Alcalde de Perote, envuelto en despojos y acaparamiento de agua

En el debate tras la reforma del agua, el lado que la impulsó la ha presentado como la cristalización del derecho humano al líquido y la solución a un rezago administrativo, mientras que el extremo opositor reprocha que añade mayor control estatal sobre las concesiones, violenta la tradición de transferir y heredarlas entre usuarios –por cierto, sin distinción entre personas físicas y morales–, ulteriormente alertando del fin de la propiedad privada. Esta última afirmación se desmiente con el artículo 27 constitucional, del que la Ley Nacional de Aguas es reglamentaria, el cual establece que todos los cuerpos de agua son propiedad de la nación, esto es que son de todos y de nadie; y el Estado sólo otorga derechos de uso para su aprovechamiento en la forma de concesiones.

Así que lo de “propiedad privada” es sólo otra aportación alarmista de una facción agonizante para contaminar la discusión pública y desviar la atención de lo sustantivo en esta reforma: el ordenamiento de los títulos de uso del vital líquido, ya que priva en el ámbito la transferencia mercantilista, posibilitada por la ley del gobierno de Carlos Salinas, de todo o una parte de los volúmenes asignados, lo que según quienes critican la reforma permite que otros proyectos también se beneficien de ellos.

Suena eficiente y solidario, pero en 33 años el resultado ha sido el acaparamiento del recurso hídrico por parte de actores caciquiles o corporativos cartelizados, además del caos administrativo y la defraudación fiscal y a la ley, dado que como se hacía con las llamadas sociedades de autoabastecimiento en el sector eléctrico –por las que una tienda Oxxo podía pagar menos por el servicio de luz que cualquier hogar mexicano–, con frecuencia tales transmisiones de derechos procedían sin reportar un cambio en el propósito de esa agua. Y es que algunos títulos, como los de uso para el campo, no pagan impuestos, en tanto que otros, como el industrial o el residencial, sí.

De ahí que la ojeriza y los amparos ante la rectoría estatal que configura la reforma respecto al traspaso de concesiones no tienen que ver con la certeza jurídica ni con los pequeños productores agrícolas ni las familias, menos aún con la seguridad alimentaria, sino ante todo con intereses económicos.

De cacique hídrico a alcalde

Ilustrativa de lo anterior es la historia del presunto hegemón del agua en Perote, ya en oficina como presidente municipal por el PRI, Vinicio Ascencio Fernández, quien ha prosperado como terrateniente y empresario en una región que lleva sumida más de 40 años en la marginación a causa del enseñoramiento cuasi feudal de la influyente familia Yunes local. Este personaje ganó sin problemas la contienda por el ayuntamiento peroteño, pues la oposición la decidió su allegado, el neomorenista Paul Martínez Marié, también emanado del pepismo.

De acuerdo con Emilio Rodríguez, integrante de la Contraloría Autónoma del Agua en Coatepec y de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), denuncias ciudadanas en la región y testimonios de otras localidades que también cuentan con pozos de agua señalan que Vinicio Ascencio se ha constituido como el cacique que ha estado acaparando la mayoría de las concesiones a través de prestanombres para sus negocios del agro y la explotación de cantera.

Pero la apropiación de los recursos hídricos por parte de individuos como el recién nombrado alcalde de Perote pasa por varias estrategias, incluyendo el despojo. Consigo, el caso de la Sociedad Agrícola El Rincón, que se ubica a 15 km de la cabecera, en la comunidad de San Antonio Limón Totalco, muestra que la supuesta tradición del cambalache desregulado es combustible para la corrupción.

“Esta sociedad agrícola tuvo la oportunidad de gestionar la extracción, la perforación de un pozo en su territorio. Después de la perforación y de encontrar que existe agua, ellos tramitaron un título de concesión ante la Conagua que afortunadamente les fue otorgado”, expone el defensor del medio ambiente.

Esta sociedad de productores campesinos se constituyó en 2005, cuando se perforó el pozo, y fue en marzo de 2012 que la autoridad otorgó la concesión 10VER137366/27AMOC12 para uso agrícola en el acuífero Perote-Zalayeta, por un volumen de 482 mil 570 metros cúbicos anuales, por un periodo de 30 años.

Este acuífero, y por ende toda la región, se encuentra en déficit, por lo que la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales del subsuelo se encuentra restringida. Sólo se puede usar mediante transmisión de derechos y en función de las capacidades ya concesionadas.

