pa\u00eds que las reformas vulneran su autonom\u00eda presupuestaria al limitarles a 0.1 por ciento el gasto en comunicaci\u00f3n social.<\/span><\/p>\n Entre los municipios se encuentran Metepec, Chapa de Mota y Huixquilucan, Estado de M\u00e9xico; General Cepeda, as\u00ed como Sabinas en Coahuila, los municipios de Durango y M\u00e9rida. Corregidora, en Quer\u00e9taro; Le\u00f3n, Ac\u00e1mbaro, Santiago Maravatio, Jaral del Progreso, Coroneo, Dolores Hidalgo, P\u00e9njamo y San Jos\u00e9 Iturbide, en Guanajuato, y Venustiano Carranza, en Michoac\u00e1n.<\/span><\/p>\n Lamentable que al parecer, ning\u00fan municipio del estado de Veracruz haya presentado hasta la fecha, una controversia constitucional, al estar siendo violada su autonom\u00eda.<\/span><\/p>\n Que malo que pese a que solicitaron la suspensi\u00f3n de la aplicaci\u00f3n de la norma, esta seguir\u00e1 vigente, pues la Corte no la concedi\u00f3.<\/span><\/p>\n Posiblemente las vayan a sacar junto con las otras controversias constitucionales que han sido presentadas en contra del llamado Plan B de la Reforma Electoral.<\/span><\/p>\n Estas controversias se suman a las que promovi\u00f3 el Instituto Nacional Electoral (INE) y el municipio de Chihuahua, que fueron admitidas a tr\u00e1mite el pasado 28 de febrero.<\/span><\/p>\n En el Estado de Chihuahua, deber\u00eda servir de ejemplo, el Gobierno Municipal present\u00f3 desde el pasado mes de enero, la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n a la Ley General de Comunicaci\u00f3n Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.\u00a0\u00a0<\/span> Dicha controversia se presenta debido a que de las reformas se desprende una invasi\u00f3n de las esferas competenciales, dando con ello violaciones a preceptos constitucionales.\u00a0<\/span><\/p>\n Tras el an\u00e1lisis realizado por la autoridad municipal, la reforma viola los principios de autonom\u00eda, libertad hacendaria y configurativa, principio de reserva de ley, adem\u00e1s de vulnerar el derecho a la libertad de informaci\u00f3n de las y los habitantes del municipio de Chihuahua.<\/span><\/p>\n Los conceptos de invalidez que se reclaman son entre otros:\u00a0<\/span><\/p>\n Agravio a la libre administraci\u00f3n hacendaria y la autonom\u00eda hacendaria del Municipio de Chihuahua\u00a0<\/span><\/p>\n Se vulnera el derecho a la informaci\u00f3n de las y los ciudadanos del municipio de Chihuahua, y con esto se restringe su acceso adecuado y oportuno a los diversos servicios, programas, apoyos y acciones que el Municipio ofrece<\/span><\/p>\n La norma impugnada es absolutamente desproporcionada al fijar un tope presupuestal homologado para todos los poderes de la Uni\u00f3n de los tres niveles de gobierno, debido a que no considera el monto de los presupuestos de egresos aprobados para cada ente gubernamental. Asimismo, omite que el Gobierno Federal tiene adem\u00e1s de un tope de m\u00e1s de 6 mil millones de pesos para Comunicaci\u00f3n Social, acceso a los tiempos oficiales y al sistema de nacional de radiodifusi\u00f3n del Estado.<\/span><\/p>\n Por consiguiente, el Gobierno Municipal a trav\u00e9s de la controversia constitucional solicita la suspensi\u00f3n cautelar de la vigencia de la norma en tanto se resuelva de fondo debido a la gravedad de la violaci\u00f3n a principios y derechos.<\/span><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n
\nCon fundamento en los art\u00edculos 1, 14, 16, 17, 105, fracci\u00f3n I, inciso b), 115 y 133 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos, as\u00ed como en los art\u00edculos 1, 2, 3, 8,10, 11, 14, 21 fracci\u00f3n II 22 y dem\u00e1s aplicables de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Art\u00edculo 105 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente Municipal Marco Antonio Bonilla Mendoza promovi\u00f3 ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n demanda de controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo y el Honorable Congreso de la Uni\u00f3n.<\/span><\/p>\n
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