La tragedia provocada por el colapso de una masa de hielo en Nepal encendió las alarmas a miles de kilómetros de distancia. En Argentina, organizaciones ambientalistas retomaron las protestas contra la reforma impulsada por Javier Milei, que flexibilizó la protección de los glaciares y permitió el avance de proyectos mineros en zonas consideradas estratégicas para el abastecimiento de agua.
Especialistas aclararon que las condiciones del Himalaya y los Andes son diferentes, por lo que no puede afirmarse que un desastre similar ocurrirá en territorio argentino. Sin embargo, advirtieron que el retroceso de los glaciares es un fenómeno mundial y que lo sucedido en Nepal muestra las consecuencias que puede alcanzar la crisis climática.
Argentina posee 16 mil 968 cuerpos de hielo distribuidos en una superficie superior a los 8 mil 400 kilómetros cuadrados. El propio país reconoció en 2024 que el aumento de la temperatura ha provocado la reducción de casi todos los glaciares de la Patagonia sur, incluido el emblemático Perito Moreno.
Reforma abre paso a proyectos mineros
Desde 2010, la legislación argentina protegía los glaciares y las áreas cercanas como reservas fundamentales de agua. No obstante, una reforma aprobada en abril de 2026, promovida por el Gobierno de Milei, autorizó a las provincias a permitir actividades mineras en zonas periglaciales cuando determinen que no representan reservas hídricas estratégicas.
Para las organizaciones ambientalistas, esta disposición deja en manos de los gobiernos provinciales decisiones que podrían favorecer intereses empresariales y comprometer ecosistemas de enorme importancia.
La modificación legal coincidió con el incremento de inversiones destinadas a la extracción de litio, cobre y oro, alentadas por beneficios fiscales otorgados a las compañías mineras.
Especialistas alertaron que estas operaciones implican el uso de explosivos y sustancias químicas que podrían filtrarse hacia mantos subterráneos, contaminar ríos o provocar el colapso de depósitos de residuos mineros.
Millones dependen del deshielo
Greenpeace señaló que entre el 18 y el 20 por ciento de la población argentina depende directamente del agua proveniente de glaciares y ambientes periglaciales para consumo, riego y generación de energía.
La organización recordó que estos cuerpos de hielo almacenan cerca del 70 por ciento del agua dulce del planeta y cumplen una función esencial en la regulación de los ciclos hídricos.
La oposición social a la reforma ya reunió alrededor de 900 mil firmas. Además, la provincia de La Pampa, Greenpeace y otras agrupaciones presentaron un amparo colectivo para frenar su aplicación mientras la Justicia determina su constitucionalidad.
El reclamo se apoya en una sentencia de 2019, cuando la Corte Suprema argentina ratificó que los glaciares y las áreas periglaciales son bienes públicos y estableció que el derecho colectivo al agua debe prevalecer frente a otros intereses.
Mientras el proceso judicial permanece sin resolución, las organizaciones exigen recuperar la protección establecida en la ley original. Su advertencia es contundente: cuando los glaciares retroceden y los riesgos aumentan, reducir las barreras ambientales puede dejar consecuencias irreversibles.