A 15 años, el Proyecto Integral Morelos no opera al cien y genera violencia: Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra

A quince años de que comenzó la imposición y construcción del Proyecto Integral Morelos (PIM), lo único que ha traído este proyecto es la presencia del crimen organizado en la zona oriente del estado, aseguraron integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire.

Juan Carlos Flores, Teresa Castellanos, Jaime Domínguez y Samantha César sostuvieron que, desde finales de 2011, cuando comenzó a edificarse el proyecto, hasta la fecha, ni la termoeléctrica construida en la comunidad indígena de Huexca, en Yecapixtla; ni el acueducto que supuestamente lleva agua del río Cuautla a la planta; ni el gasoducto que atraviesa parte de Tlaxcala, Puebla y Morelos funcionan al cien por ciento. Hasta ahora solo se ha edificado una de las dos termoeléctricas proyectadas inicialmente.

El abogado del Frente, Juan Carlos Flores, aseguró que la población afectada sufre la presencia de grupos delictivos en comunidades y municipios donde el proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue impuesto mediante la fuerza pública.

Los compañeros de lucha de Samir Flores Soberanes, asesinado el 20 de febrero de 2019, insistieron en que, ante la falta de justicia en materia de derechos humanos y por ese homicidio, “lo que está muy cerca y en la vida cotidiana es la presencia del crimen organizado en toda la zona donde se ubica el Proyecto Integral Morelos”, dijo Flores.

Señalaron que en Huexca, municipio de Yecapixtla, donde se edificó la termoeléctrica, el crimen organizado llegó antes que el proyecto. “En Huexca llegó el crimen organizado y después llegó el proyecto; en Amilcingo igual, en Ayala también”, recalcó.

Teresa Castellanos, habitante de Huexca, afirmó que la presencia de estos grupos no solo ocurrió en su comunidad, sino en los pueblos con mayor resistencia al megaproyecto.

“Hemos visto que no solo es Huexca, sino todas las comunidades que estamos resistiendo. En algunas ocasiones hubo comunidades que se levantaron y esa fue la forma —con criminales organizados— de bajar su nivel de lucha por miedo.

“Por ejemplo, en Asurco tenemos dos asesinatos. ¿Qué tiene que ver? El agua. Entonces estamos viendo que sí hay una vinculación muy importante”, dijo.

La activista sostuvo que los grupos delictivos forman parte de una alianza entre empresas constructoras, beneficiarios del proyecto y autoridades de los tres niveles de gobierno. “Es la alianza que mantienen con estos grupos”, denunció.

Samantha César agregó que, a partir del sexenio pasado, se agudizó la presencia del crimen organizado en la zona oriente de Morelos.

“Se convirtió en un actor principal que agrede a los movimientos sociales. En Morelos es un ejemplo claro de cómo se violenta a los defensores de derechos y se apropian del territorio, con un control amplio en las comunidades, sobre todo en aquellas donde hubo mayor resistencia”, señaló.

Ante ello, los defensores ambientales insistieron en que el gobierno federal cancele el PIM, que —reiteraron— no funciona al cien por ciento quince años después de iniciada su construcción. Recordaron que el proyecto fue rechazado desde las administraciones de Marco Adame y Felipe Calderón (2006-2012); después en los gobiernos de Graco Ramírez y Enrique Peña Nieto (2012-2018); y también durante las gestiones de Cuauhtémoc Blanco y Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).