Desafortunadamente, la Sociedad Agrícola El Rincón no había tenido la capacidad económica para instalar una bomba y un sistema de riego para aprovechar el volumen que les fue autorizado, por lo que cuando finalmente pudieron acercarse a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para plantear la inversión se llevaron una desagradable sorpresa, como refiere Emilio Rodríguez: “estos compañeros de la sociedad agrícola llegaron a nosotros con la preocupación porque descubrieron que su concesión había sido transmitida sin su consentimiento. Ellos se enteraron que esto había ocurrido una vez que preguntaron a la Conagua al querer invertir en este pozo qué había pasado con la concesión y esta les informó que en 2023 el título de concesión se había transmitido a otro particular”.

Y es que en 2023 se enteraron que desde octubre de 2022 el título de concesión 10VER137366/27AMOC12 había sido inhabilitado a consecuencia de la transmisión total y definitiva de sus derechos a favor de la cesionaria María Alondra Santiesteban Hernández bajo el título 848253.

“Lo que ocurrió es que quien ostentaba el cargo de presidente de la sociedad agrícola en ese momento la traicionó y se vendió y vendió a su vez la concesión a otro particular. En octubre de 2023, los socios de El Rincón lo dieron de baja como presidente de su Consejo de Administración por haber facilitado los documentos originales para una transmisión de derechos que nadie había autorizado”, indica Rodríguez.

La búsqueda de respuestas los llevó ese mismo año a la plataforma de transparencia. Allí descubrieron que existía un Acta Extraordinaria de Asamblea registrada a su nombre ante la notaría 30, un documento que ellos jamás habían redactado ni firmado.

Al rastrear su origen, dieron con la fecha de mayo de 2019. En el Libro 171, Escritura 13,771, de esa notaría ubicada en Las Trancas, Emiliano Zapata, a nombre de Manuel Díaz Rivera, había quedado asentada un acta que pretendía reescribir por completo la historia de la sociedad. Según este documento, en una sola jugada, se integraban tres nuevos socios –entre ellos, Vinicio Ascencio Fernández–, se sacaba a los 16 socios fundadores y se nombraba un nuevo Consejo de Administración compuesto exclusivamente por esos tres nuevos rostros, quedando el propio Vinicio Ascencio como secretario.

Pero la sociedad nunca facultó a su presidente para transmitir el título de concesión ni ningún otro patrimonio y menos había avalado su propia expulsión. En consecuencia, el procedimiento ante la notaría es apócrifo y prueba contundente de ello de acuerdo con los afectados es que por aquellas fechas de 2019 dos de los socios fundadores se encontraban delicados de salud y meses después fallecieron por causas naturales. De tal modo, era imposible que hubieran participado en la supuesta asamblea.

Otra evidencia de falsificación es que incluso el domicilio consignado en el acta como lugar del encuentro era el hogar de uno de los socios quien afirma, categórico, que nunca se realizó reunión alguna en su casa.

Frente a la usurpación de su identidad jurídica, la Sociedad Agrícola El Rincón reclama la nulidad de la transmisión de los derechos y la restitución de su título de concesión. “Ellos son –explica el integrante de la Contraloría Autónoma del Agua de Coatepec– un grupo de campesinos de escasos recursos que afortunadamente se enteraron de que esto había ocurrido, pero hasta el momento no han logrado tener la oportunidad de generar un procedimiento de amparo, un juicio de amparo que les permita hacer este cuestionamiento a la Conagua”.

“Entonces continuamos con ellos, alentándolos para que se organicen y busquen las condiciones para poder recuperar la concesión. Es una decisión que a ellos les compete, porque además son juicios de largo aliento. Por lo menos 3 años. Juicios de este tipo llegan a durar hasta 5 o 7 años. Entonces, no es algo sencillo y la realidad es que es algo que permite la ley”.

Si bien la reforma del gobierno federal de Claudia Sheinbaum a la ley hídrica no tiene los alcances para repensar el agua como un derecho y no como una mercancía, al menos está dirigida a poner orden en un ámbito regido por la corrupción, pues como lo exhibe este caso en Perote, incluso existe la complicidad del notariado, sector que se supone debe ser honorable y cuya función es brindar certeza jurídica, facilitando el abuso de aspirantes a mandamases como Vinicio Ascencio.

Al momento de la aprobación de la nueva legislación había más de 537 mil títulos de concesión en el país, de los cuales 30 por ciento ya estaban vencidos; y entre todos ellos cientos o miles de casos de despojo, como el perpetrado contra los campesinos de la Sociedad Agrícola el Rincón, esperan solución o son fraudes consumados.