La crisis que sacude al Instituto Nacional Electoral (INE) llegó nuevamente a la conferencia mañanera. La presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó el tema para fijar su postura: quiere un organismo electoral autónomo, pero que, según sus palabras, esté al servicio de la voluntad popular y no de intereses políticos o económicos.
La mandataria defendió la necesidad de contar con una autoridad electoral sólida, en medio de los cuestionamientos por presuntas irregularidades en contratos y la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del instituto.
«Por supuesto que queremos un Instituto Nacional Electoral fuerte, que responda a la voluntad del pueblo, a la verdadera democracia, no la democracia de las élites», expresó durante su conferencia en Palacio Nacional.
Sheinbaum sostuvo que la autonomía del organismo debe servir para garantizar la soberanía y respetar la decisión de los ciudadanos en las urnas. Su posicionamiento también respondió a las voces que han exigido preservar la independencia del INE ante los cambios y controversias que enfrenta.
ASF tendrá la última palabra sobre las irregularidades
Sobre los señalamientos relacionados con la administración de Taddei, la presidenta señaló que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar las operaciones del organismo y determinar si existen elementos para proceder contra quienes pudieran resultar responsables.
Explicó que las auditorías no se limitarán a los ejercicios más recientes, sino que también abarcarán periodos anteriores a 2023. La revisión de las contrataciones y de las empresas proveedoras buscará establecer si hubo irregularidades en el manejo de recursos públicos.
La mandataria fue enfática en que no corresponde al Ejecutivo ni a los legisladores ordenar una persecución penal sin elementos. Si la fiscalización detecta posibles delitos, los expedientes deberán presentarse ante la Fiscalía General de la República (FGR); si se identifican faltas administrativas, tendrán que remitirse a las instancias correspondientes.
«Quien haya cometido actos de corrupción, que sea sancionado», sostuvo.
Sheinbaum cuestiona la concentración de poder en el INE
La presidenta también aprovechó el debate para cuestionar la reforma electoral de 2014, aprobada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, al considerar que fue entonces cuando se concentraron facultades importantes dentro del instituto.
Como ejemplo, recordó que antes de esos cambios los congresos estatales designaban a los integrantes de sus respectivos organismos electorales. Posteriormente, esa atribución pasó al Consejo General del INE, que asumió la responsabilidad de nombrar a los consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Sheinbaum sostuvo que esa modificación concentró decisiones en una institución nacional y defendió la necesidad de revisar el modelo electoral mexicano.
También rechazó que Morena haya colocado directamente a Guadalupe Taddei al frente del INE en 2023. Recordó que su designación ocurrió mediante insaculación, después de que la Cámara de Diputados no alcanzara un acuerdo para elegir a la titular del organismo.
Elecciones de 2027, bajo la lupa
La controversia sobre el INE ocurre a menos de un año de las elecciones intermedias de 2027, en las que se renovará la Cámara de Diputados y se disputarán diversos cargos locales.
Sheinbaum aseguró que los cuestionamientos contra el organismo no conseguirán debilitar el próximo proceso electoral. Incluso acusó a sus adversarios políticos de intentar desacreditar las instituciones porque, desde su perspectiva, han perdido respaldo ciudadano.
«Las elecciones del 2027 van a ser ejemplares», afirmó.
Sus declaraciones se producen después de que el Consejo Coordinador Empresarial expresara preocupación por la independencia del instituto y pidiera que su conducción permanezca en manos de perfiles técnicos, con experiencia y sin intereses partidistas.
Mientras tanto, el INE enfrenta un proceso de reorganización tras la salida de Taddei. Blanca Yassahara Cruz García quedó al frente de manera provisional, mientras se desarrolla el procedimiento para elegir a una nueva presidencia.
La fiscalización de los contratos, las posibles responsabilidades administrativas o penales y la renovación de la dirigencia serán asuntos determinantes para el futuro inmediato del organismo.