Proponen actualizar ley en materia de PC
La Mesa Directiva de la LXVII Legislatura turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Protección Civil la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres y del Código Penal, ambos del estado de Veracruz, autoría de las y los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN).
La diputada Indira de Jesús Rosales San Román hizo uso de la tribuna durante la Sexta Sesión Ordinaria para dar a conocer el proyecto que prioriza la necesidad de realizar todos los cambios legislativos pertinentes para establecer políticas públicas, programas y acciones de gobierno que protejan la vida y la integridad física de las personas, sus viviendas y patrimonio, ante desastres naturales.
Las y los proponentes consideran imprescindible que se precisen las atribuciones de la Secretaría de Protección Civil del estado en materia de prevención, apoyo a municipios afectados y en la elaboración de sus Atlas de Riesgo. Ponderan la urgencia de que se designe al frente de dicha dependencia a una persona con perfil idóneo, capacitada y con experiencia en la materia, con la obligatoriedad de que cumpla con ese perfil y no sea designada por otros motivos.
Manifiestan también que se requiere etiquetar un presupuesto específico al Fondo Estatal de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres con respecto al gasto de cada ejercicio fiscal del estado para que, desde la ley, se fije una cantidad suficiente que permita atender de manera oportuna los riesgos que pueda sufrir la población veracruzana.
Además, las diputadas y los diputados proponen que, con los recursos del Fondo de Desastres, se establezca un Programa de Empleo Temporal (PET), para contribuir al bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, que ven disminuidos sus ingresos o patrimonio ocasionado por emergencias o desastres naturales.
Por último, en caso de desastres naturales que hayan ocasionado algún daño patrimonial o la muerte de las personas, plantean el incremento de las penas por incumplimiento del deber legal.