Corte rechaza revivir fondo para atención a víctimas

Tras una intensa discusión que dividió al Pleno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este martes expulsar del sistema jurídico nacional la norma que eliminó el fideicomiso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), producto de la reforma del 6 de noviembre de 2020 que extinguió 109 fideicomisos.

El ministro Giovanni Figueroa Mejía propuso la expulsión de la fracción I, del artículo 132 de la Ley General de Víctimas porque el año pasado la extinta Primera Sala determinó, por unanimidad, que era inconstitucional. Lo anterior porque al desaparecer el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas también se perdió la obligación de destinar cada año al fideicomiso el 0.014% del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación.

La propuesta de declaratoria general de inconstitucionalidad fue respaldada, además del ponente, por las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, y los ministros Hugo Aguilar Ortiz (presidente) y Arístides García Guerrero, al coincidir que la reforma constituyó una “medida regresiva injustificada” en contra de las víctimas.

“Los recursos destinados a las víctimas no pueden ser objeto de recorte, reasignación o eliminación, pues se trata de un grupo que, por definición constitucional y convencional, se encuentra en una situación grave de vulnerabilidad”, argumentó Ortiz Ahlf, quien en 2024 también votó desde la Primera Sala por la inconstitucionalidad.

No obstante, cuatro ministros frenaron la expulsión de la norma al advertir que ello reviviría el fideicomiso eliminado por el Congreso. La ministra Lenia Batres afirmó que las víctimas no quedaron desprotegidas, pues el fondo fue sustituido por recursos variables de la venta de bienes decomisados al crimen y por partidas sin límite máximo que el Estado debe garantizar. Incluso, afirmó que no hay víctimas quejándose de la falta de cumplimiento de la reparación del daño.

“Desde el momento en que está en el presupuesto, que se está cumpliendo y que no hay víctimas quejándose de la falta del cumplimiento de esta reparación de daños, yo creo que deberíamos ser respetuosos y dejar esta ley en el texto que determinó el Congreso de la Unión, su vigencia”, señaló.

Irving Espinosa Betanzo sostuvo que la extinta Sala se extralimitó en su fallo del 2024 al resolver un amparo en revisión promovido por el Centro Prodh, porque la quejosa no dolió de la extinción del fideicomiso. Acusó que la Corte anterior quiso “curarse en salud” para evitar la extinción de los fondos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

“La Corte indebidamente, porque, claro, había que decir, estaba curándose en salud, estaba curándose en salud porque sabía que eliminar y tomar una determinación de eliminar este fondo, este fideicomiso, iba a implicar que con posterioridad, cuando analizara la extinción de otros fideicomisos que eran, entre otras cosas, los propios que tenía a su cargo la Corte, pues iba a decir que no era posible eliminarlos. Aquí está claro que la quejosa jamás se dolió de la eliminación o de la extinción del fideicomiso, sin embargo, la corte, la primera sala, excediéndose de sus facultades y de su interpretación, determinó darle vida a ese fondo”, señaló.

La ministra Loretta Ortiz refutó lo anterior, al defender que la Primera Sala actuó correctamente porque está obligada por la Constitución y por tratados internacionales a garantizar la reparación a las víctimas.

“Ojalá y así actuemos en un futuro, la verdad, porque con nuestro compromiso constitucional y convencional en materia de reparación a las víctimas, es decir, pro persona se resolvió y lo razonamos, en razón del principio pro persona, aplicamos la norma más benéfica y la argumentación jurídica más benéfica para las personas”, dijo.

Al final de la amplia discusión se votó si el actual Pleno comparte el criterio de la primera sala sobre que la norma es inconstitucional, pero cinco de nueve votaron a favor, faltando un voto para avalar la declaratoria general.

Cabe señalar que ayer el Centro Prodh y Fundar México pidieron a la SCJN restablecer el piso de 0.014% del gasto programable, “ya que su supresión ha significado que la CEAV deje de recibir un promedio de 200 millones de pesos menos cada año”.