Ciudadanos solicitan referendo contra ‘tarifazo’ en Jalisco y entregan más de 20 mil firmas
Un grupo de ciudadanos presentó este viernes ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ) 14 mil 873 firmas digitales y 554 hojas con firmas físicas para solicitar, de manera formal y dentro del plazo establecido por la ley, el inicio del proceso para llevar a referendo el acuerdo firmado por el gobernador Pablo Lemus con el cual se aumentará a partir del 1 de abril la tarifa del transporte público de 9.50 a 14 pesos.
Las 14 mil 873 firmas que se acumularon en internet fueron recabadas a través de la plataforma digital Fírmale del IEPCJ y las 554 hojas con firmas reunidas y presentadas en papel aún no han sido “contadas y validadas”, pero Ulises Estrada, el ciudadano promovente del referendo, dijo que suman en total por lo menos 20 mil 500 entre ambos formatos.
“Con ello, ha iniciado formalmente el procedimiento previsto en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco”, confirmó más tarde el IEPCJ en un comunicado, en el que también recordó que no se pueden someter a consulta ciudadana disposiciones, decretos, reglamentos o acuerdos “de carácter contributivo”.
El 15 de enero, el gobierno estatal al anunciar su postura respecto al posible referendo que entonces iniciaba la recabación de firmas, dijo que “las disposiciones de carácter contributivo son aquellas relativas a impuestos, derechos, cuotas o cualquier carga tributaria impuesta a la ciudadanía”.
Aunque la gran mayoría del transporte público en Jalisco está concesionado a empresarios camioneros, según el gobierno estatal de origen emecista “las tarifas del transporte público tienen naturaleza contributiva, al constituir una contraprestación por un servicio público que se ofrece bajo regulación del Estado, por lo que expresamente se encuentran excluidas de la materia susceptible de referendo”.
Definir sí pagar el pasaje es o no de carácter contributivo será el centro de la discusión, una vez que el IEPC, tras verificar que la solicitud de referendo cumpla con todos los requisitos formales y remitir las firmas al Instituto Nacional Electoral para su validación, integre el expediente completo y lo remita al Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza (CPCPG) “órgano que, conforme a la ley, es la única autoridad facultada para determinar si un referendo estatal es procedente o no”.
EL CPCPG lo preside el empresario hotelero panista Ramón Marcelo Cortés Martínez, integrante también del grupo Unidos por México en el que milita Claudio X González y que se creó en 2022 como bloque opositor al gobierno de la cuarta transformación. La secretaria ejecutiva es Claudia Patricia Arteaga Arróniz, funcionaria del gobierno estatal emecista.
El resto de integrantes representan al sector académico, de organizaciones civiles de distinta naturaleza, más funcionarios estatales, un representante del IEPCJ y un diputado del Congreso de Jalisco.
“En caso de que el Consejo determine la procedencia del referendo, deberá notificarlo al IEPCJ, que será la autoridad encargada de convocar, organizar y desarrollar el ejercicio. De conformidad con la ley, deberá realizarse dentro de los 90 días siguientes a la declaratoria de procedencia. Los resultados serán vinculantes si participa al menos el 33 por ciento de las personas inscritas en el listado nominal del estado y si más de la mitad de las personas participantes se pronuncia a favor de la abrogación o derogación”, explicó el IEPCJ.